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En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales 5h342 ¿cómo deben adaptarse las empresas?

Fri, 13 Jun 2025 03:47:30 +0000

En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

El auge de la digitalización en Paraguay trae consigo retos sobre la protección de datos y la ciberseguridad.

Redacción Lexlatin Thu, 12/06/2025 - 23:47

En los últimos años, la digitalización ha transformado radicalmente la forma en que operan las empresas en Paraguay. Desde servicios financieros hasta el comercio minorista, casi ninguna actividad económica escapa al uso intensivo de datos personales. En este contexto, el cumplimiento normativo —o compliance— se vuelve cada vez más transversal: ya no basta con prevenir el lavado de dinero o la corrupción, sino que es imprescindible extender este compromiso ético y legal a otras áreas clave, como la ciberseguridad y la protección de datos personales.

El avance de la digitalización impone nuevos desafíos a la gestión empresarial. No se trata solo de adaptarse tecnológicamente, sino de desarrollar una cultura de cumplimiento que integre la privacidad de los datos como un derecho fundamental. Hoy, cualquier empresa —sin importar su rubro— maneja información sensible de clientes, empleados y terceros. Esta recolección y tratamiento de datos no puede realizarse sin criterios claros, políticas internas bien definidas y un marco legal que garantice la transparencia, seguridad y respeto a los datos personales de los ciudadanos.

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En Paraguay, la normativa vigente en protección de datos aún es parcial. Si bien contamos con la Ley N.º 6534/2020, que regula los datos personales crediticios, y algunas disposiciones complementarias dispersas en varias leyes, —como la de comercio electrónico y la ley que prohíbe la publicidad no autorizada por los s titulares de telefonía móvil, entre otras—, todavía carecemos de un marco integral que abarque el tratamiento general de datos. Afortunadamente, se encuentra en estudio un proyecto de ley inspirado en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que contempla principios como la licitud, exactitud, proporcionalidad y el deber de seguridad, e introduce nuevas bases legales para el tratamiento de datos, además del consentimiento.

Este proyecto también plantea la creación de una autoridad especializada que supervise el cumplimiento y fiscalice las infracciones, un paso esencial si queremos transitar hacia estándares internacionales. Su eventual aprobación no solo fortalecería la protección de los derechos fundamentales, sino que también posicionaría mejor a las empresas paraguayas en el mercado global, donde la protección de datos es, desde hace tiempo, un factor determinante en las decisiones de inversión y de confianza comercial.

En este escenario, las empresas deberán repensar su estructura interna de cumplimiento. Así como hoy es común contar con oficiales de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y corrupción, mañana será indispensable incorporar roles específicos como el encargado de tratamiento de datos personales, para la gestión de riesgos digitales y en la implementación de políticas de privacidad y seguridad.

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En este contexto, contar con un encargado del tratamiento de datos personales dejará de ser una recomendación para convertirse en una necesidad estratégica. Tal como prevé el proyecto de ley —en camino a ser aprobado—, las organizaciones deberán designar a un Oficial de Protección de Datos, que supervise el cumplimiento normativo en materia de privacidad. Este rol no solo implicará garantizar el consentimiento informado, la licitud del tratamiento y la transparencia en la gestión de los datos, sino también asegurar medidas de seguridad apropiadas, gestionar incidentes, evaluar impactos y controlar la legalidad de las transferencias internacionales de datos.

La presencia de este perfil profesional, cuya figura se alinea con las mejores prácticas de gobernanza y protección de datos a nivel internacional, será clave para mitigar riesgos legales y reputacionales. En un escenario donde los escándalos locales por uso indebido de datos han quebrantado la confianza de los consumidores, las empresas que demuestren responsabilidad proactiva en la protección de la información de sus s marcarán la diferencia. La implementación de estándares más exigentes en privacidad no será solo un tema legal: será un activo intangible, generador de credibilidad y confianza, que sin dudas destacará a nivel competitivo.

*Manuel Arias es socio y Camila Solalinde es asociada, ambos de BKM | Berkemeyer.

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Guía sobre protección de datos personales en América Latina 6r4c2c ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Wed, 21 May 2025 17:59:07 +0000

Guía sobre protección de datos personales en América Latina: ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la región.

Rocío Mellas Wed, 21/05/2025 - 13:59

Con el objetivo de crear un punto de partida para analizar la implementación de políticas de protección de datos en la región, la plataforma Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales. El documento, que reúne los principales estándares, avances legislativos y desafíos regulatorios de múltiples jurisdicciones latinoamericanas, demuestra que la privacidad, el cumplimiento y la competitividad no están en esferas separadas, sino que complementan como pilares de una gestión empresarial sostenible y responsable.

Según el informe, el reto de las empresas que operan en América Latina es transversal: traducir el cumplimiento normativo en valor de negocio y hacerlo parte del ADN organizacional.

“La guía nació como respuesta a las necesidades de los equipos legales y de cumplimiento, y fue creada por firmas líderes de la región que forman parte de la red Compliance Latam. El disparador inicial fue identificar los avances normativos en materia de protección de datos para luego brindar una mirada integral en cada una de las jurisdicciones. Esto lo hicimos con el mismo espíritu que convoca a la red: crear valor para nuestros clientes mediante la colaboración activa de todos los integrantes”, comparte Rodrigo Albagli, socio del despacho chileno Albagli Zaliasnik.

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Estándares desiguales, enforcement debilitado y un denominador común: llevar la privacidad al corazón de la cultura organizacional

Pese a las diferencias institucionales entre los países estudiados, hay un denominador común en el que todos coinciden: la protección de la privacidad como un derecho fundamental.

“En todas las jurisdicciones se reconoce que los datos personales deben ser tratados de acuerdo con principios clave como legalidad, transparencia, minimización de datos y confidencialidad. Asimismo, reconocen la importancia de los derechos de los titulares, como el , rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Estos principios buscan garantizar que el tratamiento de datos sea siempre adecuado, relevante y proporcional al propósito para el que fueron recolectados y que los individuos tengan control sobre sus propios datos”, señala Marlyn Narkis, socia del despacho panameño MDU Legal.

Ahora bien, podría decirse que la principal brecha no está en el diseño de las leyes, sino en su implementación.

Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de Albagli Zaliasnik, advierte que la región arrastra un problema estructural: falta de enforcement.

“Si bien varios países cuentan con nuevas regulaciones en línea con mejores estándares globales, tenemos muy pocos casos y muy pocas sanciones. Lo que genera cambios es la aplicación más que la promulgación; sin aplicación, no hay cambio real”, remarca el experto.

En ese sentido, destaca que la institucionalidad es un activo que diferencia a países como Chile, Uruguay o Costa Rica, que muestran mayor previsibilidad jurídica.

“Por regla general, el compliance solo puede avanzar cuando existe Estado de derecho, institucionalidad y libertad. Por lo tanto, existe una correlación tácita: aquellos países que tienen mayores dificultades en estas materias, son los que están más atrasados en términos de compliance”, explica.

En el caso puntual de Chile, el abogado reconoce que el avance normativo es un modelo para toda la región, pero que el país trasandino no escapa a la realidad de otros países en cuanto a su aplicación.

“Las propias autoridades encargadas de fiscalizar y perseguir infracciones o delitos han solicitado mayores recursos, tanto humanos como económicos, para poder llevar a cabo su labor. En cuanto a institucionalidad y entorno de negocios, Chile sigue manteniendo cierto nivel de liderazgo regional y continúa liderando en la mayoría de los rankings”, comenta Bitran.

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Compliance más allá de las fronteras

Según Marcelo Coimbra, socio fundador del despacho brasileño FCR Law, la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales permite anticipar riesgos, tomar decisiones fundamentadas y adaptar políticas de compliance a múltiples jurisdicciones.

“Para las compañías con operaciones transnacionales, contar con esta referencia comparativa facilita no solo la expansión, sino también una gestión proactiva del cumplimiento normativo en un entorno legal desafiante y diverso. La expansión regional solo es viable si hay gestión proactiva del cumplimiento, y esa es la base de la seguridad jurídica que exigen los inversores y las empresas globales”, afirma.

Leon Weinstok, director del despacho costarricense BLP, añade que “el desafío es lograr un modelo eficiente de protección de datos que respete los derechos de las personas, que dialogue con estándares internacionales y que sea aplicable a la realidad operativa de cada país”.

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Cultura organizacional, la gran aliada

Los de la red Compliance Latam coinciden en que el verdadero desafío no es legal, sino cultural. Entonces, ¿cuál es el rol de las firmas legales a la hora de acompañar la implementación de programas de cumplimiento?

Esteban Dávila, asociado sénior del despacho ecuatoriano Bustamante Fabara, sostiene que el rol de los despachos jurídicos debe ser estratégico, no solo normativo.

“Nuestra función es traducir la protección de datos en reputación, competitividad y confianza. Por eso, debemos enfocarnos en traducir normas en valor empresarial, impulsar el liderazgo desde la alta dirección, diseñar un programa de gobernanza de datos pragmático y promover una cultura de datos”, considera.

Desde su experiencia, Dávila cree que los estudios jurídicos deben explicar cómo la protección de datos personales no sólo mitiga riesgos legales, sino que también fortalece la reputación y confianza del mercado, genera ventajas competitivas sostenibles y alinea la gestión de datos con objetivos comerciales.

“Los estudios jurídicos debemos sensibilizar y capacitar al C-level, posicionando la privacidad como un tema estratégico. Esto implica, por ejemplo, participar en comités de gobierno corporativo, presentar análisis de impacto legal alineados con KPIs del negocio y mostrar precedentes regulatorios que evidencien la responsabilidad directa de los altos ejecutivos”, recomienda.

Salvador Bartolomé, socio del despacho español Bartolomé & Briones, coincide en que las firmas legales tienen un rol clave como facilitadores y promotores de una cultura de cumplimiento normativo y de protección de datos dentro de las organizaciones.

