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En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales 5h342 ¿cómo deben adaptarse las empresas?

Fri, 13 Jun 2025 03:47:30 +0000

En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

El auge de la digitalización en Paraguay trae consigo retos sobre la protección de datos y la ciberseguridad.

Redacción Lexlatin Thu, 12/06/2025 - 23:47

En los últimos años, la digitalización ha transformado radicalmente la forma en que operan las empresas en Paraguay. Desde servicios financieros hasta el comercio minorista, casi ninguna actividad económica escapa al uso intensivo de datos personales. En este contexto, el cumplimiento normativo —o compliance— se vuelve cada vez más transversal: ya no basta con prevenir el lavado de dinero o la corrupción, sino que es imprescindible extender este compromiso ético y legal a otras áreas clave, como la ciberseguridad y la protección de datos personales.

El avance de la digitalización impone nuevos desafíos a la gestión empresarial. No se trata solo de adaptarse tecnológicamente, sino de desarrollar una cultura de cumplimiento que integre la privacidad de los datos como un derecho fundamental. Hoy, cualquier empresa —sin importar su rubro— maneja información sensible de clientes, empleados y terceros. Esta recolección y tratamiento de datos no puede realizarse sin criterios claros, políticas internas bien definidas y un marco legal que garantice la transparencia, seguridad y respeto a los datos personales de los ciudadanos.

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En Paraguay, la normativa vigente en protección de datos aún es parcial. Si bien contamos con la Ley N.º 6534/2020, que regula los datos personales crediticios, y algunas disposiciones complementarias dispersas en varias leyes, —como la de comercio electrónico y la ley que prohíbe la publicidad no autorizada por los s titulares de telefonía móvil, entre otras—, todavía carecemos de un marco integral que abarque el tratamiento general de datos. Afortunadamente, se encuentra en estudio un proyecto de ley inspirado en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que contempla principios como la licitud, exactitud, proporcionalidad y el deber de seguridad, e introduce nuevas bases legales para el tratamiento de datos, además del consentimiento.

Este proyecto también plantea la creación de una autoridad especializada que supervise el cumplimiento y fiscalice las infracciones, un paso esencial si queremos transitar hacia estándares internacionales. Su eventual aprobación no solo fortalecería la protección de los derechos fundamentales, sino que también posicionaría mejor a las empresas paraguayas en el mercado global, donde la protección de datos es, desde hace tiempo, un factor determinante en las decisiones de inversión y de confianza comercial.

En este escenario, las empresas deberán repensar su estructura interna de cumplimiento. Así como hoy es común contar con oficiales de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y corrupción, mañana será indispensable incorporar roles específicos como el encargado de tratamiento de datos personales, para la gestión de riesgos digitales y en la implementación de políticas de privacidad y seguridad.

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En este contexto, contar con un encargado del tratamiento de datos personales dejará de ser una recomendación para convertirse en una necesidad estratégica. Tal como prevé el proyecto de ley —en camino a ser aprobado—, las organizaciones deberán designar a un Oficial de Protección de Datos, que supervise el cumplimiento normativo en materia de privacidad. Este rol no solo implicará garantizar el consentimiento informado, la licitud del tratamiento y la transparencia en la gestión de los datos, sino también asegurar medidas de seguridad apropiadas, gestionar incidentes, evaluar impactos y controlar la legalidad de las transferencias internacionales de datos.

La presencia de este perfil profesional, cuya figura se alinea con las mejores prácticas de gobernanza y protección de datos a nivel internacional, será clave para mitigar riesgos legales y reputacionales. En un escenario donde los escándalos locales por uso indebido de datos han quebrantado la confianza de los consumidores, las empresas que demuestren responsabilidad proactiva en la protección de la información de sus s marcarán la diferencia. La implementación de estándares más exigentes en privacidad no será solo un tema legal: será un activo intangible, generador de credibilidad y confianza, que sin dudas destacará a nivel competitivo.

*Manuel Arias es socio y Camila Solalinde es asociada, ambos de BKM | Berkemeyer.

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El desempeño de Indecopi a 4 años de entrada en vigencia de la Ley de Concentraciones de Perú 53583

Thu, 12 Jun 2025 20:44:03 +0000

El desempeño de Indecopi a 4 años de entrada en vigencia de la Ley de Concentraciones de Perú

Desde junio de 2021 hasta abril de 2025, la Comisión ha recibido 72 solicitudes de autorización de transacciones.

Redacción Lexlatin Thu, 12/06/2025 - 16:44

Autor del artículo de opinión

Vania Cruz*

Entre 2016 y 2020, cuando se discutía —de forma más continua— la posibilidad de aprobar un régimen de control de concentraciones en Perú, surgieron dudas sobre la capacidad del INDECOPI, la autoridad peruana de competencia, para llevar a cabo una evaluación técnica imparcial. Muchos temían que las nuevas funciones se vieran afectadas por consideraciones políticas, comprometiendo la neutralidad.

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Hoy, a cuatro años de la entrada en vigor del régimen, y con cifras en mano, podemos afirmar que el INDECOPI ha demostrado una labor técnica alineada con las mejores prácticas internacionales. Un análisis de su desempeño general revela lo siguiente:

Alto volumen de solicitudes y aprobaciones: Desde junio de 2021, cuando el régimen general de control de concentraciones comenzó a operar, hasta abril de 2025, la Comisión ha recibido 72 solicitudes de autorización de transacciones. De las 60 concluidas, 55 fueron aprobadas sin condiciones, 4 con condiciones y solo 1 fue denegada. Esto significa que más del 90 % de las transacciones son aprobadas sin condicionamiento alguno, una cifra muy cercana a la experiencia de países vecinos como Chile, en donde alrededor del 88.5 % de las transacciones fueron aprobadas sin condicionamiento alguno entre junio de 2017 y junio de 2024.
Cumplimiento de plazos y eficiencia: INDECOPI ha cumplido con los plazos legales, resolviendo la mayoría de los casos en un tiempo menor al establecido. En la Fase 1, donde se aprueba más del 90 % de las transacciones, el INDECOPI ha emitido pronunciamientos en aproximadamente 27 a 28 días hábiles, un tiempo inferior a los 30 días hábiles que estipula la norma. Estos tiempos son similares a los de la autoridad chilena (27.7 días hábiles en promedio para la Fase 1 entre junio de 2017 y junio de 2024) y a los de México (un promedio de 27 días hábiles en 2024 para las concentraciones concluidas).
Evaluación técnica rigurosa: El INDECOPI ha aplicado criterios cuantitativos y cualitativos consistentes con jurisdicciones como la Unión Europea, Reino Unido, Alemania y Chile. Esto se evidencia en los Lineamientos para la Calificación y Análisis de Operaciones de Concentración Empresarial emitidos en 2022 y en sus diversas resoluciones. El análisis se basa principalmente en una evaluación estructural de los mercados involucrados (cuota de mercado, Índice Herfindahl-Hirschman – HHI, barreras y presión competitiva) para identificar posibles preocupaciones. En casos más complejos (Fase 2), el análisis se profundiza con definiciones más precisas de los mercados y una evaluación sofisticada de posibles efectos coordinados o unilaterales.
Independencia y protección de la competencia: Es crucial destacar que el INDECOPI ha aplicado criterios estrictamente vinculados a la reducción o afectación de la competencia, sin ceder a presiones externas para utilizar otros fines (como la protección de la inversión nacional). Un ejemplo claro fue la adquisición de Enel Distribución Perú S.A.A. por China Southern Power Grid International (HK) CO, Limited, en la que el INDECOPI realizó un análisis puramente competitivo y aprobó la transacción sujeta a remedios negociados con las empresas.

