Análisis: ¿Las elecciones del Poder Judicial en México democratizan el a los tribunales o comprometen la independencia judicial? 9z6i

México acaba de incursionar con una elección histórica: por primera vez en la región, jueces y magistrados han sido elegidos por voto directo. Los resultados preliminares del proceso para integrar el Poder Judicial revelan una contundente victoria de candidatos vinculados a Morena, el partido oficialista. Y si bien los procesos históricos se analizan mejor varias décadas después, una vez que ha corrido agua bajo el puente, el ser humano necesita entender los procesos que suceden a su alrededor desde que el mundo es mundo, así que aquí vamos.

¿Qué se sabe hasta el momento? En principio, hubo una dicotomía: por un lado, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó como una medida extremadamente popular y democrática, pero la participación ciudadana fue baja —solo votó el 13 % del padrón electoral—.

“Se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”, advirtió un informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El organismo, a su vez, desalentó que otros países de América Latina repliquen el modelo mexicano de elección de jueces y magistrados. 

“El proceso electoral ha sido sumamente complejo y polarizante. De hecho, no hay precedentes en el mundo. Llamamos a una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más del 85 % del electorado no ha mostrado interés en participar”, indicó la OEA.

Los resultados preliminares, a su vez, marcan un giro sin precedentes en la dinámica de pesos y contrapesos del país. Por eso, la pregunta es: ¿se trata de una verdadera medida popular que democratiza el a los tribunales o una erosión nunca antes vista de la independencia judicial?

Para este especial de LexLatin, convocamos a expertos en derecho para analizar —desde dentro del sistema jurídico— las implicancias del modelo judicial, sus desafíos normativos y las tensiones que abre para el futuro del Estado de Derecho en México.

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¿Qué opinan los expertos en Derecho sobre las elecciones judiciales de México? 5f2t20

Si bien el nuevo sistema ha sido promovido como una conquista de soberanía popular, múltiples voces del ámbito jurídico han encendido alertas sobre los riesgos de politización de la justicia, el debilitamiento de su función contra-mayoritaria y la posible subordinación del sistema judicial al poder político de turno.

Teniendo en cuenta que el país se caracteriza por una institucionalidad debilitada por crisis presupuestarias, presiones partidarias y desconfianza ciudadana, la consulta más orgánica con los resultados preliminares es si la democracia puede sostenerse con una justicia imparcial.

“Los cargos judiciales, por su propia naturaleza, son apolíticos y no deben circunscribirse a ideologías o vertientes políticas. La función de un juez es impartir justicia y dicha labor es ajena a cuestiones externas al derecho. Por eso, sin lugar a duda, resulta preocupante que los cargos judiciales sean ocupados por personas vinculadas al partido de gobierno, ya que existe un riesgo latente y fundado de que el Estado de derecho se vea quebrantado y debilitado. Un gobierno en el que no existen contrapesos institucionales no es democrático. La división de poderes constituye un pilar del Estado de derecho y cuando este se ve trastocado por la injerencia absoluta del partido de gobierno simple y sencillamente pierde su esencia y marca una ruta política dirigida al autoritarismo”, comparte Jaime Rodríguez, socio de Olivares.

Para José Alberto Domínguez Téllez, socio del área de Litigio y Arbitraje de González-Paullada Domínguez, se presenta el dilema entre democratización y politización de la justicia. 

“Definitivamente podemos sugerir que ciertos aspectos del nuevo modelo podrían comprometer la independencia judicial, validando parcialmente las preocupaciones sobre politización de la justicia. El éxito de la reforma judicial dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio adecuado entre la aspiración de democratizar el a la justicia y la necesidad imperativa de preservar la independencia judicial como pilar fundamental del estado de derecho. Advertimos, desde nuestra óptica, que los riesgos de politización inherentes a reformas podrán presentar debilitamiento a la autonomía e independencia judicial; pero esto también se deberá observar en su implementación, así como en como la evaluación continua de la reforma y en las instituciones de contrapeso”, señala.

Edgar Grajeda, socio y líder del área de práctica de Litigio Civil y Mercantil de Pérez-Llorca, considera que aún es muy prematuro hablar de politización de la justicia.

“Si bien es importante reconocer que estamos frente a un modelo inédito en México para la designación de personas juzgadoras, y el mecanismo de elección popular puede considerarse, en principio, un ejercicio democrático, el verdadero reto será observar cómo este modelo se traduce en términos de independencia judicial y funcionamiento institucional. Es comprensible que el tema genere inquietud, pero hay que tener en cuenta que varios de los candidatos ganadores ya formaban parte del Poder Judicial, lo que indica que no estamos necesariamente ante una transformación radical de su composición”, opina. 