Para el experto, el rol de los estudios jurídicos implica tender un puente entre lo real y lo legal: “La labor de las firmas legales no solo debe limitarse al asesoramiento legal, sino que debe tener en cuenta aspectos prácticos, organizativos y estratégicos propios de cada organización, necesarios a fin de asegurar que se cumpla con la normativa vigente, facilitando la aplicación práctica de las políticas de cumplimiento y protección de datos”.

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¿Por qué los datos personales ya no son un activo invisible?

En la economía digital, los datos personales son más que datos, son capital reputacional, riesgo regulatorio y ventaja competitiva.

“El compromiso de la alta dirección no es opcional, pero sigue siendo uno de los puntos más débiles del ecosistema empresarial en América Latina. Sensibilizar, formar y convencer al liderazgo ejecutivo es parte de la tarea de los equipos legales y de compliance”, refuerza Yoab Bitran.

Queda claro: si la privacidad no entra en la agenda estratégica, difícilmente logrará consolidarse como valor corporativo.

Para conocer más sobre este tema y acceder a la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, haz clic aquí.

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Suspensión de la FA 513d4v ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Fri, 04 Apr 2025 14:32:27 +0000

Suspensión de la FA: ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Aunque la orden ejecutiva de Trump suspende la actuación del Departamento de Justicia, la SEC podrá seguir aplicando la FA.

Jesús Hurtado Fri, 04/04/2025 - 10:32

Pocos días después de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o FA, siglas en inglés de Foreign Corrupt Practices Act, una normativa que, en su opinión, ha frenado la competitividad de las empresas estadounidenses y sustenta la pérdida de espacio de éstas en el comercio internacional.

La suspensión, que estará en vigencia por 180 días y puede ser prorrogada por un período similar, autoriza, además, a la fiscal general Pamela Bondi a revisar todas las investigaciones y acciones de cumplimiento existentes, así como estudiar las acciones pasadas para determinar si se requieren medidas correctivas en esos casos.

Pese al revuelo que ha causado esta decisión, los expertos coinciden en señalar que las incidencias de la suspensión podrían ser menores, tomando en cuenta que la cultura de cumplimiento impuesta en las organizaciones a partir de la FA forma ya parte de la cultura corporativa, sin olvidar que existen otros mecanismos sancionatorios para persuadir a las compañías de evitar caer en una práctica del soborno.

Te sugerimos esto: Latinoamérica en el plan de aranceles recíprocos de Donald Trump, ¿qué anunció el presidente de Estados Unidos para la región?

Surge una referencia

Creada en 1977 por el Congreso de los Estados Unidos, la FA es promulgada a raíz del caso Watergate, escándalo que, más allá de las repercusiones políticas, dejó al descubierto que más de 400 compañías registradas en EE. UU. habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos y otros actos de corrupción a oficiales de gobierno y autoridades de países extranjeros.

La norma es parte de una política legislativa estadounidense con capacidad de incidencia extraterritorial, cuyo propósito central es ilegalizar los pagos realizados por personas y entidades de esa nación a funcionarios de gobiernos extranjeros, con el objetivo de obtener o conservar un contrato.

Específicamente, la FA prohíbe el uso deliberado de cualquier medio de comercio interestatal para promover todo tipo de oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago —en dinero o cualquier objeto de valor— a un funcionario extranjero, aunque sea a través de terceros, a fin de obtener ventajas y prebendas que ayuden a conseguir o mantener un negocio a una corporación estadounidense y sus filiales, independientemente de la ubicación de sus operaciones y nacionalidad de los empleados.

En 1998 se hizo una enmienda que permitió ampliar el rango de acción de la normativa, que, desde entonces, es aplicable a empresas y personas extranjeras que, directamente o a través de agentes, cometan una acción que fomente un pago corrupto dentro del territorio de Estados Unidos, así como aquellas compañías cuyos valores cotizan en ese país.

Considerada como pionera en la materia, la FA es tenida entre las legislaciones anticorrupción más eficaces del mundo, siendo reconocida como el punto de partida para la construcción de las políticas gubernamentales contra la corrupción en muchas naciones del planeta y eje para el establecimiento de las estrategias corporativas de compliance.

Debes conocer: Anticorrupción, digitalización y reformas laboral y fiscal: La agenda legislativa 2025 de Paraguay

Dos visiones

En su afán por devolver a EE. UU. su antiguo protagonismo como máximo actor del comercio mundial, Donald Trump asegura que la FA ha truncado el actuar de las empresas de su país, siendo una de las razones para que éste haya cedido terreno ante las nuevas potencias mundiales, China, India y Rusia entre ellas.

“Esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos", dijo Trump al firmar la orden ejecutiva, en la cual se señala que la aplicación excesiva de la FA contra ciudadanos y empresas estadounidenses por “prácticas comerciales rutinarias en otras naciones” obstaculiza la competitividad económica estadounidense y, por lo tanto, interfiere en la seguridad nacional.

“No creemos que la competitividad de las empresas estadounidenses se haya visto perjudicada por la aplicación de la FA. Dada la amplitud del concepto de sujeto obligado de esta normativa, los tribunales americanos han tenido competencia incluso sobre individuos no estadounidenses”, afirma Tomás Kubick, socio de la oficina del despacho español Cuatrecasas en Santiago de Chile.

En concordancia con otros especialistas que han expresado su opinión al respecto, Kubick señala que, más allá de haber sentado un precedente anticorrupción, la norma ha sido un estándar aplicado transversalmente a empresas tanto estadounidenses como extranjeras en proporciones más o menos similares, de acuerdo con los datos disponibles.

“Incluso, la aplicación de esta norma puede considerarse como una garantía para las empresas estadounidenses de que están compitiendo en igualdad de condiciones con empresas de otra nacionalidad, dado que en la mayoría de las cadenas logísticas de dichas entidades existen elementos estadounidenses que permiten la aplicación de la ley”.

Información relacionada: Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Cambios, pero no tantos

La orden ejecutiva firmada por Trump ordena a la Fiscal General realizar tres acciones específicas:

Abstenerse de iniciar nuevas investigaciones o medidas de aplicación de la FA por parte del Departamento de Justicia (DOJ), excepto en los casos que se determine necesario.
Revisar las investigaciones en curso y restablecer los límites adecuados en la aplicación de la FA.
Emitir directrices actualizadas para promover la autoridad del Presidente para conducir los asuntos exteriores y priorizar los intereses y la competitividad económica estadounidense con respecto a otras naciones.

En teoría, estos parámetros parecen representar un cambio significativo en la política anticorrupción de EE. UU., pues podrían reforzar la discrecionalidad en la aplicación de la FA o establecer prioridades para su aplicación, por ejemplo, según el sector de la empresa o el país donde actúa.

No obstante que pudieran surgir nuevas líneas, aún no están del todo claros los alcances de esta medida, que pudieran ser más cosméticos que de fondo, en función de la arraigada cultura de cumplimiento que hay en las corporaciones estadounidenses en general.

“Difícilmente estas compañías eliminarán, por la sola suspensión de la FA, los controles internos ya implementados que regulan, por ejemplo, la gestión de recursos financieros, la interacción con funcionarios públicos y el actuar de terceras partes intermediarias”, apunta Tomás Ovalle, asociado de Cuatrecasas – Santiago.

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Un retroceso

Según el Banco Mundial, cada año en el mundo se pagan 1.000 billones de dólares en sobornos, monto equivalente al 5 % del PIB global y provoca pérdidas de hasta el 25 % del gasto público del planeta, datos que sustentaron las voces de alarma que se hicieron escuchar luego de que el presidente Trump firmó la orden ejecutiva para suspender la aplicación de la FA.

Aunque los especialistas de Cuatrecasas no creen que la medida signifique un retroceso en la lucha contra la corrupción, sí estiman que marca un retroceso en las estrategias para consolidar la transparencia en la gestión empresarial.

“Cuando un país que tiene la influencia de EE. UU. renuncia a perseguir este tipo de prácticas, la señal es negativa y va contra lo que están haciendo las jurisdicciones locales”, dice Kubick.

Trae a colación la contradicción que significa esta orden en el contexto latino, por ejemplo, Chile se encuentra en pleno proceso de implementación de la recién creada Ley de Delitos Económicos, además, está tramitando un proyecto de ley para sancionar a personas jurídicas chilenas por cohecho internacional, mientras que EE. UU. renuncia a sancionar prácticas corruptas extranjeras.

No obstante, en medio del shock causado por el anuncio, hay señales de que no todo está perdido. Los fiscales del Departamento de Justicia, por ejemplo, han hecho público su compromiso de mantener la lucha contra corrupción, algo que también han expresado muchas trasnacionales no solo estadounidenses.

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), por su parte, actualizó recientemente su estándar anticorrupción (ISO 37:001), reafirmando la importancia de la cultura del compliance en las organizaciones.

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Aplicación a medias

El amplio radio de acción de la FA tiene dos grandes vertientes: por un lado, alcanza a cualquier entidad bajo las leyes de EE. UU. con domicilio principal en ese país y sus subsidiarias en cualquier lugar, mientras que por otra parte tiene incidencia en toda empresa emisora acciones o títulos de deuda en EE. UU. Esto significa que su acción institucional se fundamenta en dos grandes pilares: El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Según los datos manejados por la Universidad de Stanford, en la última década el DOJ ha llevado voz cantante en cuanto a la aplicación de la FA, siendo responsable por 61 % de 334 registrados en ese período. A la SEC, por su parte, le ha correspondido actuar en el 39 % de ellos.

Ahora bien, la orden ejecutiva explícitamente limita las actuaciones que involucren al Departamento de Justicia, pero no así a al SEC, que seguirá teniendo las mismas competencias que desde 1977.

