Datos personales 65185u

En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales 5h342 ¿cómo deben adaptarse las empresas?

Fri, 13 Jun 2025 03:47:30 +0000

En Paraguay avanza proyecto de ley de protección de datos personales, ¿cómo deben adaptarse las empresas?

El auge de la digitalización en Paraguay trae consigo retos sobre la protección de datos y la ciberseguridad.

Redacción Lexlatin Thu, 12/06/2025 - 23:47

En los últimos años, la digitalización ha transformado radicalmente la forma en que operan las empresas en Paraguay. Desde servicios financieros hasta el comercio minorista, casi ninguna actividad económica escapa al uso intensivo de datos personales. En este contexto, el cumplimiento normativo —o compliance— se vuelve cada vez más transversal: ya no basta con prevenir el lavado de dinero o la corrupción, sino que es imprescindible extender este compromiso ético y legal a otras áreas clave, como la ciberseguridad y la protección de datos personales.

El avance de la digitalización impone nuevos desafíos a la gestión empresarial. No se trata solo de adaptarse tecnológicamente, sino de desarrollar una cultura de cumplimiento que integre la privacidad de los datos como un derecho fundamental. Hoy, cualquier empresa —sin importar su rubro— maneja información sensible de clientes, empleados y terceros. Esta recolección y tratamiento de datos no puede realizarse sin criterios claros, políticas internas bien definidas y un marco legal que garantice la transparencia, seguridad y respeto a los datos personales de los ciudadanos.

Te puede interesar: ¿Dónde está Latinoamérica en materia de protección de datos?

En Paraguay, la normativa vigente en protección de datos aún es parcial. Si bien contamos con la Ley N.º 6534/2020, que regula los datos personales crediticios, y algunas disposiciones complementarias dispersas en varias leyes, —como la de comercio electrónico y la ley que prohíbe la publicidad no autorizada por los s titulares de telefonía móvil, entre otras—, todavía carecemos de un marco integral que abarque el tratamiento general de datos. Afortunadamente, se encuentra en estudio un proyecto de ley inspirado en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que contempla principios como la licitud, exactitud, proporcionalidad y el deber de seguridad, e introduce nuevas bases legales para el tratamiento de datos, además del consentimiento.

Este proyecto también plantea la creación de una autoridad especializada que supervise el cumplimiento y fiscalice las infracciones, un paso esencial si queremos transitar hacia estándares internacionales. Su eventual aprobación no solo fortalecería la protección de los derechos fundamentales, sino que también posicionaría mejor a las empresas paraguayas en el mercado global, donde la protección de datos es, desde hace tiempo, un factor determinante en las decisiones de inversión y de confianza comercial.

En este escenario, las empresas deberán repensar su estructura interna de cumplimiento. Así como hoy es común contar con oficiales de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y corrupción, mañana será indispensable incorporar roles específicos como el encargado de tratamiento de datos personales, para la gestión de riesgos digitales y en la implementación de políticas de privacidad y seguridad.

Quizá quieras leer: Ante los ciberataques, ¿cuánto han avanzado las leyes en América Latina en protección de datos?

En este contexto, contar con un encargado del tratamiento de datos personales dejará de ser una recomendación para convertirse en una necesidad estratégica. Tal como prevé el proyecto de ley —en camino a ser aprobado—, las organizaciones deberán designar a un Oficial de Protección de Datos, que supervise el cumplimiento normativo en materia de privacidad. Este rol no solo implicará garantizar el consentimiento informado, la licitud del tratamiento y la transparencia en la gestión de los datos, sino también asegurar medidas de seguridad apropiadas, gestionar incidentes, evaluar impactos y controlar la legalidad de las transferencias internacionales de datos.

La presencia de este perfil profesional, cuya figura se alinea con las mejores prácticas de gobernanza y protección de datos a nivel internacional, será clave para mitigar riesgos legales y reputacionales. En un escenario donde los escándalos locales por uso indebido de datos han quebrantado la confianza de los consumidores, las empresas que demuestren responsabilidad proactiva en la protección de la información de sus s marcarán la diferencia. La implementación de estándares más exigentes en privacidad no será solo un tema legal: será un activo intangible, generador de credibilidad y confianza, que sin dudas destacará a nivel competitivo.

*Manuel Arias es socio y Camila Solalinde es asociada, ambos de BKM | Berkemeyer.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

Paraguay, Datos personales, ciberataque, Compliance

Noticia Principal

Off

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Activar Mow Player

Guía sobre protección de datos personales en América Latina 6r4c2c ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Wed, 21 May 2025 17:59:07 +0000

Guía sobre protección de datos personales en América Latina: ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas?

Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, una herramienta colaborativa que mapea en profundidad desafíos y aprendizajes de diferentes jurisdicciones de la región.

Rocío Mellas Wed, 21/05/2025 - 13:59

Con el objetivo de crear un punto de partida para analizar la implementación de políticas de protección de datos en la región, la plataforma Compliance Latam publicó la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales. El documento, que reúne los principales estándares, avances legislativos y desafíos regulatorios de múltiples jurisdicciones latinoamericanas, demuestra que la privacidad, el cumplimiento y la competitividad no están en esferas separadas, sino que complementan como pilares de una gestión empresarial sostenible y responsable.

