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Análisis 5q2713 ¿Las elecciones del Poder Judicial en México democratizan el a los tribunales o comprometen la independencia judicial?

Fri, 13 Jun 2025 14:42:58 +0000

Análisis: ¿Las elecciones del Poder Judicial en México democratizan el a los tribunales o comprometen la independencia judicial?

"El fortalecimiento del nuevo sistema depende de la implementación de mecanismos institucionales que aseguren su independencia funcional y istrativa".

Rocío Mellas Fri, 13/06/2025 - 10:42

México acaba de incursionar con una elección histórica: por primera vez en la región, jueces y magistrados han sido elegidos por voto directo. Los resultados preliminares del proceso para integrar el Poder Judicial revelan una contundente victoria de candidatos vinculados a Morena, el partido oficialista. Y si bien los procesos históricos se analizan mejor varias décadas después, una vez que ha corrido agua bajo el puente, el ser humano necesita entender los procesos que suceden a su alrededor desde que el mundo es mundo, así que aquí vamos.

¿Qué se sabe hasta el momento? En principio, hubo una dicotomía: por un lado, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó como una medida extremadamente popular y democrática, pero la participación ciudadana fue baja —solo votó el 13 % del padrón electoral—.

“Se trata de unos de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”, advirtió un informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El organismo, a su vez, desalentó que otros países de América Latina repliquen el modelo mexicano de elección de jueces y magistrados.

“El proceso electoral ha sido sumamente complejo y polarizante. De hecho, no hay precedentes en el mundo. Llamamos a una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más del 85 % del electorado no ha mostrado interés en participar”, indicó la OEA.

Los resultados preliminares, a su vez, marcan un giro sin precedentes en la dinámica de pesos y contrapesos del país. Por eso, la pregunta es: ¿se trata de una verdadera medida popular que democratiza el a los tribunales o una erosión nunca antes vista de la independencia judicial?

Para este especial de LexLatin, convocamos a expertos en derecho para analizar —desde dentro del sistema jurídico— las implicancias del modelo judicial, sus desafíos normativos y las tensiones que abre para el futuro del Estado de Derecho en México.

Quizá te interesa: Elecciones de jueces y magistrados en México alcanza una participación de cerca de 13 % y concreta la Reforma Judicial

¿Qué opinan los expertos en Derecho sobre las elecciones judiciales de México?

Si bien el nuevo sistema ha sido promovido como una conquista de soberanía popular, múltiples voces del ámbito jurídico han encendido alertas sobre los riesgos de politización de la justicia, el debilitamiento de su función contra-mayoritaria y la posible subordinación del sistema judicial al poder político de turno.

Teniendo en cuenta que el país se caracteriza por una institucionalidad debilitada por crisis presupuestarias, presiones partidarias y desconfianza ciudadana, la consulta más orgánica con los resultados preliminares es si la democracia puede sostenerse con una justicia imparcial.

“Los cargos judiciales, por su propia naturaleza, son apolíticos y no deben circunscribirse a ideologías o vertientes políticas. La función de un juez es impartir justicia y dicha labor es ajena a cuestiones externas al derecho. Por eso, sin lugar a duda, resulta preocupante que los cargos judiciales sean ocupados por personas vinculadas al partido de gobierno, ya que existe un riesgo latente y fundado de que el Estado de derecho se vea quebrantado y debilitado. Un gobierno en el que no existen contrapesos institucionales no es democrático. La división de poderes constituye un pilar del Estado de derecho y cuando este se ve trastocado por la injerencia absoluta del partido de gobierno simple y sencillamente pierde su esencia y marca una ruta política dirigida al autoritarismo”, comparte Jaime Rodríguez, socio de Olivares.

Para José Alberto Domínguez Téllez, socio del área de Litigio y Arbitraje de González-Paullada Domínguez, se presenta el dilema entre democratización y politización de la justicia.

“Definitivamente podemos sugerir que ciertos aspectos del nuevo modelo podrían comprometer la independencia judicial, validando parcialmente las preocupaciones sobre politización de la justicia. El éxito de la reforma judicial dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio adecuado entre la aspiración de democratizar el a la justicia y la necesidad imperativa de preservar la independencia judicial como pilar fundamental del estado de derecho. Advertimos, desde nuestra óptica, que los riesgos de politización inherentes a reformas podrán presentar debilitamiento a la autonomía e independencia judicial; pero esto también se deberá observar en su implementación, así como en como la evaluación continua de la reforma y en las instituciones de contrapeso”, señala.

Edgar Grajeda, socio y líder del área de práctica de Litigio Civil y Mercantil de Pérez-Llorca, considera que aún es muy prematuro hablar de politización de la justicia.

“Si bien es importante reconocer que estamos frente a un modelo inédito en México para la designación de personas juzgadoras, y el mecanismo de elección popular puede considerarse, en principio, un ejercicio democrático, el verdadero reto será observar cómo este modelo se traduce en términos de independencia judicial y funcionamiento institucional. Es comprensible que el tema genere inquietud, pero hay que tener en cuenta que varios de los candidatos ganadores ya formaban parte del Poder Judicial, lo que indica que no estamos necesariamente ante una transformación radical de su composición”, opina.

El nuevo sistema institucional y normativo del poder judicial no garantiza autonomía judicial, según Tirso Javier de la Torre Sánchez, socio de Rivadeneyra, Treviño y De Campo.

“Vulnera a la república, los tres poderes quedan bajo el mando del partido gobernante y se captura políticamente a la Justicia. El hecho de que la mayoría de los cargos electos sean afines al partido en el gobierno implica un debilitamiento grave. Lo que vimos fue una operación electoral del Estado a efecto de que llegaran a los cargos las personas que ellos decidieron, y basta comparar los ´acordeones´ denunciados con el resultado de la elección. Necesitamos a los mejores jueces, no a los más populares; el juez no debe ser popular, sino docto. La reforma debería haber sido al sistema de justicia completo, esto es, la Procuración de Justicia, que incluye a las fiscalías de los estados y la general de la República. A su vez, para que el sistema funcione mejor, la fuerza pública debería contar con una mayor capacitación y mejores condiciones laborales”, expone.

No te lo pierdas: Estado de derecho y populismo judicial, un conflicto que enfrentan las democracias

¿Qué mecanismos o reformas institucionales son necesarios para fortalecer la legitimidad y autonomía del Poder Judicial en México?

José Alberto Domínguez Téllez explica que se requieren mecanismos e instituciones que garanticen una verdadera autonomía presupuestaria y un rediseño institucional del nuevo órgano regulador que suplirá al Consejo de la Judicatura Federal.

“Este nuevo órgano, tanto istrativo como sancionador, debe asegurar la autonomía y profesionalización de los jueces, magistrados y ministros electos. Es decir, el fortalecimiento del nuevo sistema depende principalmente de la implementación de mecanismos institucionales que aseguren su independencia funcional y istrativa. Los aspectos críticos incluyen, principalmente, garantizar una autonomía presupuestaria efectiva que elimine la intervención de otros poderes y de la política nacional en decisiones financieras internas, y reestructurar la composición y funcionamiento del órgano de istración judicial, asegurando la preponderancia de con experiencia judicial e independencia política. La implementación de la reforma debe garantizar que las disposiciones constitucionales sobre independencia judicial tenga verificativo en la práctica y no queden como meros preceptos formales sin armas ni herramientas para su aplicación”, analiza el socio de González-Paullada Domínguez.