Ovalle cree que, si a esto se suma que la Fiscal General puede autorizar el inicio de nuevas investigaciones en esta materia si lo creyera necesario, y que muchas jurisdicciones ya castigan prácticas corruptas, es poco probable que las empresas interpreten esta suspensión como un “período de gracia” para sobornar a funcionarios públicos extranjeros sin repercusiones.

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Repercusiones en Latam

En medio de la avalancha de consecuencias que las decisiones tomadas por Trump están teniendo en el quehacer mundial, la suspensión de la FA no pareciera tener mayores efectos en América Latina, en atención a las legislaciones vigentes en la mayoría de las jurisdicciones de la región, lo cual, de entrada, es un disuasivo para cometer el tipo de delitos que sanciona la norma.

Adicionalmente, las corporaciones están cada vez más claras en que quizás el mayor riesgo al que se enfrentan al infringir las norma es la pérdida de su reputación (los casos Siemens y Odebrecht son buenos ejemplos), lo que hace necesario mantener el apego a las normas de cumplimiento.

No menos importante es tener en cuenta que la pérdida de la reputación puede significar para sus finanzas, tomando en cuenta que los capitalistas de cualquier signo están prestando cada vez más atención normativa del compliance, pudiendo ser una traba de peso para conseguir el capital necesario para mantener o desarrollar el negocio.

“El desarrollo sostenible y sustentable del negocio, un gobierno corporativo sano y la reputación corporativa valen tanto o más que las potenciales multas, y ante un caso de corrupción, son los primeros que se ven afectados”, dice Tomás Kubick.

Para enterarse: El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

Hay alternativas

Aunque los analistas creen que podrían existir algunas empresas que interpreten la suspensión de la FA como una reducción de los incentivos para evitar prácticas corruptas, consideran que estos casos son marginales y estarían relacionados básicamente a pequeñas y medianas empresas ubicadas en países sin una legislación específica que guarden alguna vinculación a EE. UU.

De cualquier manera, más allá de la FA y las normas nacionales, existen varios mecanismos que fungen de freno para disuadir a las empresas a saltarse los parámetros legales, entre las que se pueden nombrar las siguientes:

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, vigente desde diciembre 2005.
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en febrero de 1999.
Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), vigente desde marzo de 1997.
Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, vigente desde agosto de 2006.
Norma ISO 37:001, vigente desde 2016 y actualizada en 2025.
UK Bribery Act, que cubre muchas de las conductas contempladas en la FA, pero para compañías con vinculación con el Reino Unido.

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Leyes de delitos económicos 3z162b Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

Fri, 10 Jan 2025 18:00:00 +0000

Leyes de delitos económicos, Karin y de protección de datos: ¿Qué están haciendo las empresas para acoplar sus programas de cumplimiento a la nueva normativa de Chile?

La adopción de una política de compliance es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos, de acuerdo con especialistas.

Ingrid Rojas Fri, 10/01/2025 - 14:00

Chile es reconocido en América Latina por sus avances en materia de compliance. Francisca Franzani, socia de DLA Piper - Chile, señala que el país ha aumentado el compromiso con la adopción de programas de cumplimiento en comparación con otros de la región, siendo, en efecto, uno de los pocos en contar con una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.

“Chile ha seguido los estándares internacionales de Europa y Estados Unidos, lo que le ha permitido posicionarse dentro de América como un país con estándares altos de cumplimiento y, en efecto, tener índices de corrupción más bajos que otros países de la región”, dice la abogada.

Para Cristián Conejero Roos, socio director de Cuatrecasas Santiago, en comparación con otros países de la región, el país se distingue por su enfoque proactivo y estructurado en materia de cumplimiento, promovido por un sólido marco regulatorio que rige tanto a nivel público como privado.

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“Esto ha llevado a una mejora en la transparencia, a una gestión de riesgos más eficiente y preventiva, lo que redunda en una mayor reputación empresarial, posicionando a nuestro país como líder regional en la adopción de este tipo de programas”, asegura el abogado al destacar que se ha avanzado significativamente en temas ambientales, de prevención, cumplimiento tributario, laborales y protección de datos, lo que ha implicado adecuar políticas y protocolos al interior de las empresas y una constante necesidad, por parte de estas, de conocer e integrar las nuevas reglas del juego.

La más reciente encuesta de Miller & Chevalier, con apoyo de firmas de la región, da cuenta de una mejora en la percepción de los ciudadanos sobre el procesamiento de delincuentes involucrados en casos de corrupción y del creciente esfuerzo de las empresas para prevenir el flagelo a través de programas de cumplimiento, seguros de que este se convierte en un obstáculo para hacer negocios. El informe cita los casos de Corpesca y Convenios, que hacen patente la necesidad de contar con programas de compliance efectivos para combatir la corrupción.

Para Franzani, los programas de cumplimiento se han convertido, en cierto sentido, como mandatorios para las empresas, no solo en referencia a modelos de cumplimiento relacionados con la Ley de Delitos Económicos, sino también en materia de datos personales, protección al consumidor, libre competencia y laboral.

Agrega que para los directorios ha cambiado la importancia de la prevención y de contar con programas de cumplimiento, por lo que desde una gobernanza de “tone from the top” ha sido más fácil la adopción de estas medidas de control.

“Si bien no siempre se encuentra aparejada una sanción a las empresas por no contar con un programa de cumplimiento, hoy en nuestro país es algo latente, que agrega valor y que es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos”, agrega.

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Las acciones en esta dirección continúan y, tal como comenta Conejero Roos, hay hitos muy relevantes y variados en cuanto a aprobación de leyes en el país, como la Ley de Delitos Económicos sobre las empresas, que entró en plena vigencia el año pasado y que pone foco en el cumplimiento normativo, la prevención de irregularidades y la adecuada cultura de gobernanza. Esto ha impulsado las acciones de empresas y sus directorios para que revisen y actualicen sus protocolos y funcionamiento para cumplir con los nuevos estándares establecidos.

En materia laboral han entrado en vigencia la Ley N° 21.651, que reduce la jornada de trabajo semanal de 45 a 44 horas en 2024 y a 40 horas en 2028, y la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que exige a las empresas implementar un protocolo de prevención de acoso y violencia laboral, así como un procedimiento de investigación y sanción, que —de acuerdo con Conejero Roos— han impactado tanto al sector legal como a las empresas, promoviendo la adopción de nuevos procesos y protocolos en materia de transparencia y eficacia, así como en una necesidad de la especialización para afrontar adecuadamente su implementación en el entorno laboral.

A las leyes mencionadas se suman la nueva normativa tributaria, la Ley N° 21.713, el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos y la nueva ley de protección de datos, que desde sus diversas complejidades y especificidades, impactan en los procesos de gestión y funcionamiento de las empresas, señala el especialista.

Motivo de preocupación

Varias son las preocupaciones esbozadas por los clientes de las firmas legales en relación con las normativas que han entrado en vigencia en Chile. De hecho, ha aumentado la demanda de asesorías en relación con la implementación de modelos de prevención de delitos y la adaptación a la nueva normativa tributaria y de protección de datos.

Franzani las resume así:

La Ley de Delitos Económicos y los cambios en el régimen de responsabilidad penal empresarial, como el endurecimiento de las sanciones para el C-Level de las compañías y el incremento de los riesgos para las personas jurídicas debido a los nuevos delitos incorporados en la ley.
Las modificaciones introducidas por la Ley Karin, que establecen un nuevo estándar en aspectos críticos para las empresas, como la convivencia y el clima laboral.
La actualización en la protección de datos personales, donde —considera— el estándar de cumplimiento sigue rezagado en comparación con muchas legislaciones de la región y el mundo.

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“Afortunadamente, estas preocupaciones han comenzado a abordarse mediante la implementación de programas de cumplimiento transversales, diseñados para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y promover un desarrollo empresarial sostenible. En este contexto, hemos tenido un progreso significativo en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales”, expresa la abogada de DLA Piper - Chile.

A modo de ejemplo, el socio director de Cuatrecasas en Chile señala que los clientes deben entender cuáles de los nuevos delitos económicos son aplicables a su operación empresarial y las consecuencias de estos, ya que muchas veces no hay claridad por la diferencia subyacente entre la responsabilidad istrativa y penal, mientras que, en el caso del tratado para evitar la doble tributación suscrito entre Estados Unidos y Chile, las empresas deben evaluar las condiciones de sustancia para acceder a sus beneficios y reorganizar operaciones para evitar la elusión fiscal y garantizar que las reestructuraciones no sean impugnadas.

Refuerza que con la nueva ley de protección de datos personales las empresas deben comenzar a identificar sus brechas en la seguridad de cómo gestionar este tipo de información y trazar un plan de cumplimiento, por lo que no solo lo ve como una cuestión de cumplimiento legal, sino también una oportunidad para mejorar la confianza y competitividad a través del manejo ético y responsable de los datos.

“Todas estas medidas, que buscan adecuar nuestro cuerpo legal a los requerimientos propios de los tiempos que corren, presentan un gran cambio para generar un entorno regulatorio más robusto y transparente que favorezca la inversión, que sin duda van en línea con las recomendaciones de la OCDE”, explica Conejero Roos al itir que todavía queda por avanzar.

Resaltar la posición privilegiada de Cuatrecasas para asesorar a sus clientes en las particularidades de estas leyes que, en su gran mayoría, siguen modelos europeos o recogen buenas prácticas internacionales con las que el despacho está muy familiarizado para conocer la normativa, entender su implicancia práctica, identificando y mitigando riesgos específicos en los más variados sectores, con base en experiencias pasadas.

Franzani coincide con su colega al señalar que hoy las firmas full service tienen una ventaja comparativa en el mercado a raíz de la incorporación de todas estas regulaciones, que requieren de distintas especializaciones.

Lee también: Tratado entre Chile y Estados Unidos, ¿con qué ventajas cuentan las empresas de ambos países?