El tecnicismo con el que INDECOPI ha llevado a cabo su labor en la aplicación del régimen de control de concentraciones se debe, en gran parte, a la experiencia y conocimiento de su equipo especializado, así como a la independencia práctica que se les ha otorgado dentro de la institución. Los desafíos futuros para la autoridad radican en mantener este equipo especializado frente a un posible aumento de transacciones, reducir aún más los plazos de tramitación (especialmente en casos de menor complejidad) y equilibrar la aplicación de criterios internacionales con las particularidades del mercado peruano.

*Vania Cruz es councel en Payet, Rey, Cauvi, Pérez. Cruz fue la primera jefa de la Unidad de Control de Concentraciones Empresariales de la Comisión de Defensa de Libre Competencia del INDECOPI.

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Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador 1t3n Nuevos trámites e impuestos para las donaciones y el financiamiento internacional

Tue, 10 Jun 2025 21:23:22 +0000

Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador: Nuevos trámites e impuestos para las donaciones y el financiamiento internacional

Se impone un 30 % sobre transacciones financieras del exterior y donaciones recibidas dentro del país, además de la obligación de entrar en un registro.

Redacción Lexlatin Tue, 10/06/2025 - 17:23

Autor del artículo de opinión

William Escobar*

La Ley de Agentes Extranjeros establece un nuevo régimen jurídico y tributario para personas y entidades financiadas o dirigidas desde el extranjero. Desde el ámbito fiscal, impone un impuesto del 30 % sobre transacciones financieras del exterior y donaciones recibidas dentro del país.

Es importante distinguir que las instituciones financieras u otras entidades que gestionen estos fondos reciben el nombre de agentes de retención especial para las transferencias externas, y los propios agentes extranjeros deberán enterar directamente el impuesto por las donaciones locales. Estos, además, están obligados a registrarse en el registro de agentes extranjeros (RAEX) y presentar informes mensuales ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Finalidad de la ley

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 20 de mayo de 2025 la Ley de Agentes Extranjeros, que establece el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades en El Salvador respondan a intereses, o sean financiadas directa o indirectamente, por una persona extranjera.

Esta normativa tiene como finalidad promover la transparencia en su funcionamiento y su influencia dentro del territorio nacional, garantizando que la ciudadanía conozca a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública, así como resguardar la seguridad, la soberanía nacional, y la estabilidad social y política del país.

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Sujetos obligados: ¿Quiénes son los agentes, mandantes o directores extranjeros?

Están obligadas al cumplimiento de esta ley, en calidad de agentes extranjeros, aquellas personas que realicen, dentro del territorio nacional, actividades que respondan a intereses o sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante o director extranjero.

También ostentarán la calidad de sujetos obligados quienes sean determinados como tales por el RAEX, en función del objeto y parámetros de esta ley, incluyendo a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Para efectos de esta ley, se entenderá como mandante o Director Extranjero, a las personas extranjeras, representantes de gobiernos o partidos políticos extranjeros, organismos, corporaciones o cualquier persona jurídica extranjera, o con sede de negocios en el extranjero; así como a aquellas personas que el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) califique como tales.

Entre las principales obligaciones de los agentes extranjeros se encuentra la de registrarse en el RAEX dentro del plazo máximo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de la ley (régimen transitorio). En caso de incumplimiento, no podrán realizar actividades, ni movilizar recursos financieros, activos o bienes materiales.

Exclusiones de esta norma

Podrá solicitarse al RAEX la exclusión de las obligaciones que dicta esta ley, por períodos anuales, renovables automáticamente, o por cada proyecto, según corresponda. No obstante, queda terminantemente prohibido otorgar financiamiento, donaciones, dinero o activos, bajo cualquier título, cuando estos se destinen a las actividades prohibidas por esta ley.

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Impuesto a transacciones financieras realizadas a favor de agentes extranjeros

Las transacciones financieras realizadas por mandantes extranjeros a favor de sus agentes extranjeros generarán la obligación de pagar un impuesto del 30 %, aplicable sobre cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o bienes de cualquier tipo, siempre que provengan de fondos del Mandante Extranjero. En el caso de las importaciones de bienes materiales, el hecho generador se configurará cuando así lo determine el RAEX.

Agente de Retención Especial

Este impuesto será retenido por las instituciones del Sistema Financiero, así como por cualquier otra entidad que intervenga en la recepción, canalización o transferencia de fondos desde el exterior a favor de organizaciones sin fines de lucro, independientemente de que estén o no sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

La retención deberá efectuarse en el momento en que se realicen las respectivas transacciones, o cuando los fondos sean puestos a disposición del Agente Extranjero en las cuentas de las entidades que los istren o gestionen (agente de retención especial). Las retenciones deberán enterarse a la Dirección General de Tesorería (DGT) dentro del plazo de diez días hábiles del mes siguiente a aquel en que se efectuaron.

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Donaciones realizadas en el territorio nacional

Las donaciones que reciban los Agentes Extranjeros dentro del territorio nacional estarán gravadas con un impuesto del 30 %. A tal efecto, el impuesto deberá ser enterado por el Agente Extranjero dentro de los diez días hábiles siguientes al cierre del período mensual en que se haya recibido la donación.

Obligación formal de informar por parte de los Agentes Extranjeros

Los agentes extranjeros que hayan sido sujetos de retenciones del impuesto o que hayan enterado el impuesto correspondiente a donaciones recibidas deberán presentar un informe ante la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los quince días hábiles siguientes al mes en que estos se realizaron.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributaria establecidas en esta ley, tanto por parte del agente extranjero como del agente de retención especial, será sancionado conforme a lo dispuesto en el Código Tributario.