Edgar Grajeda cree que lo esencial en este momento es que quienes integran el Poder Judicial se conduzcan con estricto apego a los principios ya establecidos: independencia, imparcialidad, objetividad y honestidad.

“Las normas existen; lo que fortalecerá su legitimidad es su cumplimiento constante. Como en todo cambio institucional, será el tiempo y la actuación concreta de jueces, magistrados y ministros lo que definirá si este nuevo modelo realmente consolida un Poder Judicial autónomo y respetado. Este nuevo escenario también abre una oportunidad importante para los sistemas alternativos de impartición de justicia, como el arbitraje y la mediación. Ante la incertidumbre inicial sobre cómo se desempeñarán los nuevos jueces y magistrados, es probable que muchas empresas prioricen mecanismos que ofrezcan mayor previsibilidad respecto a la seguridad jurídica. Veremos una tendencia hacia la simplificación de contratos, con obligaciones claras y cláusulas arbitrales que permitan resolver disputas fuera del Poder Judicial. Esto no implica una ruptura con las instituciones, pero sí una cautela natural mientras se observa la evolución del sistema y se verifica, en la práctica, la calidad y la imparcialidad de las resoluciones judiciales”, anticipa el socio de Pérez-Llorca.

Jaime Rodríguez entiende que la elección de cargos judiciales constituye un atentado a la democracia y al correcto funcionamiento de un estado de derecho, dado que la función judicial no está circunscrita a la voluntad popular ni política.

“El sistema adoptado por sí mismo constituye un ejercicio antidemocrático y parte de una falacia de petición de principio. Bajo el enmascarado disfraz de conferir al ciudadano la posibilidad de elegir juzgadores, se perpetra un golpe letal a la división de poderes que impide el correcto funcionamiento del estado de derecho. Por eso, no puedo imaginar reforma institucional alguna que fortalezca la legitimidad y autonomía del nuevo sistema de impartición de justicia en México, dado que la génesis de su estructura parte de la elección popular de cargos judiciales y tal punto no es compatible con la función judicial. Considero que la única vía para legitimar y conferir autonomía al poder judicial en México es echar marcha atrás y realizar una verdadera reforma judicial que no responda a intereses ni venganzas políticas, retomando el esquema de carrera judicial”, concluye el socio de Olivares.

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¿Cómo impacta al mundo la integración del Bitcoin al sistema financiero de EE. UU.? Otra estrategia geopolítica de Trump 5d1w4j

Tue, 10 Jun 2025 14:39:42 +0000

¿Cómo impacta al mundo la integración del Bitcoin al sistema financiero de EE. UU.? Otra estrategia geopolítica de Trump

La creación de una reserva estratégica de bitcoins permitiría a Estados Unidos reducir su deuda pública hasta en 35 %.

Jesús Hurtado Tue, 10/06/2025 - 10:39

Desde que asumió el poder, Donald Trump ha reiterado que la nueva política de la Casa Blanca sobre los criptoactivos apunta a hacer de éstos una moneda de uso común no solo en las transacciones ordinarias, sino para el manejo de las finanzas públicas, una estrategia que algunos analistas describen como una estrategia geopolítica para afianzar al dólar como sustento de la economía global.

El gobierno estadounidense ha seguido directrices en este sentido: por un lado, a principios de marzo firmó una orden ejecutiva para crear la reserva estratégica de criptomonedas, un fondo que se capitaliza con bitcoins propiedad del gobierno federal que han sido incautados en procesos judiciales, así como los que comprarán en los próximos cinco años a fin de establecer una bolsa con, al menos, un millón de bitcoin.

Adicionalmente, la Casa Blanca y el Congreso han acelerado el paso para promulgar el entramado regulatorio que permita viabilizar la economía digital, a la par de dejar sin efecto muchas de las acciones de la istración de Biden, entre ellas las varias demandas de la SEC contra actores del ecosistema cripto, con lo cual se vislumbra una total apertura al sistema financiero tradicional.

Debes leer: Ley de Emisión de Activos Digitales abre nuevos caminos de financiamiento en El Salvador

La apertura como un paso natural

En un giro de 180 grados respecto a la posición que tuvo en su primer mandato respecto a los criptoactivos, durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió convertir al país en “una superpotencia del bitcoin”, adoptando su uso de manera irrestricta, una oferta que le ganó votos entre los promotores de este mercado y aportes a su cruzada electoral.

Al margen de ello, los analistas creen que la apertura del mundo financiero a la economía cripto era cuestión de tiempo no solo por la presión misma del mercado, sino porque ya muchas firmas financieras están utilizando la tecnología blockchain para llevar sus productos a un público cada más amplio y disgregado, consiguiendo, de paso, más eficiencia y reducir costos operativos.

“Si los reguladores estadounidenses abordan los riesgos comunes relacionados con la blockchain y los criptoactivos podría llevar a una mayor adopción de estas tecnologías por parte de instituciones financieras más tradicionales, como los bancos y a una aplicación más amplia de la tecnología en la economía estadounidense y más allá”, dice Tracy Combs, socia codirectora de la oficina de Salt Lake City de Greenberg Traurig.

Su colega José Ignacio Rivero, socio en la oficina mexicana del despacho español Pérez-Llorca, coincide con esta opinión, al asegurar que la apertura que se ha visto en las autoridades estadounidenses hacia los activos digitales en general puede marcar un punto de inflexión en su integración al sistema financiero formal.

“Si esta tendencia se consolida, es previsible una mayor participación institucional, más liquidez en los mercados y un avance en la estandarización de productos financieros basados en blockchain”, expresa.

Te sugerimos esto: ¿Cómo funcionará la nueva Bolsa de Valores de Río de Janeiro?

Contexto

Los cambios han sido evidentes. Apenas tomó posesión, Donald Trump dio los primeros pasos para cumplir su ofrecimiento al crear la Fuerza de Tarea Cripto, un grupo de trabajo de la Securities and Exchange Commission (SEC) encargado de diseñar el nuevo marco regulatorio de los criptoactivos, en conjunto con el Congreso.

Aunado a este anuncio, la salida de Gary Gensler de la presidencia de la SEC, el organismo regulador del mercado financiero comenzó a dar marcha atrás a varias demandas iniciadas por el Gobierno anterior contra empresas y personas vinculadas al ecosistema cripto, sobre los cuales pesaban juicios por contravenir las leyes vigentes.

Es así como importantes actores del mercado como Kraken, Coinbase, Consenus, Circle, Inmmutable y, más recientemente Binance y todo su ecosistema financiero (incluido su exCEO, Changpeng Zhao), han sido exculpados de cometer delitos financieros, con lo cual no solo se les permite la libre operación en el mercado estadounidense, sino que auspicia nuevos horizontes para la industria cripto.