Perspectivas

Este año comienza la cuenta regresiva del mandato del presidente chileno Gabriel Boric, cuyo gobierno ha reforzado el cumplimiento con la aprobación de un paquete de leyes como las de cumplimiento tributario, delitos económicos, Karin y de datos personales. ¿Qué esperan las firmas legales para los próximos años?

Cristián Conejero Roos, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Santiago de Chile, cree que en los próximos años se seguirá fortaleciendo la senda hacia la construcción de un entorno regulatorio más robusto y transparente, lo que incluye avances en materias como la transición energética y la simplificación de procesos regulatorios.

Espera que el gobierno introduzca y avance en proyectos de ley para mejorar la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos, entre los que destaca la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos estratégicos, lo que -sin duda- facilitará significativamente el crecimiento del portafolio de proyectos a nivel país que puedan entrar en fase de ejecución.

Además, prevé que se priorice la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo proceso legislativo culminó muy recientemente, por lo que piensa que las empresas deberán estar atentas a los nuevos requisitos y comenzar a preparar sus estructuras internas para cumplir con esta normativa, que incluye la creación de nuevos procedimientos para la gestión de datos, la respuesta a incidentes de seguridad, así como también la capacitación continua de su personal para asegurar que todos los niveles de la organización estén alineados.

“Creemos firmemente que la proactividad en la adaptación a las nuevas leyes disminuirá los riesgos legales y fortalecerá la reputación y competitividad en un mercado cambiante como el actual”, manifiesta el abogado.

Para Franzani, la nueva legislación probablemente amplíe el alcance del cumplimiento hacia nuevas áreas, adoptando un enfoque centrado en la prevención de riesgos, que se refleja en los cambios que se espera introduzca la Unidad de Análisis Financiero, particularmente en lo relacionado con la persecución de la corrupción y el lavado de activos, ajustes que cobran especial relevancia ante la incorporación de nuevos actores al mercado, como las empresas fintech. También anticipan avances significativos en el compliance en el sector público.

“Estamos atravesando un periodo de ajuste en el que tomar decisiones acertadas no solo genera beneficios a corto plazo, sino que también se convierte en un elemento estratégico para las empresas. Muchas organizaciones están en pleno proceso de implementación de programas de cumplimiento y adaptándose a nuevas formas de organizar el trabajo. El gran desafío será observar cómo la autoridad responde a estos cambios legislativos, destacando la prevención como la primera línea de defensa”, resaltó.

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Compliance Latam impulsa su primer encuentro presencial en Montevideo f2n33

Tue, 03 Dec 2024 17:53:28 +0000

Compliance Latam impulsa su primer encuentro presencial en Montevideo

El Foro Compliance Latam 2024, que se llevará a cabo el 4 de diciembre en Montevideo, reunirá a expertos para intercambiar experiencias entre América Latina y Estados Unidos.

Rocío Mellas Tue, 03/12/2024 - 13:53

En el marco de la Semana de Prevención de la Corrupción, y con el objetivo de impulsar el desarrollo del cumplimiento normativo en América Latina, la plataforma Compliance Latam* llevará a cabo su primer evento presencial el próximo 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay. Se trata del Foro Compliance Latam 2024, un encuentro internacional que reunirá a más de 100 líderes de América Latina y Estados Unidos para analizar los desafíos que sortearon durante 2024 y las oportunidades previsibles que tendrá el sector en 2025.

Rodrigo Albagli

“Será un foro transformador, que permitirá profundizar en dilemas éticos y el rol de los directorios desde una perspectiva práctica a las nuevas regulaciones que marcarán la pauta durante 2025 en la región”, adelanta Rodrigo Albagli, socio de Albagli Zaliasnik (AZ).

Carla Arellano, consejera de Ferrere Abogados, considera que la iniciativa surge como consecuencia de la propia madurez y crecimiento de Compliance Latam.

“Es una plataforma dedicada a promover y difundir las mejores prácticas corporativas, la cultura organizacional y la regulación en torno al ecosistema de Compliance. Está integrada por firmas de primera línea de la región y de Estados Unidos, así como decenas de colaboradores que se han sumado, reconociendo el gran potencial que tiene. Hemos realizado varios eventos virtuales y hemos difundido decenas de artículos y guías de mejores prácticas de cumplimiento normativo en temas diversos, como salud, lavado de activos, protección de datos personales, corrupción, defensa de la competencia y Fintech”, señala Arellano.

Carla Arellano

Este año, la firma uruguaya propuso pasar de la virtualidad a la presencialidad para que diferentes líderes de la industria y expertos en el área de práctica tengan un espacio común para compartir sus experiencias y buenas prácticas.

“Propusimos realizar este primer foro internacional en nuestras oficinas de Montevideo y las firmas de la plataforma adhirieron inmediatamente a esta propuesta. Referentes de la región expondrán sobre las últimas tendencias y desafíos en materia de Compliance a nivel regional; y el encuentro ofrecerá una excelente oportunidad para establecer una amplia red de os, conectando con profesionales de firmas legales y del sector público y privado de toda la región. Nuestro objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento ético en las empresas de la región”, adelanta Carla Arellano.

Oscar Tutasaura

Oscar Tutasaura, socio de Posse Herrera Ruiz, destaca que el Foro Compliance Latam 2024 busca promover un ambiente de aprendizaje mutuo, para que los asistentes puedan beneficiarse de las experiencias y enfoques de sus colegas internacionales.

“Los conocimientos adquiridos y las relaciones establecidas durante el evento contribuirán a fortalecer la cultura de cumplimiento ético en las empresas de la región. Por eso, también, el foro nos permitirá generar relaciones profesionales que pueden ser enriquecedoras y colaborativas para los participantes en el futuro”, augura el experto en Compliance.

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Desafíos del 2024 y oportunidades para el 2025

Para Jeffrey A. Lehtman, socio de Miller & Chevalier, los tres retos más relevantes para las compañías de la región este año han sido: la incertidumbre política generada por los cambios de prioridades en los gobiernos de turno, el cumplimiento de las leyes en un contexto regulatorio complejo, y el manejo de recursos destinados al fortalecimiento de los programas de compliance de las compañías, especialmente para integrar las nuevas tecnologías en los procesos de control internos.

Jeffrey A. Lehtman

“En los Estados Unidos, los reguladores se han enfocado de manera particular en la región. De hecho, a través de actualizaciones en sus políticas de aplicación de las leyes, han empujado a que las compañías refuercen sus programas de compliance para reducir el riesgo de incumplimiento de las diversas leyes aplicables, como las leyes anticorrupción, de lavado de activos y de sanciones económicas. Las directrices de los últimos dos años se han enfocado en reforzar los programas de compliance a través de un mayor control sobre los datos e información de la compañía, incluyendo las comunicaciones de los empleados a través de plataformas de mensajería instantánea; la necesidad de un sistema de incentivos más robusto, que premia a los empleados que cumplen con las leyes y castiga a los que no; y el uso de tecnologías y análisis de datos integrados en los distintos controles internos, como el manejo de terceros y pagos”, resume Lehtman.

Para el 2025, uno de los temas centrales será la creciente influencia de China en la región y el impacto de las decisiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Con el reciente cambio de gobierno en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina, todavía es temprano para saber cuáles serán las prioridades de estos gobiernos en cuanto al nivel de atención que le pondrán a la aplicación de las leyes anticorrupción y el impacto que esto generará en la región. Lo que sí se podría esperar, considerando el contexto global y la postura que parecería tomar el gobierno de Trump, es una mayor atención a la aplicación de las leyes de sanciones económicas y de importación y exportación, incluyendo un especial enfoque en la ciberseguridad. De ser así, las compañías deberán enfocarse en fortalecer sus programas de compliance en cuanto a la seguridad de sus estructuras tecnológicas, manejo de datos y de terceros”, analiza el socio de Miller & Chevalier.

Por si te lo perdiste: La importación de acero chino a Latinoamérica; México y Brasil estrechan alianza frente al T-MEC

Buenas prácticas, investigaciones internas y FA

El encuentro contará con la participación de 12 istas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.

El primer , “Transformando el Compliance: Innovación y buenas prácticas”, será moderado por Diego Ramírez, socio de Bustamante Fabara. Graciela Garay, directora de Ética, Compliance e Integridad de CONMEBOL; Tomás Silberman, Head of Business Development de Complif; Guillermo Jover, consejero de Ferrere; y Alejandro Rojas, partner en BLP, conversarán sobre el uso de tecnología y la creación de culturas organizacionales éticas, explorando casos de éxito y estrategias efectivas.

El segundo , “Investigaciones Internas: Transformando retos en oportunidades”, estará formado por Stephanía Bresque, directora legal de UPM; Óscar Tutasaura, socio de Posse Herrera Ruiz; Juan Pedro Quagliata, General Counsel en Megalabs; y Alejandro Visca, Senior Compliance Advisor en Galileo Financial Technologies. Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik (az), moderará el espacio e invitará a sus colegas a compartir enfoques innovadores y experiencias prácticas desde la recepción de una denuncia hasta la resolución final.

Carla Arellano, consejera en Ferrere, moderará el tercer , "FA y los efectos de su aplicación en los países de la región". Gabriela Vieira, General Counsel de dLocal; Verónica Sánchez, gerenta corporativa de Compliance en Corporación América Airports; Facundo Galeano, abogado de Miller & Chevalier; y Gustavo Papeschi, socio de Beccar Varela, analizarán por qué conocer el efecto extraterritorial de FA y su aplicación en empresas de la región es crucial para evitar sanciones de los órganos de control de EEUU.

Para acceder al programa, conocer en detalle los es e inscribirte de forma gratuita para participar del Foro Compliance Latam 2024, haz clic aquí.

*La plataforma Compliance Latam, dedicada al ecosistema del cumplimiento normativo en América Latina, está integrada por los despachos Albagli Zaliasnik (Chile); Basham, Ringe y Correa (México); Beccar Varela (Argentina); BLP (Centroamérica), Bustamante Fabara (Ecuador); B (Perú); Ferrere (Uruguay, Paraguay y Bolivia); Lefosse (Brasil); Miller & Chevalier (Estados Unidos); y Posse Herrera Ruiz (Colombia).