Según el informe, el reto de las empresas que operan en América Latina es transversal: traducir el cumplimiento normativo en valor de negocio y hacerlo parte del ADN organizacional.

“La guía nació como respuesta a las necesidades de los equipos legales y de cumplimiento, y fue creada por firmas líderes de la región que forman parte de la red Compliance Latam. El disparador inicial fue identificar los avances normativos en materia de protección de datos para luego brindar una mirada integral en cada una de las jurisdicciones. Esto lo hicimos con el mismo espíritu que convoca a la red: crear valor para nuestros clientes mediante la colaboración activa de todos los integrantes”, comparte Rodrigo Albagli, socio del despacho chileno Albagli Zaliasnik.

Quizá te interesa: ¿Cuáles son los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina?

Estándares desiguales, enforcement debilitado y un denominador común: llevar la privacidad al corazón de la cultura organizacional

Pese a las diferencias institucionales entre los países estudiados, hay un denominador común en el que todos coinciden: la protección de la privacidad como un derecho fundamental.

“En todas las jurisdicciones se reconoce que los datos personales deben ser tratados de acuerdo con principios clave como legalidad, transparencia, minimización de datos y confidencialidad. Asimismo, reconocen la importancia de los derechos de los titulares, como el , rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Estos principios buscan garantizar que el tratamiento de datos sea siempre adecuado, relevante y proporcional al propósito para el que fueron recolectados y que los individuos tengan control sobre sus propios datos”, señala Marlyn Narkis, socia del despacho panameño MDU Legal.

Ahora bien, podría decirse que la principal brecha no está en el diseño de las leyes, sino en su implementación.

Yoab Bitran, director del grupo de Compliance de Albagli Zaliasnik, advierte que la región arrastra un problema estructural: falta de enforcement.

“Si bien varios países cuentan con nuevas regulaciones en línea con mejores estándares globales, tenemos muy pocos casos y muy pocas sanciones. Lo que genera cambios es la aplicación más que la promulgación; sin aplicación, no hay cambio real”, remarca el experto.

En ese sentido, destaca que la institucionalidad es un activo que diferencia a países como Chile, Uruguay o Costa Rica, que muestran mayor previsibilidad jurídica.

“Por regla general, el compliance solo puede avanzar cuando existe Estado de derecho, institucionalidad y libertad. Por lo tanto, existe una correlación tácita: aquellos países que tienen mayores dificultades en estas materias, son los que están más atrasados en términos de compliance”, explica.

En el caso puntual de Chile, el abogado reconoce que el avance normativo es un modelo para toda la región, pero que el país trasandino no escapa a la realidad de otros países en cuanto a su aplicación.

“Las propias autoridades encargadas de fiscalizar y perseguir infracciones o delitos han solicitado mayores recursos, tanto humanos como económicos, para poder llevar a cabo su labor. En cuanto a institucionalidad y entorno de negocios, Chile sigue manteniendo cierto nivel de liderazgo regional y continúa liderando en la mayoría de los rankings”, comenta Bitran.

Porque te interesa este tema, te recomendamos: Detrás del nombramiento de Yoab Bitran, Albagli Zaliasnik desvela su estrategia regional de compliance

Compliance más allá de las fronteras

Según Marcelo Coimbra, socio fundador del despacho brasileño FCR Law, la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales permite anticipar riesgos, tomar decisiones fundamentadas y adaptar políticas de compliance a múltiples jurisdicciones.

“Para las compañías con operaciones transnacionales, contar con esta referencia comparativa facilita no solo la expansión, sino también una gestión proactiva del cumplimiento normativo en un entorno legal desafiante y diverso. La expansión regional solo es viable si hay gestión proactiva del cumplimiento, y esa es la base de la seguridad jurídica que exigen los inversores y las empresas globales”, afirma.

Leon Weinstok, director del despacho costarricense BLP, añade que “el desafío es lograr un modelo eficiente de protección de datos que respete los derechos de las personas, que dialogue con estándares internacionales y que sea aplicable a la realidad operativa de cada país”.

No te lo pierdas: Financiamiento de programas DEI: ¿Qué pasará con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en Latinoamérica?

Cultura organizacional, la gran aliada

Los de la red Compliance Latam coinciden en que el verdadero desafío no es legal, sino cultural. Entonces, ¿cuál es el rol de las firmas legales a la hora de acompañar la implementación de programas de cumplimiento?

Esteban Dávila, asociado sénior del despacho ecuatoriano Bustamante Fabara, sostiene que el rol de los despachos jurídicos debe ser estratégico, no solo normativo.

“Nuestra función es traducir la protección de datos en reputación, competitividad y confianza. Por eso, debemos enfocarnos en traducir normas en valor empresarial, impulsar el liderazgo desde la alta dirección, diseñar un programa de gobernanza de datos pragmático y promover una cultura de datos”, considera.

Desde su experiencia, Dávila cree que los estudios jurídicos deben explicar cómo la protección de datos personales no sólo mitiga riesgos legales, sino que también fortalece la reputación y confianza del mercado, genera ventajas competitivas sostenibles y alinea la gestión de datos con objetivos comerciales.