“Esto va mucho más allá de la justicia hacia Binance, se trata de abrir las puertas a una adopción más amplia, más seguro y caminos más claros para los creadores en todas partes”, comunicó Binance tras conocer la desestimación a finales mayo.

Además, desde la salida de Gesler, la SEC ha dado un vuelco a muchos de supuestos que privaron hasta ahora, cambiando el estatus de ciertas clases de criptoactivos y declarando, por ejemplo, que las memecoins y algunas stablecoins no son valores, lo cual trae a colación un nuevo debate sobre si se trata de valores o materias primas, lo que, a su vez, lleva al dilema de cuál es el organismo idóneo para su regulación.

“Queda por verse cómo estas diversas propuestas y directrices se combinarán para crear un marco regulatorio”, dice Tracy Combs.

Te conviene conocer: ¿Cómo funcionan las donaciones millonarias? El caso de Bill Gates y otras grandes fortunas

Estratégica reserva

La reserva de bitcoin creada por Donald Trump tiene una vertiente que va mucho más allá del plano meramente ahorrativo: ayudar a reducir la cuantiosa deuda pública de Estados Unidos, calculada hoy en más de 37 billones de dólares, monto que se prevé alcance para 2030 los USD 44 billones.

Detrás de esta iniciativa está la senadora republicana Cynthia Limmis, quien sostiene que adquirir y mantener un millón de BTC durante dos décadas podría reducir a la mitad la deuda nacional, proponiendo para ello la compra de 200.000 bitcoin anuales durante cinco años, lo que representa el 5 % del suministro total de esta criptomoneda.

El planteamiento de expertos y políticos difiere de la forma tradicional como operan las reservas de petróleo y oro del gigante americano, que las utiliza para equilibrar y bajar los precios cuando se dan alzas muy pronunciadas.

En el caso de los activos digitales, la lógica es más sencilla, pues se trata de una simple acumulación de una moneda que, si bien es inestable en su cotización diaria, ha demostrado un poder de revalorización como ningún otro activo. De hecho, en los últimos ocho meses, el bitcoin prácticamente ha duplicado su valor, al pasar de 56.000 dólares en septiembre de 2024 a 110.000 dólares al cierre de mayo de 2025.

Al respecto, un análisis de la firma de gestión de activos Van Eck, fechado en diciembre de 2024, señala que, si EE. UU. adquiere bitcoin a un precio promedio de USD 100.000 hasta completar la reserva de un millón de dólares a una tasa compuesta de apreciación de 25 % anual, para 2049 esa reserva podría representar 35 % de la deuda nacional.

Para que conozcas: La lucha contra las Big Tech del Departamento de Justicia de EE. UU., capítulo Google

Manejo geopolítico

Más allá de masificar su uso, la apertura del gobierno de Estados Unidos a los activos digitales tendría un fuerte componente geopolítico, pues la istración Trump parece haber comprendido que hacer de las stablecoin parte de la masa monetaria apalancaría al dólar como moneda dominante en el comercio mundial, a través de la emisión de stablecoin basadas en la moneda fiduciaria.

Este mecanismo, al tiempo de incrementar el flujo de recursos que vendrían a dinamizar la economía en general, permitirá que compradores de otras latitudes adquieran dólares digitalizados incluso sin que medie un acuerdo bilateral, con lo cual la moneda americana se afianzará como soporte fiduciario en cualquier jurisdicción.

Además, la inminente aprobación de una ley que permitirá a las empresas privadas emitir sus propias stablecoin tendrá efecto directo en la deuda, pues una de las cláusulas previstas para permitir la emisión es que parte de los recursos sean utilizados en la compra de deuda pública estadounidense, evitando la emisión de más papeles y ayudando a reducir el déficit.

Nota relacionada: Suspensión de la FA: ¿Qué efectos tendrá que Trump haya suspendido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero?

Entre leyes

Como ocurre con todo lo disruptivo, muchos de los productos de la economía digital han chocado contra la pared de la falta de leyes que los regulen, lo que llevó al gobierno de Joe Biden a aplicar normas generales del sistema tradicional para reglamentar servicios financieros inéditos, con resultados poco alentadores para los partidarios de la tecnología.

Al respecto, José Ignacio Rivero señala que la adopción de normas ya establecidas ha creado cierta incertidumbre, ya que no siempre está claro qué reglas aplican ni cómo deben cumplirse, razón por la cual cada vez hay mayor consenso en la necesidad de una regulación clara y moderna que dé certeza a todos los actores involucrados.

De allí que, si bien desde hace varios años las dos cámaras del Congreso de EE. UU. vienen analizando diferentes proyectos de leyes relacionados con criptomonedas, stablecoin y hasta un hipotético dólar digital, el regreso de Trump a la Oficina Oval ha acelerado el ritmo de propuestas de leyes, al punto que ya superan la docena, entre las cuales destacan:

Clarity Act (H:R:4766): ley bipartidista que establece requisitos claros para los emisores de stablecoins respaldadas por moneda fiduciaria. Propone, además, poner fin a la supervisión de los criptoactivos por parte de la SEC y transferir ese poder regulatorio a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Ley Genius: normativa para regular las stablecoins de pago, exigiendo exige que estén completamente respaldadas, tengan auditorías de seguridad y la aprobación de reguladores federales o estatales. Solo las entidades con licencia pueden emitir stablecoins y restringe las variantes algorítmicas.
Ley de Innovación y Tecnología Financiera para el Siglo XXI (FIT21): también busca otorgar una autoridad regulatoria clara a la SEC y la CFTC. Describe cómo las criptomonedas pueden alcanzar el estatus de reguladas por la SEC y define las responsabilidades de la SEC con respecto a los activos digitales.
Ley BRIDGE de Activos Digitales (H.R.9579): establece el Comité Asesor Conjunto sobre Activos Digitales, copresidido por la CFC y la SEC. Este brindará asesoramiento sobre normas, regulaciones y políticas relacionadas con los activos digitales, con el objetivo de armonizar los enfoques regulatorios entre la CFTC y la SEC.
Ley Lummis-Gillibrand de stablecoin (S.4155): otra ley que busca ser el marco regulatorio para las stablecoin, garantizando su respaldo en reservas uno a uno. Prohíbe la emisión de monedas estables algorítmicas sin respaldo e incluye medidas para proteger a los consumidores.
Ley Estatal Anti-Vigilancia de CBDC (H.R.5403): impide que la Reserva Federal emita dólares digitales (CBDC) directamente o a través de intermediarios a particulares. Aborda las preocupaciones sobre la privacidad financiera y la vigilancia gubernamental.
Ley de Estructura del Mercado de Activos Digitales y Protección del Inversor (H.R.5745): prevé que los activos digitales deben crearse electrónicamente, tener un historial de transacciones seguro y ser transferibles mediante un método descentralizado.
Ley de Integridad Blockchain (H.R.8266): impone una moratoria de dos años a las instituciones financieras que gestionan, utilicen o realicen transacciones con fondos canalizados a través de plataformas de activos digitales.