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'Overcompliance' 1g453v La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

Tue, 29 Oct 2024 22:18:23 +0000

'Overcompliance': La ley que controla el financiamiento de las ONG en Venezuela

La ley aprobada podría afectar la permanencia de más de 600 ONG que atienden a millones de venezolanos.

Redacción Lexlatin Tue, 29/10/2024 - 18:18

Luego de múltiples intentos por regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una normativa que, de acuerdo con analistas, socavará aún más las bases de la democracia venezolana, al atentar contra derechos humanos amparados por la Constitución.

Según sus objetivos, esta ley se ha elaborado para crear un sistema uniforme que regule el establecimiento, registro, organización y istración de este tipo de instituciones, con especial foco en transparentar sus finanzas y, con ello, a sus fuentes de financiamiento.

Te sugerimos leer: Corrupción en Latinoamérica: El compliance gana terreno ante la inaplicación de las normas

¿El sobrecumplimiento es ilegal?

La norma fue aprobada en tiempo perentorio por la Asamblea unicameral venezolana y, aunque ni la directiva parlamentaria ni la Presidencia de la República han firmado su "ejecútese", se espera que en cualquier momento sea publicada en Gaceta Oficial y entre en vigencia.

Convencido de la inconstitucionalidad de la norma, Marcos Carrillo Perera, socio especialista del área de litigios y soluciones alternativa de conflictos en AraqueReyna, es categórico al señalar que uno de los grandes desaciertos de esta ley es atentar contra la libertad de asociación, un derecho no solo consagrado constitucionalmente en el país, sino avalado por una serie de normativas internacionales que son ley en Venezuela.

"Esta ley afecta un derecho humano fundamental: la libertad de asociación y, eventualmente, la libertad de reunión y otros derechos conexos. El derecho de libertad de asociación está garantizado por una serie de cuerpos normativos y tratados internacionales ratificados por Venezuela y, por lo tanto, por la Constitución", comenta Marcos Carrillo Perera.

Con lo anterior, el especialista ejemplifica que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece como uno de los derechos fundamentales el de asociación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos también lo recogen. "En todos estos casos dice que puede haber restricciones, es cierto, pero solo aquellas que sean necesarias en una sociedad democrática. De modo que no es cualquier tipo de restricción, sino que tiene como condicionamiento la potenciación de la democracia. Por ejemplo, cuando se tratan temas de orden público, la salud u otros derechos y libertades".

A nivel constitucional, el abogado refiere que se tiene este derecho reconocido en el artículo 52, que establece que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos.

-El argumento del gobierno para su aprobación es luchar contra el blanqueo de capitales y apoyo al terrorismo ¿Tiene la ley relación con el compliance?

Marcos Carrillo Perera: El compliance no puede estar por encima de la Constitución y de los tratados. Una manera de violar estos derechos es el overcompliance, el sobrecumplimiento, al establecer unas normas en tal modo engorrosas y complicadas que hagan difícil ejercer el derecho de libertad de asociación.

En ese caso, el overcompliance es inconstitucional, porque va contra los derechos humanos.

Debes leer: La democracia se deteriora; ¿Cómo afecta al clima para hacer negocios?

Estrategia global

Marcos Carrillo dice que el ataque contra las ONG en Venezuela es de vieja data. Asegura que desde el año 2000, apenas un año después de que Hugo Chávez asumiera, el gobierno inició su embestida contra estas organizaciones, primero por vía de jurisprudencia y, desde 2006, con la presentación sistemática de proyectos de ley ese año y en 2011, 2017, 2021 y 2024.

-¿Se relaciona esta ley con otras que se han promulgado o están por aprobarse en la región?

Marcos Carrillo Perera: No es una ley aislada, sino que va en un contexto mundial, con nexos muy particulares con leyes similares que se han promulgado en Rusia, países africanos, en Europa del Este, el sudeste asiático y Latinoamérica. Estas buscan obstaculizar el derecho a la libertad de asociación y, en última instancia, el derecho a la cooperación internacional y a recibir financiamiento para actividades que van desde el desarrollo social hasta la promoción de derechos humanos.

-En una situación tan compleja como la actual para el Estado venezolano por las acusaciones de violación a los derechos humanos, ¿cómo afecta esta ley la imagen del país?

Lo que hace es consolidar una imagen de una Venezuela que está, lamentablemente, atentando contra principios democráticos básicos y elementales, no solamente en lo electoral, en la persecución política, sino en el ejercicio de derechos como el de libre asociación, que ya venían siendo coartados desde hacía tiempo con el de soberanía política. Esto lo que hace es un contexto más amplio, que ya parece ser una política.

Invaluables consecuencias

Si bien Marcos Carrillo dice no tener precisión de los efectos que esta ley pueda tener en el rol del país como actor del comercio internacional, asegura que habrá impactos en la economía interna, tomando en cuenta que las ONG no solo trabajan en la defensa de derechos políticos y civiles, sino que realizan obras de acción social en los sectores de educación, alimentación, salud, entre otras, dada la pérdida de capacidad del Estado ante la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de una década.

Al respecto, Sinergia, red de organizaciones de la sociedad civil, un organismo que agrupa a una gran mayoría de las ONG que hacen vida en el país, ha reiterado la importancia de la labor que realizan, advirtiendo que el impacto de que estas organizaciones dejen de operar será muy grande y perjudicará a millones de venezolanos.

Aun cuando esta organización no maneja cifras en cuento a los fondos que reciben las mas de 600 ONG que hay en el país, analistas económicos han señalado que se trata de recursos que mueven una pequeña economía de cooperación con alguna incidencia, máxime en las condiciones actuales de Venezuela, cuyo PIB se redujo a una cuarta parte de lo que fue en 2013.

A modo de ilustrar la situación, en su informe de agosto pasado, la Oficina de Cooperación para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), señaló que entre enero y agostos de 2024 esa dependencia de Naciones Unidas ofreció ayuda en alimentación salud y protección a más de 1,8 millones de venezolanos (59 % mujeres), para lo cual había recibido hasta ese momento 126 millones de dólares, apenas 17 % de los 617 millones de dólares que se estimaban serían necesarios este año para atender la emergencia humanitaria venezolana.

Texto relacionado: Delitos ambientales y transición energética, ¿cómo Venezuela desarrolla un marco legal ante el cambio climático?

Perverso empaque

-¿Hay algo que pueda considerarse un avance en esta ley?

Marcos Carrillo Perera: Sin lugar a dudas, es más sofisticada que leyes anteriores. A primera vista, llama a la transparencia, a la rendición de cuentas, que utiliza conceptos aceptados en el área, pero todo ello como mampara, y es ahí donde está el problema. Es una ley en apariencia muy buena, pero con muchas perversidades.

Se limita el derecho a asociación de manera muy discrecional y velada. Se prohíbe la promoción del fascismo, el odio, la discriminación o que se violen normas constitucionales. Eso no se puede permitir, el asunto es que, en el contexto actual, estos conceptos han sido utilizados de manera genérica e interesada para atacar a grupos, desprestigiarlos, perseguirlos. Conceptos que, a primera vista, pueden ser potables, al final son utilizados con otras intenciones.

Un segundo problema es que establece procedimientos muy engorrosos para el registro de las ONG, se están pidiendo 14 requisitos, algunos que no son para nada ordinarios. Por ejemplo, establecer el alcance territorial de la organización, establecer un régimen disciplinario, si el financiamiento es total o parcial, hecho por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Además, establece normas que pueden llevar a escoger personas no idóneas para dirigir la organización.

-¿Qué ocurre con el principio del doble registro?

Ese es otro de los problemas, que establece varios registros, hasta cuatro:

El registro subalterno, donde generalmente se inscriben las organizaciones civiles.
El registro nacional de ONG y organizaciones sin fines de lucro.
Si se es una ONG internacional, se debe inscribir en el registro de ONG internacionales.
Un cuarto registro antes órganos antiterrorismo.

Esto violenta el principio fundamental de buenas prácticas internacionales en esa materia, que es evitar a toda costa el doble registro.

Te interesa: ¿Las elecciones en Venezuela abren un nuevo capítulo para el país?

Leyes similares

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 50 países en el mundo cuentan con alguna ley que limita la actuación de las ONG. Por suerte, son pocos los países de América Latina donde existen estar normativa, siendo Cuba el decano y modelo seguido por otros, entre ellos:

Nicaragua: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Promulgada en octubre de 2020, la norma implementa medidas que obstaculizan las labores de las ONG, impiden recibir financiamiento externo y sometiéndolas a sanciones arbitrarias que, en la mayoría de los casos, ha desembocado en la cancelación de la personalidad jurídica. Bajo este paraguas, desde 2018 el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado y expropiado los bienes de al menos 6.000 ONG, la gran mayoría religiosas.

Guatemala: Decreto 4-2020

En 2020, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de 2003, imponiendo nuevos controles ejecutivos a las actividades financieras y istrativas de las organizaciones de la sociedad civil, concediéndose la potestad de cancelar el registro e ilegalizarlas. Como consecuencia, cerca del 90 % de las ONG que existían en el país a la entrada en vigencia de la ley no pudieron actualizar su registro. El problema sigue vigente.

Perú: Ley N.º 27692

La reforma a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de julio de 2024, faculta a APCI a controlar, supervisar y fiscalizar los recursos que reciben las ONG del exterior, además de registrar organizaciones que hacen activismo político. Los analistas creen que esto afectará incluso el trabajo de los medios de comunicación y organizaciones que hagan contraloría social al gobierno. Esta ley permanece congelada en el Congreso.