En mi opinión, esta ley no solo redefine el marco regulatorio en materia de soberanía y transparencia institucional, sino que impone un régimen fiscal de alta carga y exigencia operativa. La imposición de un impuesto del 30 % sobre transacciones internacionales y donaciones locales, sumada a la obligación de registro, retención, entero e informes mensuales exige una revisión exhaustiva de los flujos financieros y de cumplimiento tributario.

Las organizaciones y personas naturales sujetas a esta ley deben actuar con diligencia técnica y previsión estratégica a fin de mitigar riesgos fiscales, evitar sanciones y asegurar la continuidad de sus operaciones en un entorno ahora mucho más regulado. En este contexto, el acompañamiento profesional especializado no es solo recomendable, sino esencial.

*William Escobar es asociado sénior en Consortium Legal - El Salvador.

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Las empresas suizas amplían sus inversiones en Brasil 2z5o39

Mon, 09 Jun 2025 15:02:51 +0000

Las empresas suizas amplían sus inversiones en Brasil

Esta creciente presencia suiza en Brasil exige marcos jurídicos y financieros sólidos.

Redacción Lexlatin Mon, 09/06/2025 - 11:02

Autor del artículo de opinión

Lucas Moreira Gonçalves*

La relación económica entre Suiza y Brasil está cobrando impulso. Con una vasta biodiversidad y un mercado interno en crecimiento, Brasil se ha convertido en un atractivo destino para empresas suizas que buscan oportunidades en sostenibilidad, agricultura, innovación e infraestructura.

Varios casos recientes ilustran este creciente interés. EuroChem, un gigante suizo de fertilizantes, invirtió más de 1.000 millones de dólares para abrir una nueva planta de fosfato en el estado de Minas Gerais.

Se espera que la instalación cubra alrededor del 15 % de la demanda interna de Brasil, reduciendo la dependencia sobre las importaciones y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional.

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En el sector medioambiental, Mercuria, grupo suizo de energía y materias primas, se asoció con Silvania para lanzar la iniciativa “Carrera a Belém”, comprometiendo un monto inicial de USD 1.500 millones para la preservación de la selva tropical. El proyecto busca generar créditos de carbono de alta calidad involucrando a gobiernos locales, agricultores y comunidades indígenas de la región amazónica.

De igual forma, Syngenta está desarrollando el programa “Reverte” para restaurar tierras degradadas en el Cerrado brasileño. Nestlé también anunció una inversión de 1.000 millones de reales hasta 2026 para expandir su línea de producción y exportación de café Nescafé, apuntando a mercados prémium a nivel mundial.

Vías para materializar la inversión

Esta creciente presencia suiza en Brasil exige marcos jurídicos y financieros sólidos. Dos modelos de estructuración han demostrado ser particularmente eficaces: las compras apalancadas (LBO) y operaciones en el mercado de capitales de deuda (MCD), especialmente a través de emisiones de obligaciones locales.

En Brasil, las LBO suelen estructurarse a través de Fondos de Inversión de Capital Privado (FIP) para permitir a los inversores extranjeros adquirir empresas locales utilizando apalancamiento financiero mientras se benefician de mecanismos de gobernanza. Entre tanto, las obligaciones negociables (o bonos) ofrecen a las empresas brasileñas directo a inversores institucionales, de acuerdo con las normas establecidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVM).

Estas estructuras se vuelven aún más poderosas cuando se alinean con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Los inversores suizos priorizan cada vez más los activos con etiqueta verde o aquellos alineados con la Taxonomía de la Unión Europea. Según el Informe Suizo de Finanzas Sostenibles de 2024, el 65 % de los inversores institucionales de ese país ya cumplen estos estándares.

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La legislación brasileña también ha evolucionado para fomentar esta tendencia. Desde 2021, los instrumentos de deuda destinados a proyectos de transición energética y preservación del medio ambiente pueden beneficiarse de beneficios fiscales, en particular, exenciones del impuesto sobre la renta para inversores extranjeros. Este marco regulatorio mejora la rentabilidad neta y atrae capital internacional.

Más allá de la eficiencia financiera, las empresas brasileñas que incorporan los principios ESG en sus operaciones obtienen un mejor a los mercados regulados. A partir de 2026, la Unión Europea implementará el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM), que impone aranceles basados en el clima sobre las importaciones procedentes de países con controles ambientales débiles. Los exportadores brasileños capaces de cumplir con los requisitos de trazabilidad podrían encontrarse en una posición competitiva más fuerte.

La sostenibilidad es clave

Los inversores suizos también están interesados en sectores como la biotecnología, los bosques nativos, la energía limpia y agricultura regenerativa. En estos casos, la estructura de LBO ofrece no solo apalancamiento financiero, sino también influencia sobre el gobierno corporativo y el desempeño ESG.

En el frente institucional, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Ministerio de Hacienda están desarrollando plataformas para certificar bonos sostenibles y ofrecer garantías parciales para obligaciones verdes. Estos instrumentos ayudan a reducir el riesgo de inversión, un enfoque en consonancia con las recomendaciones de la Plataforma de Finanzas Verdes de la Universidad de Zúrich, lo que subraya la importancia de “reducir el riesgo” para desbloquear el capital europeo en los mercados emergentes.

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Brasil se destaca como destino estratégico para el capital suizo con una agenda de impacto sostenible. Cuando están bien estructuradas, las LBO y las emisiones de bonos verdes no ofrecen solo un sólido rentabilidad financiera, pero también seguridad jurídica y alineación con las políticas globales ESG.

Para aprovechar este potencial, es necesaria una estrecha colaboración entre asesores jurídicos, bancos y gestores de activos de ambos países. Más que una tendencia, esto representa una verdadera oportunidad para transformar la inversión en desarrollo sostenible, con beneficios bilaterales duraderos.

*Lucas Moreira Gonçalves es socio de Martinelli Advogados y responsable de mercado de capitales y fusiones y adquisiciones.

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La regulación de criptomonedas en Panamá 43v6c pagos, exchanges y beneficios fiscales

Fri, 06 Jun 2025 22:28:42 +0000

La regulación de criptomonedas en Panamá: pagos, exchanges y beneficios fiscales

Un anteproyecto de ley establece incentivos fiscales para startups y empresas tecnológicas que utilicen blockchain en sus modelos de negocio para atraer inversión y estimular el ecosistema local.