Además, estados como Arizona, New Hamshire y Texas ya cuentan con legislaciones para regular las criptomonedas y otros activos. Se espera que otros estados promulguen este año sus propias normativas para manejar esta materia.

“Una ley bien diseñada podría ofrecer certeza jurídica, mejorar el a servicios financieros innovadores y fortalecer la posición global de EE. UU. en el ecosistema cripto”, puntualiza Rivero.

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Derecho a la eutanasia 1r1q1v Colombia y Ecuador son los países de Latinoamérica más avanzados

Fri, 30 May 2025 12:26:45 +0000

Derecho a la eutanasia: Colombia y Ecuador son los países de Latinoamérica más avanzados

La mayoría de los países latinoamericanos tienen prohibiciones estrictas y carecen de debates legislativos activos sobre el tema.

Rocío Mellas Fri, 30/05/2025 - 08:26

Dónde, cuándo y cómo, esa es la cuestión. Mientras que este 27 de mayo Francia avanzó con la despenalización de la eutanasia para enfermedades dolorosas e incurables, el derecho a una muerte digna sigue siendo un tema tabú para muchas jurisdicciones latinoamericanas. Ya sea por la tradición judeo-cristiana, por cuestiones éticas o por falta de un marco legal robusto, la decisión de ponerle fin a la vida en condiciones irreversibles o de sufrimiento extremo sigue siendo aspiracional para muchas personas. Simplemente no se puede.

En la región, cuesta debatir sobre el poder de decisión individual en dos casos extremos: la vida y la muerte, el aborto y la eutanasia. Así como la legislación sobre el aborto llevó muchos años y reveses en países como Argentina, y aún tiene muchas trabas en su vecino Chile, el derecho a una muerte digna está transitando un camino similar, sinuoso.

Todavía no hay consenso ni siquiera sobre cómo nombrarlo: eutanasia, muerte digna, derecho a morir dignamente, suicidio asistido o adecuación del esfuerzo terapéutico.

Colombia es el país latinoamericano más avanzado en términos de marco regulatorio: el derecho a una muerte digna está contemplado en la Constitución y la eutanasia ha sido descriminalizada el siglo pasado.

“En mayo de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido para personas con lesiones o enfermedades graves o incurables, extendiendo la posibilidad de que sea el paciente quien ejecute la acción de poner fin a su vida, cuando antes sólo un médico podía hacerlo”, indica la plataforma global de datos y estadísticas Statista.

Sin embargo, más allá de que es pionera en la región, Colombia también atraviesa sus propios laberintos legales: en marzo de este año se archivó el proyecto que regulaba la eutanasia por falta de mayoría en el Congreso -y es la decimoséptima vez que pasa.

“A pesar de que la eutanasia es legal en Colombia desde 1997 y de que todas las personas tenemos derecho a decidir sobre el final de nuestra vida para morir dignamente, existen muchas barreras para ejercer este derecho”, explicó Carlos Lozada, representante a la Cámara por el Partido Liberal y ponente del proyecto de ley.

No te lo pierdas: América Latina, la ruta legal hacia el derecho a la muerte digna

El fallo histórico de Ecuador que permitió reconocer el derecho a la muerte asistida

Ecuador despenalizó la eutanasia en febrero de 2024 y se convirtió en el segundo país latinoamericano en legalizar el procedimiento en casos de enfermedades incurables y sufrimiento intolerable.

El caso que incentivó el debate público y permitió el fallo histórico fue el de Paola Roldán, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa. A pesar de su incansable lucha para que Ecuador avanzara con la legalización de la eutanasia, la mujer falleció sin poder acceder al proceso.

“Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda, como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra”, había dicho pocos meses antes de morir.

Con la Sentencia No. 67-23-IN/24 la Corte Constitucional determinó que la sanción por homicidio no podría aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa, en aras de preservar los derechos de una vida digna, poco después, en abril (2024), el Ministerio de Salud expidió el el reglamento que regula los procedimientos de eutanasia. La primera eutanasia legal se llevó a cabo este mes de mayo, en una paciente joven con cáncer avanzado.

“La eutanasia activa se permite únicamente si el paciente —o su representante legal, en caso de incapacidad—, expresa su consentimiento libre, inequívoco e informado. Para poder solicitar una eutanasia, la persona debe acreditar sufrimientos intensos causados por una enfermedad grave e incurable o una lesión corporal grave e irreversible. El reglamento, en este sentido, establece definiciones técnicas, requisitos clínicos, procedimientos istrativos, y crea Comités Interdisciplinarios encargados de revisar y autorizar las solicitudes de eutanasia. El reglamento es aplicable exclusivamente a la eutanasia activa, es decir, aquella realizada por profesionales de la salud dentro del sistema nacional de salud”, detalla Xavier Palacios Abad, asociado senior de Bustamante Fabara.

Hoy día, Ecuador no cuenta con ninguna ley, reglamento ni fallo judicial que regule o despenalice el suicidio asistido.

“Se entiende por suicidio asistido al acto en el que una persona provoca su propia muerte con apoyo externo, por ejemplo, con la provisión de fármacos de un tercero. A diferencia de la eutanasia, este acto permanece prohibido y, dependiendo del caso, podría encuadrarse penalmente como homicidio conforme al artículo 144 del COIP. Por tanto, la eutanasia activa cuenta con una regulación clara y limitada, mientras que el suicidio asistido se encuentra al margen del marco legal y se considera una conducta ilícita”, señala Luis Rivadeneira Pinargote, asociado intermedio del despacho ecuatoriano.

Para ambos abogados hubo un antes y después en la legislación ecuatoriana tras la Sentencia 67-23-IN/24 de la Corte Constitucional.

“En este fallo, la Corte analizó la tensión entre el derecho a la vida -entendido en su dimensión biológica- y los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad. El pronunciamiento judicial concluyó que no se le puede imponer a una persona la obligación de seguir viviendo en condiciones de sufrimiento extremo, siempre y cuando el paciente haya expresado su voluntad inequívoca de acceder a una muerte asistida médicamente”, resume Palacios Abad.

Los expertos en derecho regulatorio consideran que en el contexto ecuatoriano actual no es necesario regular el suicidio asistido a corto o mediano plazo.

“El suicidio asistido es un tema delicado y altamente controversial, que involucra dilemas éticos, médicos y jurídicos. El país ya ha dado un paso importante al permitir la eutanasia activa bajo condiciones estrictas, mediante intervención médica, control institucional y salvaguardas éticas. Como la eutanasia activa garantiza el respeto a la dignidad humana sin delegar en el paciente la ejecución directa del acto final, reduce riesgos como la presión externa, el abandono terapéutico o una automedicación insegura”, opina Rivadeneira Pinargote.