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Detrás del nombramiento de Yoab Bitran 3p5h21 Albagli Zaliasnik desvela su estrategia regional de compliance

Thu, 12 Sep 2024 21:12:20 +0000

Detrás del nombramiento de Yoab Bitran, Albagli Zaliasnik desvela su estrategia regional de compliance

El nuevo director de Compliance de AZ tiene la misión de convertir al despacho chileno en un referente regional en mejores prácticas. ¿Cuáles son los desafíos de América Latina?

Rocío Mellas Thu, 12/09/2024 - 17:12

La corrupción es un tema sensible en la mayoría de los países de la región: América Latina tiene un índice de percepción de la corrupción de 43/100, según datos del último reporte de la organización Transparencia Internacional. El común denominador, en casi todos los casos, es el debilitamiento de los sistemas judiciales.

“En cada protesta masiva a lo largo de la región salen reclamos sobre la corrupción. Si bien varios países están avanzando con reglamentaciones, la ley es una herramienta de contención: el principal desafío está en cómo se aplica esa ley. Hay una expectativa de que habrá una primavera de mejores prácticas éticas y anticorrupción en los países donde surgen estas regulaciones”, señala Yoab Bitran, quien acaba de ser anunciado como el nuevo director de compliance de Albagli Zaliasnik.

En materia de riesgos, no solo la corrupción desafía los negocios de la región, sino también el tráfico de influencias y el lavado de activos, y a estos se suman algunos nuevos —“bastante globales”— como ciberseguridad y protección de datos, que hace 20 años figuraban en las listas de prevención.

Para Bitran, si se considera al compliance desde la perspectiva de la cultura ética, los desafíos de las empresas se reducen.

“Si uno observa escándalos corporativos, las empresas que incurrieron en casos de malas prácticas tenían el checklist del compliance, pero les faltaba el corazón: la cultura ética. El checklist hay que tenerlo porque las reglas son importantes, pero por sí solas no generan el cambio que queremos. La cultura ética se vuelve fundamental”.

Estos escándalos, como Lava Jato, explica el abogado, tuvieron en común que sus programas de compliance tenían metas muy ambiciosas o poco razonables, de acuerdo con los expedientes.

“Aquellos colaboradores que habían expresado opiniones divergentes o dudas por temas éticos y regulatorios tuvieron represalias, fueron ignorados o echados. La falta de una cultura de speakout puede hacer mucho daño. Luego, esas mismas organizaciones se defienden diciendo que quienes incurren en los delitos son un grupo de manzanas podridas, malintencionadas, pero al final de los casos queda demostrado que no se trataba de un grupo, sino un árbol podrido, y ese árbol es la cultura. La mala práctica ocurre gracias a la cultura y a pesar de ella”, analiza Bitran.

Más sobre el tema: ¿Cuáles son los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina?

El capítulo chileno

“Gracias a movimientos como Me too o Ni Una Menos, vemos que en el centro de las empresas se ha tomado conciencia de nuevos riesgos, como el acoso laboral. No se trata de que estos riegos no existieran antes, sino que afortunadamente se ha tomado conciencia ahora. En Chile, una de las leyes más importantes de los últimos tiempos es la Ley Karin”, detalla Bitran.

A su vez, destaca la incidencia de la Ley de Delitos Económicos, que acaba de entrar en plena vigencia el 1° de septiembre en Chile.

“De alguna manera, entra en el contexto de normativas similares a otros países, que muchas veces se gatillan por el a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE los fuerza a responsabilizar de forma penal o istrativa a las empresas, a las personas jurídicas, por delitos que ocurren en su interior. En este sentido, en términos regulatorios, hay bastante alineamiento en la región”, explica.

Con la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos de Chile, que tipifica delitos vinculados con la actividad empresarial y amplía la responsabilidad a personas jurídicas, el catálogo de delitos se amplió a más de 250.

“La ley es una herramienta y estamos por ver si es eficaz o no. Hay que entender que surge en un clima bastante caliente, de cierta efervescencia y estallido social, en el marco de escándalos políticos por financiamiento ilegal”, amplía el abogado.

Te puede servir: Ley Karin; entra en vigencia la legislación contra el acoso laboral en Chile

Más allá del checklist

“Un programa de compliance no sirve de nada separado de las operaciones, tiene que estar completamente compenetrado con el negocio para que los colaboradores no lo vean como un obstáculo o como un freno, sino más bien como un partner estratégico y una ventaja competitiva. Por eso, lo más desafiante no es crear y aplicar un programa de compliance, sino crear una cultura ética”, opina.

Para medir la efectividad de un programa de compliance, el compliance tiene que ser parte de la mesa en la que se toman decisiones. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esas decisiones éticas entran en conflicto con los resultados financieros?

“Es posible que haya decisiones que en el corto plazo sean menos rentables en razón de consideraciones éticas. Sin embargo, hay bastante evidencia que muestra que, en este cambio generacional que hay en el mundo del trabajo, consumidores e inversionistas tienen en cuenta la reputación de las empresas. Por eso, es más rentable hacer lo correcto de manera sostenida. Las empresas con cultura ética y programas efectivos son más rentables. Los programas de compliance deben ser evaluados y medidos; hoy día los mejores estándares están en la guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, comparte.

Quizá te interesa: El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

El perfil de Yoab Bitran

Yoab Bitran estará a cargo de diseñar una propuesta de valor basada en la prevención y gestión activa de los riesgos legales, regulatorios y reputacionales de las compañías y organizaciones de Chile.

“Me entusiasma mantener y potenciar el liderazgo de AZ en nuestro país y convertirnos en un referente regional en mejores prácticas de compliance. La firma ha sido pionera y visionaria en la región, por eso para mí es un gran desafío profesional. Tenemos la oportunidad de incidir de forma importante en elevar los estándares de ética en Latinoamérica, aprovechando, además, nuestro rol como fundadores y coordinadores de la plataforma Compliance Latam”, adelantó sobre su rol el magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa (Universidad de Chile).

Junto a Rodrigo Albagli, socio del despacho chileno, Yoab liderará el departamento de compliance con una misión: poner al servicio sus 15 años de experiencia para promover el liderazgo ético y las mejores prácticas en empresas y organizaciones.

Yoab Bitran es abogado y magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa por la Universidad de Chile. Además, tiene un LL.M en Boston University. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como director académico del Diplomado Compliance LatAm de Thomson Reuters y ha sido profesor del Diplomado Legal Management Program LatAm de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

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Ministro de Justicia de Argentina r6w2e "Debemos mejorar nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”

Sat, 07 Sep 2024 22:49:51 +0000

Ministro de Justicia de Argentina: "Debemos mejorar nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”

Mariano Cúneo Libarona señaló que el gobierno de Javier Milei quiere que haya un cambio profundo para convertir a la Argentina en un país serio a largo plazo.

Rocío Mellas Sat, 07/09/2024 - 18:49

“Tenemos una deuda con la Justicia”, sostuvo Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Argentina, en el marco del 7th Marval International Summit on Compliance 2024.

El encuentro internacional, organizado por el despacho argentino Marval O´Farrell Mairal, se llevó a cabo el 3 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. Durante la jornada, 25 expertos locales e internacionales compartieron su conocimiento y sus experiencias sobre los desafíos más relevantes en materia de compliance, anticorrupción e investigaciones en América Latina.

Cúneo Libarona participó como speaker de la cumbre y detalló las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en términos de anticorrupción.

“El presidente quiere que haya un cambio profundo para convertir a la Argentina en un país serio a largo plazo, con seguridad jurídica. Estamos achicando el Estado y eso, en sí mismo, es luchar contra la corrupción: menos Estado es menos delito. No podemos aspirar a insertarnos nuevamente en el mundo si no mejoramos nuestros indicadores de transparencia y lucha contra la corrupción”, aseveró el funcionario.

Te interesará leer: ¿Cuáles son los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina?

Proyectos de ley en la mira

El ministro de Justicia adelantó que impulsará la creación de una fiscalía anticorrupción y dos proyectos de ley: decomiso anticipado de bienes provenientes de delitos y Ficha Limpia.

“Vamos a presentar una nueva ley de decomiso anticipado para evitar que los delincuentes obtengan beneficios del delito y una ley de Ficha Limpia, para que las personas involucradas en algún delito no puedan presentarse como candidatos electorales”.

Cúneo Libarona también apuntó contra la oposición: “Pensé que con la llegada de Milei al poder iba a haber más unión, pero seguimos enfrentando obstáculos: no todos reman para el mismo lado”.

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La reputación como proyecto país

Uno de los partidos más importantes que está jugando la Argentina hoy día no tiene a Lionel Messi ni a la Scalonetta como protagonistas, sino al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La calificación que reciba el país impactará, de lleno, en su reputación internacional, en el programa de atracción de inversiones y en las posibilidades de refinanciación de la deuda externa.

“Espero que la Unidad de Información Financiera (UIF) se despierte de la siesta del pasado para encarar una seria negociación con el GAFI”, advirtió Cúneo Libarona.

Más info sobre lo que está pasando en la región: El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

Hacia la reforma del Código Penal

Más allá de transparentar la Justicia, uno de los objetivos del mandato de Cúneo Libarona es encarar un proyecto de ley para modificar el Código Penal.

“Queremos incorporar nuevos tipos penales. Nuestro Código, que es del año 1921, está asincrónico. Es importante repensar los conceptos de fraude, desvío de planes sociales, juicios falsos, estafa procesal, enriquecimiento ilícito, responsabilidad de las personas jurídicas, lavado de activos, omisión de denuncia y cohecho privado, entre otros, por un modelo distinto, más preciso y menos genérico”, anticipó.

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Marval O'Farrell Mairal

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El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos 3i5x45 Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

Sat, 31 Aug 2024 21:21:21 +0000

El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

A partir de ahora, las empresas públicas y privadas pueden ser objeto de persecución penal. ¿Por qué se habla de la reforma del siglo y cómo impactará la implementación de los programas de compliance?