Redacción Lexlatin Fri, 06/06/2025 - 18:28

Autor del artículo de opinión

Ricardo Chanis*

Panamá está dando pasos firmes para consolidarse como un referente regional en el uso de criptomonedas y tecnologías blockchain. Aunque hoy no existe una ley específica que regule su uso, tampoco hay una prohibición. En este marco de libertad comercial, varias empresas ofrecen servicios relacionados con criptoactivos, operando legalmente con licencias comerciales vigentes.

Algunos bancos panameños, regulados por las autoridades correspondientes, ya permiten a sus clientes recibir pagos en criptomonedas y convertirlos en dólares estadounidenses, la moneda de curso legal en el país. Más aún, en abril de 2025, la Alcaldía de Panamá firmó un convenio con una entidad bancaria para aceptar criptomonedas como método de pago de tributos municipales. El banco actúa como intermediario, recibiendo los criptoactivos y depositando su equivalente en dólares en las arcas del gobierno local.

Este entorno dinámico y abierto ha preparado el terreno para un cambio mayor. A través de la presentación de un ambicioso anteproyecto de ley, Panamá busca establecer un marco regulatorio claro, moderno y seguro para los criptoactivos. La propuesta, introducida en la Asamblea Nacional por iniciativa de un diputado, marca un hito en la evolución del país hacia una economía digital más robusta.

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El proyecto tiene como objetivo regular el uso de criptomonedas, promover su integración en el sistema financiero y fomentar la innovación mediante blockchain. Se basa en principios clave como la seguridad jurídica, la protección al consumidor, la inclusión financiera, la transparencia y el cumplimiento de normas internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Una de las principales novedades es la creación del Consejo Nacional de Activos Digitales (CONAD), un órgano interinstitucional encargado de coordinar la política pública en esta materia. Este consejo será responsable de emitir directrices para supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las plataformas de intercambio o exchanges, que deberán registrarse, cumplir requisitos de capital mínimo y someterse a auditorías anuales.

El anteproyecto también regula las Ofertas Iniciales de Criptomonedas (ICO) y los Tokens de Seguridad (STO), exigiendo su registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores y la presentación de información detallada en libros blancos. Se busca con ello proteger a los inversionistas y fomentar un entorno transparente y confiable.

Otro punto destacado es el impulso al uso de blockchain en servicios públicos. La ley promueve su aplicación en áreas como la identidad digital, el registro de propiedades y la recaudación de impuestos, con plazos concretos para su implementación. También se plantea la creación de zonas económicas digitales y un fondo para apoyar la investigación y desarrollo en tecnologías blockchain.

Para atraer inversión y estimular el ecosistema local, se incluyen incentivos fiscales para startups y empresas tecnológicas que utilicen blockchain en sus modelos de negocio. Entre los beneficios se contemplan exoneraciones fiscales por cinco años y tasas reducidas de impuesto sobre ganancias de capital.

El proyecto contempla además mecanismos de protección al consumidor, exigiendo a las plataformas informar sobre riesgos, tarifas y políticas de reembolso. Se establecerá un sistema de arbitraje digital para resolver disputas, y un fondo de garantía protegerá a los inversionistas en casos de quiebra o fraude.

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La implementación del marco legal se plantea en tres fases: primero, la creación de la infraestructura regulatoria y el licenciamiento; luego, la integración de blockchain en procesos gubernamentales; y finalmente, la consolidación de un ecosistema digital completo. También se prevé la creación de un comité interinstitucional que evaluará periódicamente los avances y propondrá ajustes conforme a la evolución del mercado.

Como es natural, ante toda innovación surgen voces escépticas. Algunos críticos temen que las criptomonedas favorezcan fraudes o el lavado de dinero. Sin embargo, los defensores del proyecto recuerdan que estos problemas también ocurren —y con frecuencia— en el sistema financiero tradicional, sin que por ello se cuestione su existencia. Más aún, con los controles adecuados y tecnología de trazabilidad blockchain, es posible establecer sistemas incluso más seguros y transparentes que los actuales.

Hoy, millones de personas usan sistemas digitales sofisticados desde sus celulares con plena confianza. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con las criptomonedas?

Panamá no puede ni debe quedar al margen de la revolución digital global. El país ya convive con las criptomonedas y su economía se entrelaza cada vez más con ellas. Este anteproyecto representa una oportunidad para ordenar, potenciar y aprovechar este fenómeno, posicionando a Panamá como un centro o hub tecnológico y financiero de primer nivel en América Latina.

Seguiremos de cerca su evolución legislativa, pero mientras tanto, el mensaje es claro: las criptomonedas ya están aquí, y Panamá no les da la espalda. Les abre la puerta con visión, regulación y futuro.

*Ricardo Chanis es socio en el bufete panameño Chanis Legal.

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Lecciones aprendidas del caso Frisby 6x5l6 Estrategias para la Protección Internacional de Marcas

Wed, 04 Jun 2025 19:53:20 +0000

Lecciones aprendidas del caso Frisby: Estrategias para la Protección Internacional de Marcas

Frisby Colombia aclaró públicamente que no tiene operaciones ni franquicias autorizadas en Europa y denunció el uso no autorizado de su identidad comercial.

Rosa Ramos Wed, 04/06/2025 - 15:53

Autor del artículo de opinión

Natalia Fernández*

Frisby S.A. BIC (Frisby Colombia), empresa colombiana con más de 45 años de trayectoria, enfrenta una polémica tras descubrir que una sociedad española comenzó a utilizar signos casi idénticos a los suyos: nombre, logotipo y su icónica mascota. Frisby Colombia aclaró públicamente que no tiene operaciones ni franquicias autorizadas en Europa y denunció el uso no autorizado de su identidad comercial.

No obstante, su registro de marca en la Unión Europea, obtenido en 2004, está hoy en riesgo por una acción de cancelación por falta de uso presentada por la empresa española. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicitó a Frisby Colombia pruebas de uso efectivo de la marca “Frisby” en ese mercado, advirtiendo que, de no presentarlas, podría perder el registro.

Recientemente, la sociedad española anunció cambios estratégicos, incluyendo la modernización de su identidad de marca. Entre las modificaciones están la actualización del logotipo, la eliminación del color amarillo como color primario y el rediseño de la mascota. Estos cambios parecerían responder, en parte, a la presión ejercida por personas y empresas que han respaldado a Frisby Colombia en la defensa de su identidad de marca.

El caso pone de relieve la importancia de una gestión estratégica, proactiva y especializada de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.