“Los estudios jurídicos debemos sensibilizar y capacitar al C-level, posicionando la privacidad como un tema estratégico. Esto implica, por ejemplo, participar en comités de gobierno corporativo, presentar análisis de impacto legal alineados con KPIs del negocio y mostrar precedentes regulatorios que evidencien la responsabilidad directa de los altos ejecutivos”, recomienda.

Salvador Bartolomé, socio del despacho español Bartolomé & Briones, coincide en que las firmas legales tienen un rol clave como facilitadores y promotores de una cultura de cumplimiento normativo y de protección de datos dentro de las organizaciones.

Para el experto, el rol de los estudios jurídicos implica tender un puente entre lo real y lo legal: “La labor de las firmas legales no solo debe limitarse al asesoramiento legal, sino que debe tener en cuenta aspectos prácticos, organizativos y estratégicos propios de cada organización, necesarios a fin de asegurar que se cumpla con la normativa vigente, facilitando la aplicación práctica de las políticas de cumplimiento y protección de datos”.

¿Tienes un minuto? Suscríbete a nuestros boletines temáticos

¿Por qué los datos personales ya no son un activo invisible?

En la economía digital, los datos personales son más que datos, son capital reputacional, riesgo regulatorio y ventaja competitiva.

“El compromiso de la alta dirección no es opcional, pero sigue siendo uno de los puntos más débiles del ecosistema empresarial en América Latina. Sensibilizar, formar y convencer al liderazgo ejecutivo es parte de la tarea de los equipos legales y de compliance”, refuerza Yoab Bitran.

Queda claro: si la privacidad no entra en la agenda estratégica, difícilmente logrará consolidarse como valor corporativo.

Para conocer más sobre este tema y acceder a la Guía Comparada sobre Protección de Datos Personales, haz clic aquí.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

Compliance, Cumplimiento, Datos personales

Noticia Principal

Off

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Firmas involucradas Sidebar

Albagli Zaliasnik

Bustamante Fabara S.A.S.

Activar Mow Player

¿Qué cambios impone la Ley Protección de Datos Personales a las empresas de marketing en Chile? 5p2w43

Wed, 30 Oct 2024 18:19:06 +0000

¿Qué cambios impone la Ley Protección de Datos Personales a las empresas de marketing en Chile?

La norma es estricta en cuanto a la forma en que las empresas recopilan y utilizan la información de los consumidores.

Redacción Lexlatin Wed, 30/10/2024 - 14:19

Autor del artículo de opinión

Fernanda Olmedo y Adán González*

La implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile presentará un gran desafío y punto de inflexión para las empresas de marketing, especialmente aquellas que basan sus estrategias en el uso intensivo de datos personales. Esta normativa tendrá como objetivo principal proteger los derechos de las personas en cuanto a la recolección, uso y tratamiento de sus datos, imponiendo requisitos más estrictos que afectan directamente la forma en que las empresas recopilan y utilizan la información de los consumidores.

Los desafíos que enfrentarán las empresas van desde la obtención del consentimiento explícito hasta la adaptación a mayores niveles de transparencia y la garantía de seguridad en el manejo de los datos. En este nuevo escenario, las empresas de marketing deben reevaluar sus prácticas y adoptar nuevos enfoques para cumplir con las nuevas exigencias legales, sin perder la efectividad de sus campañas publicitarias.

En este contexto, se visualiza una necesidad de adaptarse rápidamente a un entorno regulatorio que probablemente estará en constante evolución, donde la privacidad y la protección de los datos personales son ahora prioridades esenciales.

Te puede interesar: ¿Cómo está dando forma la IA a las agencias de publicidad y a los creadores de contenidos?

La obtención del consentimiento explícito

Uno de los mayores cambios que introduce la nueva ley es la obligación de obtener el consentimiento explícito de los s antes de tratar sus datos personales.

El consentimiento, además, es un pilar fundamental de los principios de proporcionalidad y finalidad. Así, no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a los informados al momento de la recolección, salvo lo establecido en casos particulares como la autorización del titular.

Asimismo, la futura ley contempla la necesidad del consentimiento del titular como regla general para el tratamiento de sus datos. En el pasado, las empresas de marketing solían recopilar datos mediante prácticas menos transparentes o a través de consentimientos generales. Con la nueva ley, este tipo de recolección de datos ya no será válida; ahora se requerirá que los s brinden su consentimiento informado y específico para cada uso de sus datos.

Este cambio supone un gran desafío, ya que muchos consumidores pueden ser más reacios a compartir su información personal si no comprenden completamente cómo será utilizada. Las empresas deben diseñar estrategias que expliquen claramente a los s cómo se manejarán sus datos, así como generar la confianza necesaria para obtener su consentimiento, lo que podría ralentizar los procesos de recolección de datos.

Quizá quieras leer: Ley N°21.363; Chile modifica disposiciones para la publicidad y etiquetado frontal de alcoholes

Restricciones en la recolección de datos

La Ley de Protección de Datos Personales en Chile impone límites claros sobre la cantidad y tipo de datos personales que las empresas pueden recopilar. Solo pueden ser recolectados los datos personales que sean necesarios, adecuados y pertinentes, en relación con los fines del tratamiento, y no podrán utilizarse para otros fines sin el consentimiento adicional del titular. Esta limitación obliga a las empresas a revisar sus bases de datos y ajustar sus estrategias para garantizar que solo recojan y almacenen datos estrictamente necesarios.