“Si ya existe una vía médica debidamente regulada para casos de sufrimiento irreversible, resulta mucho más prudente y humanamente cuidadoso fortalecer este marco antes que abrir la puerta a formas como el suicidio asistido, que podrían generar mayores dilemas clínicos y jurídicos. En ese sentido, el enfoque actual basado en la eutanasia activa, que se encuentra supervisada por profesionales de la salud y comités interdisciplinarios para cada caso, ofrece una vía más ética, segura y respetuosa con la autonomía del paciente, sin dejar de proteger los valores esenciales del sistema de salud y del Estado de derecho”, comparte Palacios Abad.

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¿Qué sucede en otros países de la región?

🇦🇷 Argentina: la eutanasia no es legal, pero existe una Ley de Muerte Digna que regula los derechos del paciente.

🇧🇷 Brasil: a pesar de que se han presentado varios proyectos de ley para despenalizar la eutanasia, aún sigue siendo tipificada como homicidio.

🇨🇺 Cuba: la Asamblea Nacional reconoció el derecho a una muerte digna en diciembre de 2023, pero la aplicación efectiva de la eutanasia depende de una ley específica que aún debe ser elaborada por el Ministerio de Salud.

🇨🇱 Chile: la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre eutanasia y cuidados paliativos en 2021 y el debate fue reactivado en el Senado en noviembre de 2024, tras tres años de estancamiento. El presidente Gabriel Boric solicitó su tramitación urgente.

🇲🇽 México: la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad están prohibidos. Sin embargo, existe la ley del buen morir, que permite dejar de prolongar la vida de un paciente cuando solo es sostenida por medios artificiales.

🇺🇾 Uruguay: un proyecto de ley para legislar la eutanasia fue archivado en la legislatura pasada por falta de acuerdos en el Senado. No obstante, tiene el respaldo de varios partidos políticos y altas probabilidades de ser aprobado. La Iglesia Católica del Uruguay consideró que despenalizar el proceso sería un error y pidió reglamentar los cuidados paliativos.

El resto de los países latinoamericanos tienen prohibiciones estrictas sobre la práctica de la eutanasia y carecen de debates legislativos activos sobre el tema.

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¿Cómo funcionan las donaciones millonarias? El caso de Bill Gates y otras grandes fortunas 61d6f

Tue, 27 May 2025 19:27:10 +0000

¿Cómo funcionan las donaciones millonarias? El caso de Bill Gates y otras grandes fortunas

Las fundaciones ha sido tradicionalmente la figura legal utilizada por los magnates para hacer donativos.

Jesús Hurtado Tue, 27/05/2025 - 15:27

A principios de mayo, Bill Gates, fundador de Microsoft y quinto hombre más rico del mundo, según la agencia Bloomberg, informó sobre un cambio en su “testamento”, adelantando a 2045 el plazo para que la fundación que dirige complete la donación de más del 99 % de su cuantiosa fortuna, estimada actualmente en unos 120.000 millones de dólares. Sus hijos recibirán menos del 1 % de su patrimonio.

“La gente dirá muchas cosas sobre mí cuando muera, pero estoy decidido a que ‘murió rico’ no sea una de ellas”, señaló Gates al dar a conocer la noticia.

Con ello, deshizo los planes iniciales de la Fundación Bill & Melinda Gates, según los cuales la organización seguiría repartiendo durante décadas después de su muerte los millones que le granjeó haber desarrollado el sistema operativo Windows.

Si bien sorprende por el volumen de dinero involucrado, la decisión del líder tecnológico es una más entre muchas tomadas por otros multimillonarios que han optado por donar su patrimonio a causas benéficas, demostrando que la filantropía es uno de los motores que mueve los hilos de una significativa parte de la economía global, al subvencionar miles de proyectos y causas en pro de un mundo mejor.

Debes conocer: Las transacciones de Mercado Libre: De marketplace a referencia fintech y la empresa más valiosa de América Latina

Moviendo al mundo

Según el reporte Giving USA 2024, en 2023, el monto entregado en Estados Unidos a la caridad superó los 557.000 millones de dólares, cifra equiparable a un tercio del presupuesto para ese año, cuando el gobierno del expresidente Joe Biden aprobó la bicoca de 1.700 billones de dólares como estimado del gasto total de la istración federal.

La cuantiosa cifra permite tener una somera idea de la cantidad de dinero que, a escala mundial, mueven las donaciones para la beneficencia solo en lo que respecta a la entrega de dinero, pues las estimaciones no incluyen el valor implícito en los aportes de experiencia y el tiempo invertido en actividades solidarias, los otros dos grandes pilares sobre los que se sustenta la filantropía.

En su informe, la fundación estadounidense proporciona otro dato que nos remite a la decisión tomada por Bill Gates recientemente: el 67 % de las donaciones en EE. UU. en 2023 fue entregado por individuos, mientras que otro 19 % fue aportado por fundaciones. Las corporaciones, que siempre han sido vistas como las grandes donantes, solo contribuyeron con el 8 % del monto total.

Tienes que enterarte: Inteligencia artificial generativa vs derechos de autor: un conflicto que redefine la industria musical y creativa

Las normas detrás de la donación

En el ideario colectivo existe la creencia de que las donaciones no atienden a ningún tipo de normas, no están sujetas al cumplimiento de las leyes y son la mejor forma de evadir impuestos, una apreciación que pasa por alto que estos aportes involucran grandes sumas de dinero con incidencia en la economía y, como tal, deben ser reglamentadas bajo parámetros específicos que, entre otras cosas, permitan determinar el origen y el destino de esos fondos.

En Estados Unidos, las donaciones se regulan a nivel federal y estatal mediante normativas fiscales y leyes de propiedad. Algunos de estas normativas son:

Código de Rentas Internas sección 170 (Internal Revenue Code - IRC 170), que regula las deducciones fiscales para donaciones a organizaciones sin fines de lucro.
Gift Tax General (ISR, Impuesto sobre donaciones), que grava ciertas donaciones superiores a un umbral anual. En 2024, este umbral fue de 18.000 dólares por persona.
Leyes estatales de propiedad y contratos, que regulan la forma y documentación requerida para donar bienes inmuebles o activos importantes.
Regulaciones sobre organizaciones benéficas (Charity Laws), que supervisan la validez y el uso de las donaciones hechas a organizaciones sin fines de lucro. Entre estas, destacan el Estatuto 501(c)(3) del IRS, Formularios 990 y 1023 del IRS, Regulaciones del IRS y Ley de Producción de Defensa de 1950, entre otras.

Ahora bien, aunque la forma de donar es tan diversa como personas haya para hacerlo, tradicionalmente, los magnates se han decantado por las fundaciones sin fines de lucro, entidades legales que se dedican a manejar la beneficencia sin obtener réditos económicos para sus integrantes, cuyo patrimonio proviene justamente de donaciones.

Muchos de los aportes a estas fundaciones son realizados a través de fondos designados por los donantes o DAF, (siglas en inglés de Donor-advised funds), cuentas especializadas que actúan como un intermediario, permitiendo al donante hacer una aportación deducible de impuestos.