Relacionado: ¿Frisby Colombia puede perder su marca en Europa tras la solicitud de nulidad de Frisby España?

¿Cuáles son las lecciones clave del Caso Frisby?

La protección marcaria va más allá de lo legal

La protección efectiva de una marca va más allá del trabajo jurídico: requiere una coordinación activa con otros equipos, en particular el de mercadeo. En este caso, la rápida reacción pública, la difusión del mensaje institucional y el respaldo de consumidores y aliados estratégicos han sido fundamentales para visibilizar la controversia y respaldar la posición de Frisby Colombia. El apoyo del público puede marcar una diferencia decisiva en la defensa de signos distintivos, especialmente frente a intentos de apropiación en otros mercados.

El registro internacional requiere de una estrategia marcaria clara

Frisby actuó acertadamente al registrar su marca en la Unión Europea en 2004. Los derechos sobre signos distintivos son territoriales, es decir, solo tienen efectos en las jurisdicciones donde han sido concedidos. Por ello, las empresas con proyección internacional deben asegurar el registro de sus marcas en los países clave para su estrategia.

Cada jurisdicción tiene particularidades normativas. En la Unión Europea, por ejemplo, el requisito de uso efectivo es más exigente que en América Latina. Contar con abogados especializados en propiedad intelectual internacional y con experiencia en disputas transfronterizas es fundamental para anticipar riesgos, diseñar estrategias y optimizar la inversión en registros.

Registrar la marca solo en la clase principal (alimentos o restaurantes) puede no bastar. Es recomendable incluir clases relacionadas como franquicia, mercadeo o gestión empresarial, para protegerse frente a usos indirectos. Asimismo, registrar versiones gráficas, eslóganes y otros elementos distintivos refuerza la protección y disuade intentos de apropiación por parte de terceros.

Otras plumas: En Brasil, el nuevo marco de derechos de autor amenaza el modelo de negocio del streaming

El registro sin uso no es suficiente

Contar con un registro no garantiza la protección si la marca no se utiliza. En la Unión Europea, como en muchas otras jurisdicciones, las marcas pueden cancelarse si no se usan dentro de los cinco años posteriores a su registro. Este fue el riesgo para Frisby Colombia: la falta de uso permitió que un tercero solicitara su cancelación. Por ello, es fundamental acompañar el registro con un plan, aunque sea mínimo, de uso en el mercado.

La defensa activa es indispensable

Las empresas deben monitorear constantemente las solicitudes de registro presentadas por terceros y oponerse oportunamente cuando existan riesgos. Pues bien, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificó a Frisby Colombia sobre la solicitud presentada por la sociedad española y la invitó a oponerse. Ésta no actuó y en España, si no hay oposición, la autoridad no analiza de oficio los posibles conflictos con registros anteriores.

La lección es clara: la defensa de una marca debe ser constante y proactiva. Un enfoque preventivo permite actuar antes de que se consoliden situaciones jurídicas difíciles de revertir.

La mala fe puede alegarse, pero requiere pruebas sólidas

Frisby Colombia podría iniciar una acción de nulidad por mala fe, argumentando que la empresa española conocía la existencia y reputación de la marca original y actuó con la intención de aprovecharse de ella. Sin embargo, probar la mala fe requiere evidencias sólidas, como el conocimiento previo del tercero y la intención de generar confusión o beneficiarse indebidamente de la reputación ajena. Acreditar el reconocimiento internacional de la marca puede fortalecer esta posición. Para ello, son útiles pruebas como publicaciones en medios internacionales, premios o menciones en redes y comunidades extranjeras. Aunque las autoridades españolas han reconocido la mala fe en casos similares, la carga probatoria sigue siendo alta.

El caso Frisby evidencia que las marcas no son simples distintivos visuales, sino activos estratégicos que deben gestionarse con rigor y visión global. La protección de los activos intangibles exige diligencia, estrategia y asesoría experta. Perder el control de una marca en otro país puede dar lugar a actos de competencia desleal como confusión y un daño reputacional difícil de reparar. La propiedad intelectual, como cualquier otro activo estratégico, debe gestionarse de forma profesional y anticipada.

*Natalia Fernández es asociada sénior y experta en PI de Cuatrecasas - Bogotá.

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Integración económica en Centroamérica 1o4c Desafíos ante la guerra de incentivos fiscales y aduaneros

Sun, 01 Jun 2025 20:36:14 +0000

Integración económica en Centroamérica: Desafíos ante la guerra de incentivos fiscales y aduaneros

La armonización de políticas fiscales y aduaneras es esencial para reducir las distorsiones en el comercio intrarregional y promover una competencia leal.

Ingrid Rojas Sun, 01/06/2025 - 16:36

Autor del artículo de opinión

Vanessa Oquelí y Gabriela Aguirre*

La integración económica en Centroamérica ha sido un objetivo histórico que ha cobrado relevancia en las últimas décadas ante los desafíos de la globalización, la competencia internacional y las profundas desigualdades socioeconómicas en la región. Si bien existen avances significativos en términos de acuerdos comerciales y coordinación aduanera, los países centroamericanos aún enfrentan una serie de retos estructurales y legales que dificultan una integración real y efectiva. En este contexto, el marco legal regional se instaura como un factor decisivo tanto en la consolidación del proceso como en la superación de sus obstáculos.

Desde la creación del Mercado Común Centroamericano en los años 60, hasta la conformación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 1991, los países de la región han trabajado por institucionalizar la cooperación económica. Más recientemente, iniciativas como la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, a la que posteriormente se sumó El Salvador, muestran avances concretos en la eliminación de barreras al comercio y el tránsito de mercancías.

A lo anterior se suman esfuerzos para la armonización de normas técnicas, la implementación de una Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) y la digitalización de los procesos aduaneros. Además, se han impulsado corredores logísticos regionales y proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad.

Sin embargo, la integración económica en Centroamérica aún enfrenta desafíos y oportunidades significativas, especialmente en el ámbito aduanero y fiscal. El marco legal en estos sectores es crucial para promover una integración efectiva y sostenible.

Armonización tributaria

La región presenta una notable heterogeneidad en las políticas aduaneras y fiscales, lo que genera una "guerra de incentivos" entre países. Esta competencia por atraer inversiones extranjeras mediante exenciones fiscales excesivas puede deteriorar las finanzas públicas y contradecir los objetivos de desarrollo sostenible. La falta de armonización tributaria dificulta la creación de un mercado común eficiente y equitativo.