Para las empresas de marketing, que tradicionalmente han dependido de bases de datos amplias para crear perfiles detallados de los consumidores, este cambio representa una limitación importante: Las estrategias de segmentación y personalización, que se basan en grandes volúmenes de información, ahora deben ser reformuladas para operar con menos datos disponibles, lo que puede afectar la precisión y efectividad de las campañas.

Más sobre regulación de la publicidad: Los límites que ChatGTP tiene frente a la protección de datos y la propiedad intelectual de las personas

Personalización de campañas limitada

La personalización es clave en el marketing digital moderno. Sin embargo, la nueva ley impone restricciones que dificultan la creación de campañas personalizadas sin el consentimiento explícito del . Las empresas deben obtener el permiso de los consumidores para utilizar sus datos con el fin de crear anuncios o experiencias personalizadas. Esto presenta un reto para las empresas que dependen de campañas dirigidas para mejorar la conversión y la experiencia del .

Aunque sigue siendo posible personalizar campañas, siempre que se obtenga el consentimiento adecuado, es probable que algunos consumidores opten por no compartir su información personal. Esto limita el a los datos necesarios para personalizar anuncios y obligará a las empresas de marketing a adoptar enfoques más generales o creativos que sigan cumpliendo con la normativa sin sacrificar la relevancia de sus campañas.

Te sugerimos: Marketing de influencers; ¿Qué hay que tomar en cuenta?

Mayor transparencia y revisión de políticas

La nueva legislación chilena también exige que las empresas de marketing sean mucho más transparentes sobre cómo recolectan y utilizan los datos personales de los consumidores. Esto implica no solo la creación de políticas de privacidad detalladas, comprensibles, permanentemente accesibles y a disposición de cualquier interesado de manera precisa, sino también la adopción de procesos internos que aseguren que todos los datos se manejen de acuerdo con la ley.

Este nivel de transparencia puede ser un desafío para las empresas que deben revisar sus sistemas actuales y asegurarse de que sus prácticas de recopilación de datos cumplan con la normativa. Además, esto implica mayores costos en tiempo y recursos para actualizar las políticas de privacidad, capacitar al personal y desarrollar mecanismos que permitan una comunicación clara con los s sobre el uso de sus datos.

¿Ya te uniste a nuestra comunidad de PI? ¡Recibe nuestro boletín todos los jueves!

El derecho a ser olvidado

La Ley de Protección de Datos Personales otorga a los s el derecho de suprimir sus datos, lo que significa que pueden solicitar la eliminación de sus datos personales en cualquier momento.

Para las empresas de marketing, esto significa que deben tener sistemas en lugares que les permitan cumplir con estas solicitudes rápidamente y de manera eficiente. También implica asegurarse de que, cuando los datos sean compartidos con terceros, estos también cumplan con las solicitudes de eliminación.

Este derecho puede ser difícil de gestionar para las empresas que operan con grandes volúmenes de datos o que trabajan con varios socios comerciales. El cumplimiento del derecho a ser olvidado implica una coordinación eficiente y el desarrollo de procedimientos claros para eliminar los datos de manera segura y definitiva.

No te pierdas: ¿Qué regulaciones hay en América Latina contra el greenwashing?

Inversión en seguridad de los datos

El nuevo marco normativo también establece que las empresas deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales de s no autorizados o filtraciones. Para las empresas de marketing, esto implica invertir en infraestructura de seguridad tecnológica que garantice la protección de los datos a lo largo de todo el ciclo de tratamiento.

La implementación de estas medidas de seguridad puede ser costosa, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el incumplimiento de estos requisitos puede resultar en sanciones financieras significativas, lo que convierte esta inversión en una prioridad para reducir el riesgo legal y financiero.

Te recomendamos: ¿Funciona un perfil de red social como un activo inmobiliario para un influencer?

Cumplimiento de las normativas locales e internacionales

La nueva ley chilena no solo afecta a las empresas que operan dentro de Chile, sino en algunos casos también a aquellas que manejan datos de ciudadanos chilenos, independientemente de su ubicación. Esto significa que las empresas internacionales que recopilan o procesan datos de s chilenos también deben cumplir con esta normativa. Las empresas globales en ciertos casos deberán ajustar sus prácticas de marketing para alinearse con las leyes locales, lo que puede generar complicaciones operativas y mayores costos de cumplimiento.

Como conclusión, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile ha cambiado el escenario del marketing digital, presentando desafíos significativos para las empresas que utilizan datos personales como base de sus estrategias. La obtención de consentimiento explícito, las limitaciones en la recolección de datos, la necesidad de garantizar la seguridad y la transparencia, y el derecho a ser olvidado son algunos de los aspectos que obligan a las empresas a adaptarse.

Sin embargo, estos desafíos también ofrecen oportunidades. Las empresas que logren ajustarse rápidamente a los nuevos requisitos no solo evitarán sanciones, sino que también podrán ganar la confianza de los consumidores, quienes valoran cada vez más el manejo ético de sus datos. En un entorno donde la privacidad y la protección de la información son primordiales, las empresas que adopten estas mejores prácticas estarán mejor posicionadas para prosperar en un mercado competitivo.