También aplica la distribución benéfica calificada o QCD (por Qualified Charitable Distribution), una transferencia directa de fondos desde una cuenta individual de jubilación (IRA) a una organización benéfica reconocida, evitando que el dinero aportado se considere un ingreso imponible. El dueño de la cuenta debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos ser mayor de 70 años y medio.

Otra figura es el fideicomiso benéfico de bienes remanentes o CRT (Charitable Remainder Trust), un tipo de fideicomiso que permite a los donantes transferir activos a una organización benéfica, mientras que ellos o sus beneficiarios reciben ingresos anuales y, al final del fideicomiso, los activos remanentes se donan a la organización designada. Estas operaciones conjugan el beneficio fiscal y la generación de ingresos mientras se hace filantropía.

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Viejas y nuevas prácticas

Desde hace más de un siglo, las fundaciones han sido el canal para el reparto de grandes donaciones. Muestra de ello la tenemos en la Fundación Nobel o las americanas Carnegie, Rockefeller o Ford que, durante más de 100 años de labor ininterrumpida, mantienen sus funciones como sostén financiero de muchas causas en favor de la humanidad.

Esta tendencia ha permeado hasta nuestros días de la mano de los nuevos grandes donantes, entre los que figuran Bill Gates, Georges Soros y Warren Buffet, los mayores filántropos de los tiempos que corren y de la historia, que han hecho de las fundaciones sus canales para “devolver a la sociedad” parte de sus riquezas.

En 2010, Gates lanzó The Giving Pledge, una campaña filantrópica que busca comprometer a los más adinerados del mundo para que donen parte de sus fortunas con fines benéficos. Para mediados del año pasado, la iniciativa contaba con 244 firmantes, quienes aseguraron que entregarían al menos 50 % de sus posesiones.

No obstante, en años más recientes, los nuevos magnates de la tecnología y el entretenimiento han lanzado inéditas propuestas para sumarse a la ola de las donaciones, aunque con resultados muy modestos en comparación con los obtenidos por sus pares de mayor edad.

Una de estas iniciativas es la ideada por Mark Zuckerberg. Inspirado en la fórmula de filantropía de Pierre Omidyar, el padre de eBay, el fundador de Facebook y Meta lanzó en 2015 The Chan Zuckerberg Initiative, una especie de sociedad de responsabilidad limitada que permite una mayor libertad de actuación respecto a las fundaciones tradicionales, al tiempo que permite tener un mayor control sobre el destino de los fondos aportados.

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¿Cómo se reparte tanto dinero?

Erróneamente utilizada como sinónimo de caridad, la filantropía se diferencia de ésta en que su enfoque es a largo plazo y busca solucionar problemas sociales generalmente complejos, en lugar de aliviar las consecuencias de esos problemas o la atención inmediata de una eventualidad.

Consciente de esta diferenciación, la Fundación Gates se ha dedicado por 25 años a financiar diversos programas, en especial algunos dedicados a la investigación científica de enfermedades infantiles, una ayuda que ha potenciado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyos drásticos recortes han restado fondos a programas de salud y asistencia pública en general.

Ahora bien, aunque la salud es la palabra que más resalta a la hora de decidir las áreas a financiar, en la práctica no es el área más favorecida. Consultoras privadas estadounidenses de donaciones señalan que el ámbito educativo en general (y el superior en particular), es el gran receptor de fondos.

Bajo la premisa de que invertir en educación es la forma más eficiente de ofrecer a la población una igualdad de oportunidades, esta área recibe el 47 % de los aportes.

El sanitario es el segundo rubro más beneficiado, captando alrededor de 20 % de los fondos globales, mientras que las artes, la cultura y la atención humanística social recibe cerca del 10 % de los recursos de la beneficencia.

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Invertir es la clave

De acuerdo con estimaciones de la propia Fundación Gates, nombre que tras el divorcio adoptó la entidad creada en el año 2000 por Melinda French y Bill Gates, antes de que se disuelva definitivamente el 31 de diciembre de 2045 habrá repartido unos 200.000 millones de dólares, monto 66 % superior a su patrimonio actual.

El aumento del capital a futuro deja entrever otra de las facetas de las fundaciones: servir de grandes centros de inversión para rendir mejores frutos, lo que hace de estas entidades en actores muy activos en áreas como el mercado de valores y el sector inmobiliario, principales áreas de inversión.

Un ejemplo de cómo un buen manejo del capital puede sustentar por mucho tiempo una acción benéfica es la Fundación Nobel. Creada tras la muerte del científico sueco Alfred Nobel en 1896, las inversiones realizadas desde entonces han permitido que cada año sea entregado a los ganadores un premio en metálico de aproximadamente un millón de dólares, monto que, ajustado por inflación, se ha mantenido invariable, salvo excepciones debidas a las crisis económicas desatadas por las guerras mundiales.

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Donar sin escatimar

La decisión de Bill Gates de donar más del 99 % de su fortuna no es la única. Chuck Feeney, el creador de las tiendas Duty Free, donó el 100% de su patrimonio, estimado en 7.500 millones de dólares. Sus últimos años los vivió en un apartamento alquilado y no tenía vehículo propio. “La riqueza debe utilizarse para mejorar la vida de los demás”, solía decir.

En 1901, Andrew Carnegie, el magnate irlandés-americano del acero, donó 5,2 millones de dólares para la construcción de 65 sucursales de la Biblioteca de Nueva York. En toda su vida, financió más de 2.500 bibliotecas en EE. UU., Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, el Caribe, Australia y Nueva Zelanda. A él también se debe la construcción del famoso Carnegie Hall de Nueva York.

Antes de morir, el papa Francisco donó todo el capital que quedaba en su cuenta personal: 200.000 euros. El beneficiario fue la cárcel de menores Casal del Marmo, en Roma. Con ello, el recinto penitenciario pagará parte de la hipoteca que pende sobre su fábrica de pastas, donde adiestran a los jóvenes internos en este oficio con miras a su reinserción laboral.

Warren Buffet, considerado como el mejor inversionista de todos los tiempos, ha sido por cinco años el mayor donador del mundo, con un total de USD 62.000 millones a lo largo de su vida, equivalente al 30 % de su fortuna. Además, el cofundador de The Giving Pledge, dejará sus acciones a una fundación que dirigirán sus tres hijos. En la actualidad, esas acciones valen unos 145.000 millones de dólares.

George Soros ha donado un porcentaje mayor de su patrimonio, el 76 %, equivalente a unos USD 32.000 millones. Parte de esas donaciones han sido para apoyar la democracia en diferentes lugares del mundo, por lo que es acusado de sufragar conspiraciones contra regímenes autoritarios. Desde 1979, cuando inició su labor filantrópica, apoya la educación en países pobres.

Según Forbes, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha donado USD 406 millones de dólares a lo largo de su vida, cifra por debajo del 1 % de su patrimonio neto al cierre de 2024. El monto no incluye los USD 7.900 millones en acciones de Tesla que transfirió a la Fundación Musk en 2021 y 2022. Aun así, sus donativos apenas han sido 2 % de su patrimonio.