El nuevo sistema institucional y normativo del poder judicial no garantiza autonomía judicial, según Tirso Javier de la Torre Sánchez, socio de Rivadeneyra, Treviño y De Campo.

“Vulnera a la república, los tres poderes quedan bajo el mando del partido gobernante y se captura políticamente a la Justicia. El hecho de que la mayoría de los cargos electos sean afines al partido en el gobierno implica un debilitamiento grave. Lo que vimos fue una operación electoral del Estado a efecto de que llegaran a los cargos las personas que ellos decidieron, y basta comparar los ´acordeones´ denunciados con el resultado de la elección. Necesitamos a los mejores jueces, no a los más populares; el juez no debe ser popular, sino docto. La reforma debería haber sido al sistema de justicia completo, esto es, la Procuración de Justicia, que incluye a las fiscalías de los estados y la general de la República. A su vez, para que el sistema funcione mejor, la fuerza pública debería contar con una mayor capacitación y mejores condiciones laborales”, expone.

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¿Qué mecanismos o reformas institucionales son necesarios para fortalecer la legitimidad y autonomía del Poder Judicial en México? 3l1l4f

José Alberto Domínguez Téllez explica que se requieren mecanismos e instituciones que garanticen una verdadera autonomía presupuestaria y un rediseño institucional del nuevo órgano regulador que suplirá al Consejo de la Judicatura Federal.

“Este nuevo órgano, tanto istrativo como sancionador, debe asegurar la autonomía y profesionalización de los jueces, magistrados y ministros electos. Es decir, el fortalecimiento del nuevo sistema depende principalmente de la implementación de mecanismos institucionales que aseguren su independencia funcional y istrativa. Los aspectos críticos incluyen, principalmente, garantizar una autonomía presupuestaria efectiva que elimine la intervención de otros poderes y de la política nacional en decisiones financieras internas, y reestructurar la composición y funcionamiento del órgano de istración judicial, asegurando la preponderancia de con experiencia judicial e independencia política. La implementación de la reforma debe garantizar que las disposiciones constitucionales sobre independencia judicial tenga verificativo en la práctica y no queden como meros preceptos formales sin armas ni herramientas para su aplicación”, analiza el socio de González-Paullada Domínguez.

Edgar Grajeda cree que lo esencial en este momento es que quienes integran el Poder Judicial se conduzcan con estricto apego a los principios ya establecidos: independencia, imparcialidad, objetividad y honestidad. 

“Las normas existen; lo que fortalecerá su legitimidad es su cumplimiento constante. Como en todo cambio institucional, será el tiempo y la actuación concreta de jueces, magistrados y ministros lo que definirá si este nuevo modelo realmente consolida un Poder Judicial autónomo y respetado. Este nuevo escenario también abre una oportunidad importante para los sistemas alternativos de impartición de justicia, como el arbitraje y la mediación. Ante la incertidumbre inicial sobre cómo se desempeñarán los nuevos jueces y magistrados, es probable que muchas empresas prioricen mecanismos que ofrezcan mayor previsibilidad respecto a la seguridad jurídica. Veremos una tendencia hacia la simplificación de contratos, con obligaciones claras y cláusulas arbitrales que permitan resolver disputas fuera del Poder Judicial. Esto no implica una ruptura con las instituciones, pero sí una cautela natural mientras se observa la evolución del sistema y se verifica, en la práctica, la calidad y la imparcialidad de las resoluciones judiciales”, anticipa el socio de Pérez-Llorca.

Jaime Rodríguez entiende que la elección de cargos judiciales constituye un atentado a la democracia y al correcto funcionamiento de un estado de derecho, dado que la función judicial no está circunscrita a la voluntad popular ni política. 

“El sistema adoptado por sí mismo constituye un ejercicio antidemocrático y parte de una falacia de petición de principio. Bajo el enmascarado disfraz de conferir al ciudadano la posibilidad de elegir juzgadores, se perpetra un golpe letal a la división de poderes que impide el correcto funcionamiento del estado de derecho. Por eso, no puedo imaginar reforma institucional alguna que fortalezca la legitimidad y autonomía del nuevo sistema de impartición de justicia en México, dado que la génesis de su estructura parte de la elección popular de cargos judiciales y tal punto no es compatible con la función judicial. Considero que la única vía para legitimar y conferir autonomía al poder judicial en México es echar marcha atrás y realizar una verdadera reforma judicial que no responda a intereses ni venganzas políticas, retomando el esquema de carrera judicial”, concluye el socio de Olivares.