*Fernanda Olmedo y Adán González son abogados en Andes IP.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

Publicidad, protección de datos, consumidores, Datos personales

Noticia Principal

Off

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Activar Mow Player

Al limitar las llamadas spam x5eh ¿las empresas en Chile podrán ar a s por cobranzas?

Thu, 24 Oct 2024 14:00:58 +0000

Al limitar las llamadas spam, ¿las empresas en Chile podrán ar a s por cobranzas?

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe las llamadas publicitarias no autorizadas por los consumidores. ¿De qué se diferencia con No Molestar?

Rocío Mellas Thu, 24/10/2024 - 10:00

El bombardeo de llamadas no deseadas y con fines publicitarios puede llegar a su fin en Chile: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas a tener el consentimiento explícito de los clientes para arlos, ya sea con fines publicitarios o para gestión de cobranzas.

La medida, que ya fue despachada al Senado, se desprende de dos distintas mociones, explica Gonzalo Bravo, asociado sénior del grupo de Derecho Público y Mercados Regulados/Consumidor de Albagli Zaliasnik (AZ). La primera de ellas resulta del Boletín N° 15.610-03, que tuvo por objeto regular las constantes llamadas telefónicas publicitarias realizadas sin el consentimiento previo del consumidor.

"La segunda moción, el Boletín N° 16.041-03, pretende establecer nuevas regulaciones respecto a las gestiones de cobranza extrajudicial realizadas por las empresas o terceros, con el fin de imponer nuevas obligaciones y evitar el acoso continuo hacia los consumidores. Para ello, se propone la modificación de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y de la Ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones”, puntualiza.

Quizá te interesa leer: El cambio de paradigma que impulsa la Ley de Delitos Económicos: Empresas enfrentarán duras sanciones y desafíos culturales

¿En qué se diferencia este marco de la plataforma 'No Molestar'?

Hoy día, la normativa vigente establece un mecanismo opt-out, es decir, las empresas que realizan comunicaciones con carácter promocional o publicitario están obligadas a incluir un o de fácil para que los destinatarios puedan solicitar, proactivamente, la suspensión de las llamadas telefónicas o envíos masivos de correo, ya sea postal o electrónico.

Este marco encuentra un antecedente importante en la habilitación de 'No molestar', una plataforma que, de acuerdo con Josefina Yávar, socia de la práctica Mercantil de Cuatrecasas Chile, fue habilitada, como una primera versión, en 2013 por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), con el fin de facilitar la gestión de las solicitudes de los consumidores para que sus datos sean excluidos de las bases de las empresas.

"Luego, en 2020, se avanzó con la publicación de un reglamento que regula el funcionamiento del sistema y tiene dos objetivos: dar certeza jurídica a los proveedores y otorgar una adecuada protección a los consumidores”, explica.

Sin embargo, a decir de la diputada Maite Orsini, del Frente Amplio y coautora del proyecto de ley, 'No Molestar' no logró su objetivo: “Según un balance del Sernac, en 2021 las llamadas molestas por parte de las empresas aumentaron 94 % respecto de 2020. Y peor aún: un informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestra que en 2022 se recibieron 1.300 millones de llamadas spam, es decir, un promedio de 3.5 millones de llamadas diarias”, asegura.

En caso de tener luz verde en el Senado, las comunicaciones spam estarán prohibidas y las empresas solo podrán ar a los consumidores si tienen su consentimiento.

Josefina Yávar

“El proyecto de ley busca limitar de manera más eficaz el spam hacia los consumidores, estableciendo que las llamadas y mensajes instantáneos publicitarios o promocionales solo serán lícitos si el consumidor ha dado su consentimiento previo, expreso y específico para recibirlas. A su vez, el proveedor deberá acreditar que cuenta con el consentimiento, que siempre es revocable. En este sentido, el proyecto cambia la regulación a un sistema opt-in, eliminando la carga y responsabilidad que recae sobre el consumidor, que actualmente debe solicitar la suspensión de las llamadas telefónicas y los mensajes instantáneos, para efectos de considerar dichas comunicaciones contrarias a la normativa”, especifica Yávar.

No te lo pierdas: Ley Karin; entra en vigencia la legislación contra el acoso laboral en Chile

"No es no"

El consentimiento cobra un rol protagónico en este nuevo proyecto: deberá ser previo, expreso, específico, libre e informado. Deberá atenerse, además, a la normativa vigente de protección de datos personales.

Gonzalo Bravo

“Actualmente, el texto del proyecto de ley advierte que el consentimiento deberá prestarse por medio de una declaración escrita, un medio electrónico equivalente o un acto afirmativo que dé cuenta con claridad de la voluntad del titular. A su vez, se establece una prohibición expresa para que las empresas obtengan el consentimiento cuando ya se haya iniciado el o telefónico y, además, se presumirá que el consentimiento no es libre cuando es otorgado dentro del marco de la celebración de un contrato", detalla Bravo.

Según el asociado de Albagli Zaliasnik, este último punto es relevante, pues en caso contrario, los proveedores habrían logrado cumplir con gran parte de las nuevas obligaciones por el mero hecho de incluir una declaración en la totalidad de sus modelos de contrato con los consumidores.