Los incentivos fiscales, aunque diseñados para fomentar la inversión, a menudo no se distribuyen equitativamente entre los países de la región. Esto puede generar disparidades en el desarrollo económico y social, favoreciendo a ciertos sectores o países en detrimento de otros.

Mal diseñados, los incentivos fiscales pueden favorecer a ciertos sectores o países en detrimento de otros, profundizando las desigualdades económicas. Por ello, la armonización de políticas fiscales y aduaneras es esencial para reducir las distorsiones en el comercio intrarregional y promover una competencia leal.

Otro aspecto fundamental es la modernización de la infraestructura en los pasos fronterizos y la adopción de tecnologías que optimicen la istración aduanera. Estas mejoras pueden aumentar la eficiencia en la recaudación fiscal y reducir la evasión, contribuyendo a una economía regional más transparente y dinámica.

La colaboración entre países en la formulación de políticas fiscales y aduaneras puede conducir a una mayor coherencia en las estrategias de desarrollo económico. Foros regionales y acuerdos de cooperación, como los impulsados por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), son fundamentales para alinear los marcos legales tributarios y promover una integración económica más sólida.

Puede interesarte: Sostenibilidad y desarrollo económico, un enfoque legal para Centroamérica

El marco legal enfocado en impuestos y aduanas es un componente esencial para la integración económica en Centroamérica. Superar los desafíos relacionados con la diversidad fiscal y la sostenibilidad tributaria, aprovechando las oportunidades de armonización y cooperación regional, puede fortalecer la cohesión económica y social en la región. Es imperativo que los países centroamericanos trabajen conjuntamente para construir un sistema tributario más justo, eficiente y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.

La integración económica en Centroamérica ofrece oportunidades reales, pero requiere voluntad política, cooperación efectiva y un marco legal sólido. La armonización fiscal y aduanera no solo mejorará la eficiencia del comercio regional, sino que también contribuirá a construir una región más equitativa y competitiva. Superar los desafíos actuales exige una visión compartida de desarrollo y un compromiso firme con la legalidad, la transparencia y la sostenibilidad.

*Vanessa Oquelí es socia directora García & Bodán - Honduras y Gabriela Aguirre es asociada sénior de la misma oficina.

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Trabajo de cuidados no remunerado en México y su falta de protección en los sistemas de seguridad social 2o6z31

Fri, 30 May 2025 15:34:57 +0000

Trabajo de cuidados no remunerado en México y su falta de protección en los sistemas de seguridad social

En 2024, 31.7 millones de personas no recibieron ingresos por esta actividad.

Redacción Lexlatin Fri, 30/05/2025 - 11:34

Autor del artículo de opinión

Andrea Medrisself Mendoza Pérez*

En la mayoría de los hogares mexicanos, las mujeres destinan su tiempo al cuidado y protección de otras personas, un rol que a menudo implica la supervivencia de sus familias. Estas labores incluyen cocina, limpieza, educación, atención y esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en el hogar. Con el tiempo, esta responsabilidad se ha normalizado como una tarea exclusivamente para las mujeres, e incluso llega a atribuirse como una obligación. Pese a no asignarle una remuneración económica, el tiempo dedicado al trabajo de cuidados limita las oportunidades de las mujeres para acceder a un empleo remunerado, realizar actividad física o desarrollarse personalmente.

Lo anterior es una representación más de la cultura patriarcal en México, en la que, en una familia tradicional, el hombre es el principal proveedor económico de los hogares, mientras que las mujeres deben permanecer en sus casas llevando a cabo las actividades relacionadas al cuidado. Este sistema ha sido adoptado incluso por los propios institutos proveedores de la seguridad social en México. Por ejemplo, el IMSS se limita a brindar una protección de seguridad social a las personas con un trabajo remunerado, siendo los beneficiarios principalmente los hombres. Esto se puede visualizar en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que, durante 2024, se reportó que del total de la población económicamente activa, el 75 % corresponde al género masculino.

El hecho de que el trabajo de cuidado realizado por las mujeres en México no sea reconocido por nuestro sistema de seguridad social como 'trabajo', implica que un gran porcentaje de mujeres no tengan a servicios médicos y, mucho menos, a una pensión cuando lleguen a una edad avanzada.

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A pesar de que el trabajo de cuidados es considerado formalmente por la OIT como un trabajo, en México se reportó que, durante 2024, 31.7 millones de personas no recibieron ningún ingreso ni remuneración por el desarrollo de actividades relacionadas con cuidados. De esta población, el 75.1 % son mujeres. Para tener un mayor impacto de las cifras anteriores, el trabajo de cuidados no remunerado llegó a representar el 26.3 % del Producto Interno Bruto de México en 2024.

La OIT ha señalado que el desafío de los sistemas de seguridad social radica principalmente en garantizar la debida aplicación efectiva de los distintos niveles de cobertura, de forma equitativa e inclusiva, proporcionando prestaciones suficientes en función de las necesidades e integrando a los grupos vulnerables. De lo anterior podemos resaltar tres conceptos para poder identificar desafíos de aplicación en cualquier sistema de seguridad social:

Cobertura: Los sistemas de seguridad social puedan ser de fácil para todas las personas.
Suficiencia: Los beneficios de cualquier sistema de seguridad social deben ser los suficientes para los beneficiarios, así como para que los beneficiarios puedan tener una calidad de vida digna.
Sostenibilidad: Todo sistema de seguridad social pueda ser sostenible financieramente con el paso del tiempo.

Derivado de lo anterior, el principal desafío del sistema de seguridad social en México sobre el trabajo de cuidados y perspectiva de género es la cobertura.

Las mujeres que dedican su tiempo para trabajos de cuidados en favor de sus familiares no son consideradas como trabajadoras bajo el sistema social México, por lo tanto, no tienen a un sistema de seguridad social, cubriendo una asistencia médica en caso de accidente o a una pensión, además de no reciben un salario por su trabajo.

Es necesario encontrar alternativas para poder incluir a estas personas a una protección del sistema de seguridad social y dejar de invisibilizar su trabajo en la sociedad. El hecho de que, por tantos años, su labor de cuidados haya sido ignorada, no responde a su falta reconocimiento en un futuro, es indispensable empezar a crear sistemas incluyentes para las mujeres trabajadoras de cuidados, reconociendo que las tareas domésticas si es un trabajo y por lo tanto también deben tener derechos.