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¿Cómo afectan los aranceles de Estados Unidos la dinámica del nearshoring en Centroamérica y República Dominicana? z324j

Fri, 23 May 2025 18:56:58 +0000

¿Cómo afectan los aranceles de Estados Unidos la dinámica del nearshoring en Centroamérica y República Dominicana?

Una menor competitividad, aumento de costos y desaceleración de la inversión, entre las consecuencias de la medida tomada de forma unilateral por el gobierno de Donald Trump.

Ingrid Rojas Fri, 23/05/2025 - 14:56

Tanto Centroamérica como República Dominicana se han posicionado como destinos importantes para el nearshoring o la relocalización de empresas. Por ello, estas jurisdicciones han expandido sus zonas francas y han fortalecido su infraestructura logística. República Dominicana, por ejemplo, detalla Urania Paulino, socia de Pellerano Nadal, ha apostado por convertirse en un hub logístico regional, modernizando puertos como Caucedo y reformando su Ley de Aduanas (168-21) para facilitar el comercio.

En el caso de Costa Rica, el régimen de zona franca sigue creciendo sistemáticamente desde la década de los ochenta como un régimen especial de impuestos. El año pasado el país atrajo 73 nuevos proyectos de inversión, incluyendo 21 empresas nuevas y 52 reinversiones en sectores como servicios, ciencias de la vida y manufactura avanzada, según datos de Promotora de Comercio Exterior (Procomer). Panamá también registra importantes iniciativas privadas de inversión, particularmente en sectores estratégicos como logística, tecnología y manufactura.

Países como Nicaragua y El Salvador ofrecen beneficios fiscales a sectores en zonas francas y, por ubicación geográfica, Guatemala ha aprovechado la dinámica global de la Inversión Extranjera Directa (IED) a través del nearshoring, esta localización permite a las empresas extranjeras reubicar sus procesos comerciales o productivos más cerca de sus principales mercados, lo que implica una reducción de costos en la cadena productiva y logística, como señala Carlos F. Camacho, socio de inversión y comercio internacional de Arias - Costa Rica.

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Pero, a decir de Paulino, esta dinámica ha sido trastocada por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de muchas de estas economías.

A República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice les fue aplicado un arancel adicional de 10 % con la medida ejecutiva del presidente Donald Trump del 2 de abril pasado, con la intención de proteger la industria estadounidense, reduciendo su dependencia del exterior, y disminuir su déficit comercial. La excepción fue Nicaragua, a la que se impuso una tarifa de 18 % sobre los productos que le compra EE. UU.

De esta manera, los países amparados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), suscrito en 2004, vieron cómo cambió drásticamente el panorama en materia comercial, con un incremento de costos, un impacto en la rentabilidad de las operaciones y la pérdida de competitividad de los productos que exportaban hacia el mercado estadounidense, entre sus principales consecuencias.

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Impacto en diversos frentes

Camacho advierte sobre el impacto que tiene el aumento de aranceles en sectores como la agroindustria (piña, banano y café) y de dispositivos médicos, lo que obliga a las empresas a replantear sus estrategias de producción global.

Además, asegura que la medida también se traducirá en inflación importada, pues al depender de importaciones desde Estados Unidos, los países centroamericanos pueden experimentar un aumento en los precios de bienes esenciales, lo que afectará la economía local.

Según el especialista, industrias como la agroexportación y manufactura también podrían ver una disminución en sus ventas debido a los nuevos aranceles y avizora una reconfiguración de mercados a través de la diversificación de destinos de exportación hacia Europa, Asia o mercados regionales para mitigar el impacto. No obstante, advierte que esta última opción no será posible para todas las industrias.

“La imposición de aranceles a todos los países por parte de EE. UU., incluyendo a República Dominicana y a los países Centroamericanos, introduce una distorsión importante en la lógica de nearshoring. Tradicionalmente, la relocalización se basaba en el sin restricciones al mercado estadounidense; sin embargo, los nuevos aranceles alteran esa ventaja”, advierte la socia de Pellerano Nadal.

A ello añade que para las economías más dependientes de las exportaciones hacia EE. UU., las zonas francas dominicanas o las maquilas centroamericanas, estos aranceles aumentan los costos operativos y disminuyen la competitividad frente a terceros países que, a pesar de estar más lejos, pueden negociar condiciones bilaterales más favorables.

"El efecto inmediato es una pérdida de competitividad. Los sectores más vulnerables son aquellos con márgenes ajustados y dependencia directa del mercado estadounidense, como textiles, manufactura ligera y componentes electrónicos", dice Paulino, quien estima que, en el corto plazo, podrían desacelerarse nuevas inversiones y provocar un reanálisis de las cadenas de suministro ya establecidas.

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El peso del CAFTA-DR

Entre los acuerdos suscritos por los países centroamericanos y República Dominicana con sus socios comerciales el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), que ampara a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos, destaca como el de mayor peso si se toma en cuenta la participación que este tiene en relación con el total exportado.

De acuerdo con el informe sobre el estado actual de la integración económica centroamericana publicado el año por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), en 2023, el CAFTA-DR fue el más aprovechado si se considera el valor de las exportaciones de los países de la región (62,4 %) y República Dominicana (2,6 %), 21.490,1 millones de dólares, seguido del acuerdo con la Unión Europea (23,4 %, equivalente a 7.740,1 millones de dólares).

Paulino resalta que, a pesar de las nuevas medidas arancelarias impuestas por EE. UU, el DR-CAFTA sigue siendo uno de los principales escudos legales y comerciales de la región de cara al nearshoring, pues proporciona:

Un marco normativo claro y predecible, fundamental para atraer inversión extranjera directa. Para el socio de Arias, la estabilidad comercial que ofrece el DR-CAFTA ha sido un factor clave para atraer inversión directa en sectores estratégicos como manufactura, tecnología y servicios.
Mecanismos de solución de controversias, que ofrecen garantías jurídicas a los inversionistas ante decisiones unilaterales.
preferencial a EE. UU. y otros mercados del bloque que, aunque puede verse limitado por nuevas políticas arancelarias, aún representa una ventaja frente a países no adheridos.

Camacho refuerza que, gracias al CAFTA-DR, los países de Centroamérica y República Dominicana tienen condiciones favorables para exportar a EE. UU., lo que los hace más atractivos para empresas que buscan relocalizar su producción. Entre otras ventajas de este menciona:

Diversificación de exportaciones: El tratado ha impulsado la creación de nuevas cadenas de valor, permitiendo que sectores como el textil, autopartes, servicios especializados y dispositivos médicos, entre otros.
Competitividad frente a Asia: Con el auge del nearshoring, las empresas buscan alternativas a China y otros países asiáticos. Centroamérica, por su cercanía geográfica y acuerdos comerciales, se posiciona como una opción viable, frente a esos mercados afectados por tarifas punitivas, largos tiempos de entrega y costos logísticos crecientes, de acuerdo con Paulino.