El proyecto prevé que las empresas que no cumplan reciban sanciones. Isidora Opazo, asociada de la práctica de Mercantil de Cuatrecasas, comenta que quienes inclumplan podrán recibir multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales por cada consumidor afectado, más allá de las posibles indemnizaciones de perjuicios.

"De aprobarse el proyecto, será interesante observar la coordinación o cooperación que pudiera existir entre el Sernac y una futura Agencia de Protección de Datos Personales, por incumplimientos bajo ambas normativas”, apunta.

Te llevará cinco minutos: Suscríbete a nuestros boletines temáticos

¿Qué sucederá con la gestión de deudas y morosos?

Si bien el proyecto establece que las empresas tendrán prohibido arse sin el consentimiento de los consumidores, hay una salvedad para la gestión de cobranzas.

Isidora Opazo

“Las comunicaciones que no son de índole publicitaria no requerirían un consentimiento previo del consumidor. Sin embargo, sí es necesario que el tratamiento de los datos personales de los consumidores se ampare con una base de licitud legítima para el tratamiento. En materia de cobranza extrajudicial, el proyecto en segundo trámite constitucional complementa la regulación vigente y obliga al proveedor a realizar la gestión de cobranza mediante un número telefónico u otra fuente que sea reconocible o identificable de forma previa por el consumidor".

De acuerdo con Opazo, esto último representa un desafío para los proveedores, pues deberá cumplirse considerando que el consumidor puede no tener incorporado el número de origen dentro de sus os. Sobre la gestión de cobranzas, la asociada de Cuatrecasas refiere que se ha establecido una limitación semanal:

"Por ejemplo, un o telefónico o visita y dos gestiones realizadas por otros medios, separadas por al menos dos días”, informa Opazo.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

derecho al consumidor, consumidores, Datos personales, Chile

Noticia Principal

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off

Firmas involucradas Sidebar

Albagli Zaliasnik

Cuatrecasas - Santiago

Cuatrecasas - Global

Activar Mow Player

¿Derecho al olvido S.A.? El alcance de la protección de datos personales frente a la censura en Internet 1b6327

Thu, 15 Jun 2023 10:15:11 +0000

¿Derecho al olvido S.A.? El alcance de la protección de datos personales frente a la censura en Internet

El derecho al olvido no implica la eliminación de contenidos, sino su desindexación.

Redacción Lexlatin Thu, 15/06/2023 - 06:15

Autor del artículo de opinión

Carlos Guerrero*

A inicios de 2023 fue publicada una serie de reportajes sobre las presuntas tácticas de la empresa española Eliminalia, una organización especializada en borrar el contenido web que afecta la imagen —mala reputación— de sus clientes, quienes en su mayoría han sido acusados por corrupción, narcotráfico y otros delitos. Entre algunas de estas tácticas se ha señalado el uso irregular de las normas de protección de datos personales, específicamente del llamado “derecho al olvido”.

Si nunca ha oído el término, el derecho al olvido es una doctrina, concebida en Europa, que reconoce el derecho de las personas a exigir, bajo ciertas circunstancias, que los motores de búsqueda en Internet limiten la difusión de información de datos personales, siempre que esta información esté desactualizada o haya dejado de ser de interés público.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desarrolló este derecho por primera vez en 2014, al revisar el caso Google Spain vs AEPD y Costeja, entonces se concluyó que el derecho al olvido no implicaba la eliminación de contenidos, sino su desindexación, un proceso por el que un motor de búsqueda elimina la conexión que existe entre ciertas palabras clave (por ejemplo, un nombre) y los resultados que arroja su buscador (por ejemplo, noticias en donde dicho nombre se menciona).

Te puede interesar: Ciberataques a las instituciones mexicanas: las advertencias que las autoridades ignoraron

Pese a sus efectos prácticos, esta doctrina no busca proteger el honor o la buena reputación de los afectados —al menos no directamente—, sino su autodeterminación informativa, que viene a ser el control sobre sus datos personales. De ahí que los obligados sean los motores de búsqueda y no los autores del contenido original, ya que estos últimos cuentan con supuestos de legitimación diferentes a los primeros, como podría ser la libertad de expresión o información.

Volviendo a los reportajes periodísticos, decíamos que varios de ellos señalan que el derecho al olvido se estaría utilizando de manera irregular como mecanismo de censura, no solo en países europeos como España, en donde esta doctrina está asentada, sino también en países de América Latina como Brasil, Colombia, México y Perú. Pero ¿qué hay de verdad en todo ello?

Para empezar, en América Latina también existe una larga tradición de protección de la privacidad, pero que no se ha movido al mismo ritmo que la de sus pares europeos. Aún así, en las últimas dos décadas la mayor parte de la región ha desarrollado normas de protección de datos personales, que, en algunos casos, han derivado en la creación de sus propias versiones del derecho al olvido, como Colombia y Perú.

La desindexación, efectivamente, supone cierta afectación al a los contenidos en Internet. Por la forma en que la gente navega la web, que los primeros resultados de una búsqueda ya no arrojen la información desindexada podría tener el mismo efecto que si esta se hubiera eliminado. Si bien la valoración jurídica de si corresponde aplicar (o no) el derecho al olvido se hace caso por caso, en teoría podría constituirse como un mecanismo indirecto de censura, tal como denuncian los reportajes.