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El sistema de pensiones en México tiene diversas dificultades de sostenibilidad, incluso los trabajadores asalariados cuando llegan al fin de su vida laboral tienen una pensión que no alcanza para vivir con calidad y dignamente durante su vejez, este problema de sostenibilidad ha sido expresado en distintos foros. Sin embargo, el incluir a las mujeres trabajadoras de cuidado no necesariamente debe ser interpretado como un problema adicional a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Es importante primero reconocer al trabajo desarrollado por las mujeres en sus hogares como el mecanismo para beneficiar a las demás personas en su bienestar y mejor calidad de vida, el cual de otra manera hubiera sido empleado por una tercera persona con la correspondiente percepción de un salario.

Es necesario promover reformas a nuestro sistema de seguridad social, asegurando un enfoque de género para brindar una protección integral, garantizando el a la seguridad social a todas las personas dedicadas a trabajos de cuidados, por el solo hecho de acreditar realizar este tipo de trabajos (afiliación al IMSS), así como buscar medidas compensatorias a las mujeres con necesidad de renunciar a su vida laboral activa y, por lo tanto, acceder a un salario para garantizar el bienestar de su familia que, indirectamente, también estaría contribuyendo al bienestar de una comunidad y a nuestra sociedad, por ejemplo el tener derecho a guarderías, un servicio médico, descuentos en diversos establecimientos o un derecho a una pensión garantizada al llegar a la edad avanzada.

*Andrea Medrisself Mendoza Pérez es abogada de la Federación Obrera Nacionalista - México.

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Inversiones en el sector renovable peruano 1n3536 nueva regulación y expansión solar-eólica

Thu, 29 May 2025 20:48:33 +0000

Inversiones en el sector renovable peruano: nueva regulación y expansión solar-eólica

La regulación en el Perú continúa adaptándose a la nueva realidad del mercado.

Ana Karen de l… Thu, 29/05/2025 - 16:48

Autor del artículo de opinión

Alvaro Klauer D’Acunha*

El sector de las energías renovables se encuentra en el foco de atención de las inversiones en energía en el Perú. Durante la década posterior a la promulgación del Decreto Legislativo 1002, se realizaron cuatro subastas organizadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en las que se adjudicaron Contratos de Suministro (“PPAs”) para un total de 64 proyectos, equivalentes a 1274 MW y por una inversión estimada de 1.957 millones de dólares. A partir del desarrollo del mercado, los esquemas ad-hoc quedaron obsoletos para que este tipo de tecnología se consolide.

Los costos de producción siguen bajando por el importante avance de proyectos solares y eólicos en Europa y China, llegando ahora a producirse sistemas de almacenamiento que, probablemente, en el mediano plazo, serán algo habitual en el ecosistema peruano. A propósito de ello, recientemente en Chile se ha asegurado el financiamiento para el proyecto Oasis de Atacama, un landmark en proyectos de almacenamiento a nivel mundial, lo cual evidencia el notable avance de este tipo de tecnología en la región.

Te puede interesar: ¿Cómo la modificación a las leyes 28832 y 32217 impactan a la transición energética en Perú?

En este contexto, la regulación en el Perú continúa adaptándose a la nueva realidad del mercado. Luego de más de dos años desde su propuesta, se aprobó la Ley N° 32249, que modifica la Ley 28832 y representa la reforma más relevante del sector eléctrico en los últimos 15 años.

Antes de esta modificación, la regulación restringía los mecanismos de contratación principalmente para proyectos solares, considerando su casi nula “potencia firme” derivada de su intermitencia. La Ley 32249 introdujo cambios clave:

Eliminó la obligación de contratar potencia y energía únicamente de forma conjunta
Permitió que las licitaciones de las empresas distribuidoras incluyan bloques horarios y la posibilidad de licitar energía y potencia de manera separada o conjunta.
Estableció la obligación de que las distribuidoras publiquen y actualicen anualmente sus planes de contratación, otorgando mayor predictibilidad a las licitaciones.
Fijó las bases para el desarrollo de un mercado de Servicios Complementarios a partir de 2026.

Lo anterior, entre otras modificaciones. Estos cambios abren nuevas alternativas para el desarrollo y financiamiento de proyectos renovables, especialmente solares y eólicos.

En este contexto, actualmente se encuentran en consulta pública dos proyectos normativos que reglamentarán parte de los cambios introducidos por la Ley 32249:

El Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los s Regulados. Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Energía y Minas (“MINEM”), establece la obligación de que las empresas distribuidoras elaboren y remitan anualmente un Programa de Licitaciones (“PL”) a diez años, sujeto a la aprobación del Osinergmin y de cumplimiento obligatorio. El PL debe detallar los tipos de contratos, productos a licitar (potencia, energía o ambos, de forma conjunta o separada y por bloques horarios), fechas de convocatoria, plazos contractuales y periodos de carencia, entre otros aspectos. Asimismo, el proyecto fija límites máximos de contratación para cada modalidad de licitación (largo, mediano y corto plazo), promueve la transparencia y la competencia, y facilita la participación de nuevas tecnologías, especialmente renovables, brindando mayor previsibilidad a los inversionistas. Asimismo, regula los procedimientos para la aprobación, modificación y supervisión del PL, la convocatoria y adjudicación de contratos, la reasignación de excedentes entre distribuidores, la acumulación de demanda para licitaciones conjuntas y la adaptación de reglas para sistemas aislados, priorizando la generación renovable.
Un procedimiento para licitaciones de suministro de electricidad. Este ha sido prepublicado por el Osinergmin, este proyecto busca unificar y actualizar los procedimientos para las licitaciones de suministro eléctrico en el país, en línea con las modificaciones legislativas antes comentadas. El procedimiento establece los lineamientos para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación del PL a diez años, entre otros aspectos. Se priorizan las licitaciones de largo plazo para incentivar nuevas inversiones, sin dejar de contemplar licitaciones de mediano y corto plazo para responder a las necesidades del sistema.

Dichos ajustes pretenden introducir los incentivos necesarios para permitir una mayor y mejor competencia entre todos los tipos de tecnología, con la finalidad de trasladar la señal de precios en beneficio de los s regulados.

Te sugerimos: Energías renovables, ¿cómo se desarrolla el mercado en Perú y qué reformas se esperan?

En ese sentido, los proyectos normativos antes comentados, junto con el Reglamento de Servicios Complementarios a ser prepublicado en las próximas semanas, terminarán por reconfigurar el marco regulatorio eléctrico en el corto plazo, ampliando las posibilidades de financiar proyectos renovables en el Perú.