Rocío Mellas Sat, 31/08/2024 - 17:21

Este 1 de septiembre entró en plena vigencia en Chile la Ley de Delitos Económicos, que tipifica delitos vinculados con la actividad empresarial y amplía la responsabilidad a personas jurídicas. El objetivo de la norma, considerada el hito judicial más importante del país desde la publicación del Código Penal en 1874, es combatir la impunidad económica.

Las empresas chilenas tuvieron un año para prepararse y robustecer sus programas de compliance, luego de que el 17 de agosto de 2023 el gobierno de Gabriel Boric promulgara la Ley N° 21.595.

Gabriel Boric

“Esta nueva ley contribuirá a rescatar las confianzas que se han dañado: sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, regula las penas y consecuencias aplicables a las personas responsables de estos delitos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar y complementar su normativa en el ámbito del derecho penal económico”, había anunciado el mandatario chileno en un marco de extrema presión social.

En ese entonces, el Congreso exigía endurecer las penas de los popularmente llamados delitos de cuello y corbata.

En una primera etapa, la ley incorporó una veintena de delitos con foco en la responsabilidad penal de los individuos. En esta segunda etapa, amplía el catálogo de delitos contemplados en la Ley N° 20.393 a más de 200, con foco en la responsabilidad de las empresas.

Francisca Franzani

“La Ley de Delitos Económicos tiene, principalmente, tres objetivos: en primer lugar, sistematiza los delitos que pueden ser considerados como económicos en un solo cuerpo legal; en segundo lugar, establece un sistema de determinación de penas especiales para este tipo de delitos, que contempla atenuantes, agravantes especiales, reglas específicas y más restrictivas para el establecimiento de penas sustitutivas y, finalmente, y en lo que respecta a la persona jurídica, busca comprometer a las empresas y otros organismos en la lucha contra la corrupción y la prevención de delitos relacionados con las actividades económicas, estableciendo incentivos como eximentes de responsabilidad para aquellas empresas que se tomen en serio esta labor y establezcan un modelo de prevención de delitos efectivo, de acuerdo con sus actividades, rubro, tamaño y recursos”, sintetiza Francisca Franzani, socia del área compliance y white collar de DLA Piper.

Esta norma, detalla Rodrigo Aldoney, consejero sénior de Carey, busca además mayor severidad en la sanción de delitos económicos en un doble sentido.

Rodrigo Aldoney

“Sin elevar el marco de las sanciones penales, endurece la determinación y ejecución de la pena respecto de las personas naturales, buscando que se cumpla efectivamente la pena privativa de libertad y también busca radicar la sanción en quien se podría considerar el verdadero culpable de muchos delitos económicos: la propia organización del individuo que comete el delito".

Así, refiere el especialista, las empresas y otras personas jurídicas deben responder penalmente por todas las actividades que desarrollen y que pueden incurrir en un delito, y no solo con una multa como un costo menor.

"De este modo, se busca fortalecer el efecto disuasivo de la pena: la empresa ya no podrá eludir la sanción radicando la responsabilidad exclusivamente en el individuo que actuó a su nombre”, señala.

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La prevención, el quid de la cuestión para las empresas

La Ley de Delitos Económicos ha estado en boca de todos porque asume, por sí sola, un desafío: la implementación de una cultura ética. ¿Cómo es eso? Las empresas públicas y privadas vienen trabajando en sus programas de compliance desde hace tiempo, sobre todo luego de escándalos regionales como el Caso Convenios, Odebrecht, Panamá Papers y Lava Jato, entre otros.

Aunque todas las compañías involucradas en los casos mencionados tenían un checklist de documentos vinculados a códigos de ética, manuales anticorrupción y capacitaciones sobre lavado de activos, estas tuvieron una falta no menor: la implementación de sus documentos; no había en las organizaciones una cultura ética.

En este sentido, la Ley de Delitos Económicos ha generado un fuerte impacto en la organización de los sistemas internos de las empresas.

“La clave estará en prevenir la comisión de delitos, mediante el establecimiento de un Modelo de Prevención que permita incentivar y generar una cultura ética de hacer las cosas”, opina Franzani.

Al respecto, Aldoney advierte que el desarrollo de la actividad empresarial se enfrenta a riesgos sancionatorios sin parangón en el ordenamiento jurídico chileno, complejizando las funciones directivas en la empresa.

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¿Nuevo marco legal o cambio de paradigma">

Rodrigo Albagli, managing partner de Albagli Zaliasnik, refiere que con este marco estarán expuestos los modelos de prevención meramente 'cosméticos', pues son estos los que revelan la voluntad real de las empresas para avanzar hacia mejores prácticas con cultura ética sólida,

Rodrigo Albagli

“Efectivamente, es más bien un cambio de paradigma, porque está impulsando un cambio cultural muy profundo al interior de las empresas. Hoy existe una comprensión entre las compañías sobre la importancia que tiene contar con un programa de prevención de riesgos que permita identificarlos; establecer protocolos; asignar responsables de este tema y realizar una evaluación continua. El mayor desafío es contar con un programa de prevención de delitos que sea realmente efectivo".

A decir de Albagli, un programa de prevención de riesgos efectivo será la principal defensa que tendrán las compañías en caso de que se cometa un delito dentro de su organización: sí para evitar multas e incluso penas privativas de libertad, pero también, y quizás aún más importante, porque la evidencia práctica demuestra que una sólida cultura ética y de compliance, apoyada y promovida por el directorio de las compañías, deviene en mejores indicadores de innovación, adaptabilidad, lealtad de colaboradores, atracción de talento, satisfacción de clientes y reputación.

Guillermo Acuña

“Perfectamente puede hablarse de un cambio de paradigma", manifiesta Guillermo Acuña, socio de Carey, quien explica que el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, existente en Chile desde 2009, ha sido objeto de varias modificaciones a lo largo de los años, pero todas ellas orientadas a ir sumando nuevos delitos. En 2022, por ejemplo, se sumaron cerca de 20 delitos, manteniéndose siempre el esquema original. En cambio —refiere— con esta nueva ley, más allá de la mayor severidad en las posibles sanciones a las personas naturales, con un catálogo de más de 250 delitos, las empresas podrían ser responsables por prácticamente cualquier situación delictiva que pueda darse en el marco de sus actividades.

"Hay quienes afirman que un catálogo tan extenso equivale casi a la inexistencia de este; en este marco, además, se amplía de manera importante el espectro de personas que pueden generar responsabilidad penal para una empresa, incorporándose sujetos externos, como quienes presten servicios de gestión de asuntos a terceros. Esos y otros cambios nos permiten concluir que la modificación al régimen es de verdad radical. Con todo, es importante mencionar que se mantiene vigente una pieza fundamental de nuestro sistema: la empresa solo responde por un delito cuando se ve favorecida por este, así como por haber facilitado su comisión por la falta de implementación efectiva de un adecuado modelo de prevención. Por lo tanto, el modelo sigue siendo una pieza clave en la prevención y protección frente a la eventual responsabilidad penal de la empresa”, comenta.

Tomás Ovalle, asociado del área de compliance de Cuatrecasas, coincide en que las empresas se enfrentan a un cambio de paradigma, pues para poder enfrentar este nuevo marco han debido revisar todo su quehacer y sus actividades, y no solo los servicios que prestan para terceros, sino también cuestiones internas. Además de prevenir y orientar a sus colaboradores, ejecutivos e incluso a terceros que obren por ella sobre la comisión de delitos económicos.

Tomás Ovalle

“Si bien se crearon y modificaron varios delitos, el verdadero nuevo marco legal lo encontramos en las consecuencias a las que se enfrentarán las personas que cometan un delito económico: la comisión de delito económico gatilla un catálogo especial de atenuantes y agravantes, restricciones relevantes para acceder a penas sustitutivas, inhabilidades severas y nuevas formas para calcular multas, entre otros aspectos. Con esta nueva ley, las personas se enfrentarán a un estatuto penal paralelo al estatuto penal común, especialmente diseñado para que, en caso de ser condenadas, deban cumplir la pena en un recinto penitenciario", comenta Tomás Ovalle.

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Compliance, el gran aliado

Identificar riesgos suena sencillo, pero es complejo. Como comentan los expertos, la plena vigencia de la Ley de Delitos Económicos trae aparejada, indirectamente, la plena vigencia del programa de compliance de cada empresa y organización, ya sea pública o privada.

“El mayor desafío para las empresas es realizar un trabajo de compliance en el sentido de analizar sus actividades, identificar los riesgos que existan y, en dicho contexto, levantar los controles adecuados a su realidad, a diferencia de como se hacía hasta hace un tiempo, que era algo más automatizado y solo con un enfoque a riesgos operacionales más que legales o penales", comparte Franzani.

Franzani observa que el contexto ha permitido dar la relevancia que corresponde a la capacitación continua, la comunicación efectiva y el liderazgo 'desde la cima', ya que lo que realmente se requiere es que esta actividad se incorpore de manera transversal a la organización, jugando la cultura corporativa un papel fundamental. "Hoy día el mayor riesgo que puede correr una empresa es decir que cuenta con un sistema de compliance, pero que este no se aplique en la práctica”, menciona.

Según Tomás Kubick, socio del área Mercantil de Cuatrecasas, el desafío radica más en el mindset de la cultura organizacional que en el cumplimiento en sí.

Tomás Kubick

“En términos de prevención de delitos, el principal desafío está en la elaboración de un programa de cumplimiento que haga frente a cientos de posibles tipos penales, encontrando problemas de distintos tipos, desde cómo documentamos procesos, controles y la evidencia de que fueron ejecutados, hasta cuánto presupuesto destinamos a la operación del programa de cumplimiento. En términos de cultura organizacional el desafío es aún mayor, especialmente si consideramos que uno de los grandes riesgos de esta ley es que la disputa tradicionalmente comercial se vuelva penal, con las implicancias reputacionales que ello conlleva".