Quizá quieras leer: La protección de datos personales como criterio ESG

Dicho esto, el uso espurio del derecho al olvido, en general, debería ser improcedente en los países que reconocen esta doctrina, haciéndolo inviable como estrategia de censura a gran escala, como pretendería la empresa Eliminalia.

Son varios los motivos que nos llevan a hacer esta afirmación, siendo algunos de ellos los siguientes:

1. En Europa el derecho al olvido está severamente limitado desde su concepción.

La sentencia del TJUE en el caso Costeja es explícita al señalar que esta doctrina no podrá ser aplicada cuando se mantenga el interés público sobre la información que contiene los datos personales. Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece excepciones a este derecho en su artículo 17, que incluyen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y fines de archivo en interés público y la investigación científica, histórica o estadística.

Sentencias recientes han confirmado dicho criterio, como una de 2022 en la que la Audiencia Nacional de España rechazó una solicitud relacionada con la participación de un funcionario franquista en el procedimiento contra el poeta Miguel Hernández, que tuvo lugar en 1940 y concluyó con su sentencia a muerte.

2. En América Latina, los países también han establecido restricciones similares, específicamente en sus normas de protección de datos personales.

En algunos casos han excluido del ámbito de aplicación el tratamiento de datos con fines periodísticos y, en otros, han incluido amplias excepciones para dicha actividad en lo que respecta a obligaciones como obtener consentimiento previo o atender solicitudes de cancelación o supresión.

A nivel judicial, los tribunales de países como Argentina, Chile y México han optado mayoritariamente por privilegiar otros derechos frente al derecho al olvido, han restringido su uso más de lo que ha hecho la jurisprudencia europea o le han negado incluso la categoría de derecho al no existir regulación específica.

3. En aquellos países que contemplan una vía istrativa para conocer infracciones a las normas de protección de datos, se han presentado casos en donde la invocación presuntamente irregular del derecho al olvido ha sido infructuosa.

Por ejemplo, en Perú, cuya Autoridad de Protección de Datos reconoció esta doctrina en 2016, se han rechazado varios casos en donde se intentó obstaculizar la labor periodística utilizando este recurso. Uno de ellos ocurrió en 2016, cuando un juez supremo presentó una solicitud de cancelación contra un reportaje periodístico, aduciendo que se había tratado un dato personal de su titularidad (la voz) sin su consentimiento. Otro fue el caso de un ciudadano expuesto por sus vínculos con el narcotráfico, quien en 2017 solicitó sin éxito la aplicación del derecho al olvido contra motores de búsqueda y media docena de medios de comunicación.

Lo anterior no pretende negar que existen casos en donde se han acogido interpretaciones del derecho al olvido que pueden considerarse abusivas, como uno de 2015, de México, promovido ante el INAI por un empresario acusado por fraude, pero cuya orden de desindexación finalmente fue revertida en los tribunales. Otro más reciente sucedió en 2022, en el que la AEPD aceptó la solicitud de un empresario, también acusado de fraude, pero con criptomonedas. Estos casos más bien parecen ser las excepciones que confirman la regla.

De un análisis minucioso de los reportajes periodísticos citados al inicio, se puede concluir que las presuntas tácticas de Eliminalia tienen poco que ver con el uso regular o irregular de las normas de protección de datos. De hecho, la mayoría parece estar enfocada en engañar a los motores de búsqueda y creadores de contenido, a veces haciéndose pasar por despachos de abogados o incluso autoridades de la Unión Europea para lograr sus objetivos, y casi nunca empleando las vías regulares (istrativas o judiciales).

Eso significa que, al menos de momento, el sueño de instrumentalizar el derecho al olvido para borrar el pasado es solo eso, un sueño.

*Carlos Guerrero es abogado especializado en derecho digital.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

protección de datos, Datos personales, derecho al olvido

Noticia Principal

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off

Facebook y sus controvertidos Meta 5f2w6x desafíos

Mon, 06 Dec 2021 22:39:27 +0000

Facebook y sus controvertidos Meta-desafíos

Los desafíos de Meta tienen que ver con la protección de datos y la regulación de los filtros de contenidos.

Gabriela Quevedo Mon, 06/12/2021 - 18:39

Autor del artículo de opinión

Javiera Badilla

La fuga de s jóvenes de Facebook es una de las mayores preocupaciones de su fundador. Atraer a las nuevas generaciones se ha vuelto un desafío frente a la competencia de otras redes sociales que han capturado la atención de este segmento. El interés comercial, preponderante en esta empresa, ha llevado a la plataforma a desarrollar nuevas estrategias, controvertidas, para abordar a esos s.

Hace aproximadamente un año, Facebook realizó un proyecto para desarrollar una versión para niños de 6 a 13 años; este lo llevó a numerosas entidades luego de la presentación de una serie de quejas oficiales contra la empresa, por lo descabellado de la idea y por ir en contra de la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), que limita a las compañías que recolectan y comparten datos de niños, en especial cuando estos requieren el consentimiento de los padres. Ante los cuestionamientos, Facebook anunció finalmente la suspensión de dicho proyecto en septiembre de 2021.