Por consiguiente, junto con el esquema de PPA’s privados, como los suscritos por Zelestra (CSF San Martin 252 MW), Yinson Renewables (CSF Matarani 97 MW) y Enhol (CSF Illa 395 MW), las licitaciones implementadas por las empresas de distribución eléctrica constituirán un amplio e importante mecanismo adicional para facilitar las inversiones en proyectos renovables. Inversiones que gozan, además, de (i) un extendido régimen de depreciación acelerada para efectos del Impuesto a la Renta (IR) para activos fijos hasta el 31 de diciembre de 2030, así como de (ii) un régimen de recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

El crecimiento de las energías renovables en Perú está alcanzando un momento notable, impulsado por políticas gubernamentales favorables, disminución de costos, inversiones extranjeras y una demanda cada vez mayor de soluciones energéticas innovadoras por parte del sector privado. Un factor clave en este avance es la tendencia creciente entre empresas mineras e industriales a exigir la certificación de origen en sus PPAs, lo que representa un impulso decisivo para la adopción de tecnologías renovables.

Este dinamismo está y continuará transformando el panorama energético nacional y posicionando a Perú como un referente regional en la transición hacia fuentes de energía más modernas y competitivas.

*Alvaro Klauer D’Acunha es asociado sénior, especialista en Energía e Infraestructura de Cuatrecasas - Lima.

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En Brasil wg5p el nuevo marco de derechos de autor amenaza el modelo de negocio del streaming

Wed, 28 May 2025 20:21:06 +0000

En Brasil, el nuevo marco de derechos de autor amenaza el modelo de negocio del streaming

El proyecto determina, entre otros cambios, que los autores, artistas y demás titulares de derechos recibirán una remuneración obligatoria.

Redacción Lexlatin Wed, 28/05/2025 - 16:21

Autor del artículo de opinión

Fernanda Regina Negro de Oliveira Maluf*

En Brasil, el proyecto de ley que se tramita en el Congreso Nacional con el número 4.968/2024, actualmente a la espera de informe de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía – CCJ, pretende promover una amplia reformulación de la Ley de Derecho de Autor (Ley nº 9.610/1998), con énfasis en la remuneración de los creadores de contenidos en plataformas digitales.

La iniciativa, aunque basada en argumentos legítimos de valorización de la creación intelectual y fortalecimiento de la cultura nacional, presenta una serie de desafíos regulatorios y económicos que impactan directamente en la sostenibilidad del modelo de negocio de las plataformas de streaming en Brasil.

El proyecto determina, entre otros cambios, que los autores, artistas y demás titulares de derechos recibirán una remuneración obligatoria por poner sus obras a disposición en plataformas digitales, independientemente de los contratos previamente firmados.

Más de Brasil: El crédito como servicio en Brasil: desafíos y tendencias

En la práctica, esto supone una intervención directa en las relaciones contractuales privadas, generando incertidumbre jurídica y abriendo la puerta a disputas legales sobre la prevalencia de acuerdos anteriores. Esta exigencia puede suponer un aumento significativo de los costes operativos de las empresas, en un sector donde la competencia es feroz y los márgenes de beneficio suelen ser estrechos.

Además, el PL propone aumentar la tasa de la Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica Nacional (Condecine) de 3 % a 6 % de los ingresos brutos de las plataformas. Se trata de un aumento significativo de la carga fiscal que, combinado con la remuneración obligatoria de los tenedores, podría presionar la viabilidad financiera de las operaciones en el país.

El impacto tiende a ser aún mayor para las empresas extranjeras, especialmente aquellas basadas en modelos de monetización publicitaria, ya que el proyecto también considera los ingresos globales de las plataformas a efectos de calcular la remuneración por derechos de autor.

En el ámbito regulatorio, el proyecto incluye obligaciones como la emisión mínima de contenidos nacionales en plataformas, inspirada en la legislación europea, y la prohibición de la “payola digital”, que es la promoción de música a cambio de un pago, exigiendo una mayor transparencia en la promoción y promoción de las obras. También avanza al reconocer a los guionistas y productores audiovisuales independientes como coautores de las obras, otorgándoles derechos de propiedad.

Relacionado: Estilo artístico e inteligencia artificial, los límites de la protección de los derechos de autor en la era de los algoritmos

Estos avances son relevantes desde el punto de vista de la valorización de la producción local, pero su adecuada implementación requiere de mecanismos técnicos y istrativos complejos capaces de garantizar la neutralidad regulatoria y evitar excesos o favoritismos indebidos.

Todavía quedan cuestiones jurídicas importantes por considerar. La imposición de una remuneración residual, la ausencia de criterios claros para identificar la propiedad y la exclusión de los contenidos generados por inteligencia artificial del ámbito de protección jurídica plantean dudas en cuanto a la aplicación concreta de la norma. Estas ambigüedades pueden fomentar los litigios, creando un entorno de inestabilidad jurídica que desalienta la inversión en el sector y compromete la innovación tecnológica.

También es necesario destacar el impacto directo sobre el consumidor. Con el aumento de las obligaciones legales y fiscales, es probable que las plataformas trasladen parte de estos costos a los s, aumentando el precio de los servicios. Este escenario puede restringir el a contenidos digitales en un país marcado por desigualdades sociales y económicas, además de incentivar la búsqueda de alternativas ilegales, como la piratería, que ya representa un desafío estructural en Brasil.

Otras opiniones: La Evolución de la propiedad intelectual y de los servicios legales a partir del crecimiento económico de México

Otro punto crítico se refiere a la dificultad de aplicar en la práctica las normas nacionales a las plataformas globales. La lógica territorial del derecho encuentra limitaciones cuando se enfrenta a la naturaleza descentralizada y transfronteriza de Internet. La imposición de normas brasileñas específicas, sin diálogo con los marcos regulatorios internacionales, puede resultar en conflictos jurídicos e incluso en una retracción de las inversiones extranjeras en el mercado nacional.

Si bien el Proyecto de Ley 4.968/2024 representa un intento legítimo de equilibrar los intereses entre creadores y plataformas, su redacción actual carece de mecanismos que garanticen la previsibilidad jurídica, la proporcionalidad económica y la compatibilidad con la lógica de la economía digital. El reto es encontrar un equilibrio que garantice una remuneración justa a los creadores, sin hacer inviables los modelos de negocio audiovisuales contemporáneos.

En este contexto, es esencial que el proceso legislativo se desarrolle con base en un diálogo técnico y transparente entre el gobierno, el sector privado, los titulares de derechos y la sociedad civil. Sólo una construcción normativa basada en datos, evidencias e impacto económico puede garantizar que Brasil avance en la protección de la creación intelectual sin comprometer la competitividad, la innovación y el de la población a la cultura digital.

*Fernanda Regina Negro de Oliveira Maluf es socia de Ernesto Borges Advogados.

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