Para Kubick es importante cuestionarse qué incentivos ponen los KPI que fija el directorio a sus ejecutivos, cómo se logra una cultura de cumplimiento sin crear una cultura de la sospecha del compañero de trabajo que impide una vida armónica entre colaboradores, qué controles se van a tener con aquellos terceros que realicen funciones por la empresa, qué premios por éxito se les da a sus asesores externos, entre otros.

"Pensemos en abogados, contadores, gestores de intereses, asesores ambientales y tantos otros que pueden generar responsabilidad en la empresa. ¿Cómo sostener prácticas comerciales, a veces difíciles, sin temor a una recriminación penal? Pensemos en la figura del abuso del mayoritario, ¿cómo se ejerce el legítimo control de una sociedad anónima si mis decisiones pueden dar lugar a una disputa penal? En síntesis, cómo vamos a equilibrar el legítimo interés de prevenir el delito con la toma de decisiones comerciales”, reflexiona.

De acuerdo con Acuña, si antes eran relativamente pocas las áreas de la empresa cuyos procesos se debían analizar desde la perspectiva penal, hoy el ejercicio se debe extender a prácticamente todas las operaciones y procesos, con sectores que antes estaban relativamente ajenos al scope del modelo de prevención penal.

"La misma amplitud ha generado el desafío de transmitir que la tarea de istrar el modelo de prevención ya no puede recaer exclusivamente en una sola persona, sino que es tarea de todos los especialistas que lideren cada una de las áreas ir identificando eventuales riesgos y sugerir o implementar medidas de prevención. Es en este punto en donde se han generado los principales cambios en la cultura organizacional de las empresas”, observa el socio de Carey.

Si bien con la Ley de Delitos Económicos las empresas se expondrán a sanciones, multas exponenciales de hasta 160 millones de dólares, sentencias públicas, comiso de ganancias, rupturas de contratos con el Estado o quita de incentivos fiscales, entre otras, las más graves son la disolución de la persona jurídica y el daño reputacional.

“Esta ley ha generado expectativas en la ciudadanía y en el entorno empresarial. Por eso, una marca involucrada en la comisión de un delito afectará la confianza de los consumidores y tendrá impacto en la pérdida de alianzas estratégicas y en la reducción de la valoración en el mercado”, concluye Franzani.

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¿Cuáles son los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina? 4n4ny

Thu, 29 Aug 2024 15:01:38 +0000

¿Cuáles son los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina?

La mayoría de los países de América Latina está perdiendo la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el denominador común?

Rocío Mellas Thu, 29/08/2024 - 11:01

Al observar el mapa global de corrupción, la región latinoamericana está prendida en fuego: la mayoría de los países tienen un puntaje inferior a 50/100 en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Según datos relevados por Transparencia Internacional (TI), todos los países de América Latina, salvo Uruguay, Chile y Costa Rica, están perdiendo la lucha contra la corrupción y el principal problema identificado como denominador común es la falta de independencia del Poder Judicial.

“La capacidad de aplicación efectiva de la normativa anticorrupción es uno de los grandes retos de la región”, sostiene Lorena Schiariti, socia del área de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval, O’Farrell & Mairal.

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El rol de comunidad legal en la lucha contra la corrupción

“En la evolución de las prácticas de compliance de la región, la comunidad legal juega un papel muy importante: no solo al sostener las buenas prácticas sino, principalmente, al mantener y transmitir las buenas prácticas que se imponen en los países con mayores niveles de aplicación efectiva y control, sobre todo en casos donde la legislación está más desarrollada y es de aplicación extraterritorial”, considera Schiariti.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando la independencia judicial no está garantizada? Por un lado, se debilita el Estado de derecho, por otro, se promueven prácticas de corrupción. En este sentido, es menester retroalimentarse de la implementación de programas de cumplimiento efectivos en otras regiones.

“A diferencia de lo que sucede en América Latina, las autoridades de Estados Unidos tienen independencia, experiencia y recursos para aplicar este tipo de normativa. De hecho, nos llevan una gran ventaja en virtud de los años de vigencia de la Foreign Corrupt Practices Act (FA). Esto conlleva mayor experiencia y, por lo tanto, precedentes y criterios uniformes y ampliamente difundidos sobre la aplicación de la normativa”, compara la especialista en políticas de transparencia.

La aplicación de estándares y metodologías de prevención y diligencia aplicables al compliance anticorrupción a otras materias, como por ejemplo, la materia ambiental y de derechos humanos se está extendiendo a América Latina.

"Si bien esta aplicación en el continente europeo surge de la normativa de la Unión Europea, en los países de Latinoamérica surge más bien de la extensión de buenas prácticas de compliance anticorrupción y criterios de soft law”, detalla Andrés O'Farrell, socio del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval.

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Lavado de dinero: regulación y perspectivas

Para O'Farrell, la regulación contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la industria financiera ha evolucionado de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque más dinámico, basado en el riesgo.

Andrés O´Farrell

“El cambio está impulsando a las instituciones a adoptar nuevas medidas, enfocadas en prevenir o mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), que tengan correspondencia con los riesgos identificados y que permitan una asignación de recursos más efectiva”, analiza.

Las tres tendencias regionales en materia de lavado de dinero que identifica el especialista en delitos de corrupción son:

La implementación de procedimientos de monitoreo basados en riesgo, para revisar de forma continua y sistemática las actividades de los sujetos obligados y, así, detectar de forma más eficaz nuevas áreas de exposición o comportamientos irregulares.
La priorización de acciones correctivas por sobre sanciones en casos de incumplimientos formales, a fin de mejorar el sistema de prevención LA/FT del sujeto obligado, con una supervisión más colaborativa de parte de la UIF.
La búsqueda de reporte de operaciones sospechosas de calidad por sobre aquellos defensivos, priorizando el procesamiento de información clara, específica y relevante que les permita a las autoridades tomar acciones concretas y efectivas.

“Se está transitando de una etapa centrada en el cumplimiento normativo hacia otra etapa en donde la efectividad en la implementación ocupa un rol primordial en la lucha contra el LA/FT. En este contexto, el programa de compliance es la herramienta por excelencia que facilita la transición de los requisitos normativos desde una declaración aspiracional hacia una implementación concreta y efectiva en la operación cotidiana de las empresas, abarcando todos sus niveles. Sin un programa de compliance bien diseñado y ejecutado, las exigencias regulatorias podrían quedar en simples formalidades sin impacto real. Por eso, el programa de compliance garantiza que las políticas, procedimientos y controles necesarios para cumplir con las normativas se integren de manera efectiva en las actividades diarias de la empresa; y esto incluye la capacitación del personal, el establecimiento de canales de reporte, la creación de controles internos sólidos y la implementación de mecanismos de monitoreo y auditoría continua”, resume el socio de Marval.

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IA en la gestión de compliance

Si la inteligencia artificial puede transformar el modo en que se vienen haciendo las auditorías internas y anticipar la detección de fraudes, ¿qué rol tendrán los profesionales en la supervisión de la herramienta?

“La utilización de IA puede tener un gran impacto en facilitar un test inicial. Entendemos que el mayor diferencial puede surgir de la posibilidad de detectar anomalías en forma temprana, pero corresponderá a los abogados encuadrar esa anomalía, definir su riesgo potencial, el curso de acción a seguir respecto al caso puntual, diseñar herramientas o procesos de prevención adecuados y definir el riesgo remanente para efectuar los ajustes necesarios”, opina Lorena Schiariti.

O'Farrell entiende que el potencial de implementación de IA depende de cada organización. “En algunos casos puede ser muy útil, pero en otros podría implicar gastos o riesgos innecesarios. Aún no hemos visto una aplicación muy extendida en la práctica”, observa.

Más sobre el tema: Inteligencia artificial: ¿quién será responsable de supervisar las reglas de creación y uso?

Beneficios y limitaciones del uso de IA en la gestión de compliance

Lorena Schiariti y Andrés O'Farrell, socios del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval, comparten tres oportunidades y tres retos de implementación de la IA:

1. La automatización y la eficiencia operativa, especialmente en tareas repetitivas como el monitoreo de transacciones, la verificación de antecedentes y la generación de reportes regulatorios.

2. La posibilidad de monitoreo y detección de anomalías en tiempo real, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas.

3. La adaptación y mejora continua, en la medida en que la IA puede mejorar continuamente su precisión a medida que analiza más datos.

4. La fuerte dependencia de la cantidad, representatividad y la calidad de los datos sobre los que se entrena la IA. Si los datos son incompletos, inexactos o sesgados, los resultados que genera la IA también pueden ser erróneos o poco útiles, lo que puede llevar a decisiones incorrectas.

5. Los desafíos en materia de transparencia, ya que en ciertos modelos de IA no siempre es claro cómo llegan a ciertas conclusiones.

No te pierdas: Latinoamérica sacudida por la corrupción, ¿qué pasa en Perú, Colombia, Chile y Uruguay?

Punto de encuentro e intercambio

Con el objetivo de crear sinergia entre colegas e intercambiar conocimientos y experiencias sobre buenas prácticas, el despacho argentino organizó la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption and Investigations.

El foro, que se llevará a cabo el 3 de septiembre en formato blended, reunirá a más de 20 speakers internacionales y 500 asistentes de Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, India, Malasia, México, Nigeria, Perú, Ucrania y Uruguay.

“Se trata de un evento que ya se ganó un lugar en el mercado porque ofrece la oportunidad de reunirse con colegas que enfrentan los mismos desafíos en materia de compliance y permite ponerse al día con las novedades a nivel global en la materia. En esta edición, nos acompañarán nuevas autoridades de Argentina, que nos permitirán conocer de primera mano, y desde un punto de vista técnico-jurídico, cuál es su criterio y acercamiento a la lucha contra la corrupción”, adelanta Andrés O'Farrell, socio del departamento de Compliance, Anticorrupción e Investigaciones de Marval.

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