La polémica hoy se centra en el rastreo de actividad de navegación de menores de edad, que estaría realizando Meta, la nueva marca que agrupa a las empresas que lidera Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp). Aunque Meta niega las acusaciones y señala que los datos de cuentas de niños o adolescentes que se recopilan y no se usan con fines comerciales, no sabemos realmente si ello ocurre, ya que el gigante ha sido varias veces sancionado por entidades de protección de datos en diferentes países.

No te pierdas: Metaverso: ¿un universo sin ley?

Por otra parte, desde hace al menos una década, los Estados han comenzando a exigir y regular a las entidades como Facebook, y ya no solo respecto de temas de privacidad —como lo ha estado haciendo Europa con el GDPR y las Agencias de Protección de Datos de cada país— sino que, además, existe el interés de regular (y sancionar) algunos casos donde la información entregada a los s sea filtrada, ordenada o seleccionada de tal forma que provoque una modificación en su comportamiento, lo cual puede ser dañino o, al menos, controvertido, especialmente cuando se trata de temas políticos, elecciones, revueltas sociales o distribución de material prohibido.

No es un secreto que los algoritmos permiten seleccionar, clasificar y ordenar las noticias que un visualiza en su cuenta y, por tanto, pueden ser usados para que dicha información favorezca contenidos que tienen un mayor nivel de popularidad (basado en la interacción de los s con ese contenido). Tampoco es un secreto que redes como Instagram usan algoritmos para favorecer filtros que llevan a los adolescentes a publicar fotos de sus cuerpos retocados estéticamente, buscando una “belleza perfecta”, algo que, a su vez, los lleva a crear una imagen falsa de sí mismos e inseguridades respecto de su verdadera identidad.

Lo anterior no es banal: muchas veces tiene consecuencias. Las personas son influenciadas por la selección de contenidos que son del interés “de la plataforma”, un interés basado exclusivamente en estándares de “lo más popular”, que no repara en la salud mental del .

Hasta ahora, Facebook ha excusado sus políticas en la sección 230 del Digital Millennium Copyright Act (), con la que argumenta no ser responsable del contenido publicado por terceros o generado por los mismos s, posicionándose, convenientemente, como una plataforma intermediaria y totalmente neutra (safe harbor). Sin embargo, no es secreto que —en la práctica— Facebook tiene un staff que selecciona los contenidos mediante algoritmos que ellos defienden como imparciales cuando no lo son.

Esto salió recientemente a la luz con los Facebook Papers, que develaron que existían, entre otras cosas, personas VIP no censuradas, “fallas” en filtros sobre mensajes de odio, uso de la plataforma para actividades ilegales y falta de recursos para combatir la entrega de información falsa fuera de EE. UU.

Te recomendamos leer: El problema con las leyes de privacidad de datos en América Latina

Así, los desafíos abordan tanto la protección de datos como la regulación de las formas de filtrar los contenidos, siendo necesario que todos los países cuestionen y regulen estas plataformas y productos digitales de consumo, que pueden afectar el comportamiento o la salud mental de las personas.

La protección de datos y los neuroderechos

En el Congreso de Chile está hoy en trámite (y con urgencia) un proyecto de ley que moderniza la Ley 19.628, también conocida como Ley de Protección de Datos Personales. Si todo va bien, en un tiempo razonable contaremos con una entidad o agencia de Protección de Datos y tendremos los derechos en el mismo estándar que la legislación europea, en el manejo de nuestros datos personales.

Por su parte, respecto de los contenidos, existe una innovadora moción presentada por un grupo de senadores en octubre de 2020, en el marco del debate del proyecto de Protección de los Neuroderechos y la Integridad Mental y el desarrollo de la investigación y la Neurotecnología (Boletín N° 13828-19). Este proyecto pretende regular las plataformas digitales con el objeto de que estas garanticen el tráfico de datos de manera equitativa sin discriminación, restricción o interferencia, respecto del contenido al que acceden o se distribuye. El proyecto es amplio e incluye el uso correcto de los datos personales, buscando también evitar la exposición de los s, especialmente los niños y jóvenes, a contenidos pornográficos, alusiones de odio, violencia o racismo o los algoritmos que puedan generar mecanismos adictivos.

La tarea es grande y exige a cada legislación adaptarse rápida y continuamente a la interacción de la tecnología y las personas, por cuanto las plataformas sociales y productos tecnológicos dejan de ser neutros cuando su uso afecta el bienestar mental o los derechos a la personalidad y uso de los datos personales. Esperemos que Facebook y sus estrategias, que pretenden crear un Meta mundo y prometer un Meta futuro, no nos hagan olvidar que la tecnología es para el bienestar de las personas y no viceversa.

*Javiera Badilla es socia de Beytia Badilla Davis, especializada en propiedad intelectual. También es directora legal de Birdie, brindando asesoría en materias legales de software y propiedad intelectual.

Add new comment

Compartir en RRSS

Para recibir nuestro boletín diario,
¡suscríbete aquí!

Empresas involucradas

Operacion secundaria

Off

Operación Principal

Off

Publicacion desde el portal BR

Off

Metaverso, Facebook, Datos personales, redes sociales

Noticia Principal

Off

Bloque de 4 Noticias (debajo de la noticia principal)

Off