Lee también: Nearshoring: Las iniciativas en República Dominicana para posicionarse como hub logístico regional

Oportunidades y barreras

Los especialistas consultados coinciden en que las oportunidades de nearshoring en Centroamérica y República Dominicana se concentran en sectores que combinan alta demanda en Estados Unidos con ventajas productivas en la región, que pueden impulsar la economía y atraer inversión extranjera. Destacan:

Manufactura ligera y avanzada: Textiles y confección, dispositivos médicos y ensamblaje de componentes electrónicos. En estos últimos Costa Rica lleva la delantera por su mano de obra calificada y estabilidad política. Honduras y El Salvador han fortalecido su industria textil, aprovechando su proximidad a EE. UU. para reducir costos logísticos.
Agroindustria: Procesamiento de alimentos, empaques y exportación de productos frescos. La exportación de productos agrícolas como café, frutas y azúcar sigue siendo una oportunidad clave, con mejoras en logística y certificaciones internacionales.
Servicios tercerizados (BPO/KPO): Call centers, contabilidad, soporte técnico y desarrollo de software.
Logística y transporte: Centros de distribución regional y servicios de carga aérea y marítima. La ubicación estratégica de la región y el al Canal de Panamá facilitan el comercio y la distribución de bienes a nivel global.

No dejes de ver: ¿Cómo impacta la política arancelaria de Estados Unidos al nearshoring en México?

“La diversificación de sectores también permite que las economías centroamericanas reduzcan su dependencia de productos tradicionales de exportación, incrementando el valor agregado de sus industrias”, añade Paulino.

A pesar de las ventajas logísticas y geográficas mencionadas, persisten barreras estructurales que dificultan una adopción más ágil del nearshoring:

Infraestructura: Si bien algunos países como República Dominicana han avanzado significativamente en puertos, zonas francas y conectividad, otros enfrentan déficits en transporte terrestre, energía o aduanas e incluso en carreteras.
Burocracia y regulaciones: La lentitud en la emisión de permisos, la falta de armonización tributaria y la inseguridad jurídica en algunas jurisdicciones generan dudas entre potenciales inversionistas. En otras hay preocupaciones respecto a la estabilidad política y una seguridad frágil.
Capacitación técnica del capital humano: Aunque existe una fuerza laboral joven, la región aún necesita ampliar la formación técnica y profesional en sectores específicos como logística, manufactura avanzada o tecnología. La demanda de habilidades especializadas en tecnología y manufactura sigue siendo un desafío. Cada país tiene sus fortalezas dependiendo del nicho de mercado.

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Camacho menciona que en Costa Rica se trabaja en una reforma del código laboral para formalizar la jornada 4X3 (trabajar cuatro días y descansar tres), que ya muchas empresas utilizan en la práctica, pero que no son legales, especialmente en empresas de manufactura y de servicios que tienen la metodología de trabajo que operan sin parar.
Señala que por la posición geoestratégica privilegiada de Panamá, los legisladores han procurado históricamente mantener un marco normativo que esté a la vanguardia del crecimiento comercial y alineado con las nuevas tendencias internacionales, permitiendo al país adaptarse rápidamente a oportunidades emergentes como el nearshoring y entre las herramientas que apuntan en esa dirección destacan las Zonas Económicas Especiales (ZEE)

Echa un vistazo: ¿Qué hay detrás de las operaciones apalancadas en el mercado de M&A? Ventajas, desafíos y acuerdos sugeridos

En República Dominicana, por ejemplo, se ha observado un mayor interés de fondos regionales y compañías extranjeras en adquirir o asociarse con empresas locales que ya operan bajo el régimen de zonas francas o que poseen activos logísticos bien posicionados y resalta que el alza de aranceles en Estados Unidos ha incentivado esta dinámica, ya que muchas compañías buscan integrarse verticalmente o ganar escala en mercados cercanos al consumidor final.
También explica que el fenómeno ha estimulado la revalorización de activos estratégicos, como parques industriales, almacenes con portuario o compañías de servicios logísticos que ya cuentan con permisos y experiencia operativa en comercio internacional.
"Las operaciones de M&A, en este nuevo ciclo, no solo responden a motivos de expansión, sino a estrategias de mitigación de riesgo frente a un entorno comercial más restrictivo. En ese sentido, el nearshoring actúa como catalizador para movimientos corporativos que antes habrían demorado años en concretarse", finaliza la socia de Pellerano Nadal.

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La capacidad de endeudamiento de América Latina ante una deuda global que roza el 100 % del PIB 1i5z18

Tue, 20 May 2025 12:53:34 +0000

La capacidad de endeudamiento de América Latina ante una deuda global que roza el 100 % del PIB

Con una deuda de USD 1,76 billones, Brasil aporta 0,54 % al endeudamiento global. Argentina, cuya deuda representa 80 % de su PIB, contribuye con el 0,16 %, mientras Perú, con un endeudamiento de 33 % en relación con su PIB, añade un 0,03 %.

Ingrid Rojas Tue, 20/05/2025 - 08:53

En su más reciente Monitor Fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el incremento de la deuda pública mundial por encima de 95 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este año. La proyección del multilateral es que el indicador aumentará 2,8 %, lo que duplicaría el valor estimado para 2024, y mantendrá la tendencia hacia 2030, cuando estaría sobrepasando el 100 %.

El organismo hace referencia a más de un tercio de países cuyas economías representan alrededor del 75 % del PIB mundial. Entre ellas incluye a China y Estados Unidos, como los principales, y a Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Francia, Indonesia, Italia, México, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica, como importantes.

Hace unos años el mundo ya había superando el 100 % de deuda considerando el PIB global, esto sucedió en plena pandemia del Covid-19, en 2020, cuando fueron necesarios apoyos financieros en muchos países, incluyendo los de Latinoamérica.

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¿A qué obedece este incremento en la deuda?

Varias son las razones que esboza el FMI, entre ellas las tensiones comerciales generadas por la política arancelaria de Estados Unidos, que, como han advertido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y otros organismos, provocará una desaceleración en el crecimiento mundial, así como más volatilidad en los mercados financieros, como se ha visto desde comienzos de 2025.

Las tasas arancelarias efectivas que anunció y aplicó EE. UU. en enero y abril en niveles no vistos en un siglo y la incertidumbre que esto genera, llevaron al FMI a revisar las cifras de crecimiento que dio a conocer en enero de este año. La previsión es que el PIB crecerá 2,8 % este año, 0,5 puntos porcentuales menos que lo proyectado en enero pasado.

El multilateral no solo llama la atención acerca de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, también advierte sobre el alza de las tarifas a escala mundial. Esto también lo llevó a estimar que la inflación general mundial disminuirá a un ritmo más lento que el que se había previsto a comienzos de año.

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Las porciones

Entre los mercados emergentes, el gigante asiático destaca con una deuda de 95 % de su PIB, mientras que el endeudamiento de Estados Unidos alcanza 100 % de lo que el país produce en bienes y servicios, con tendencia a seguir creciendo, de acuerdo con datos divulgados hace pocos días por el Instituto de Finanzas Internacionales.

América Latina también ha aportado su cuota al impulso creciente de la deuda como porcentaje del PIB, en lo que ha incidido un menor crecimiento económico, combinado con las altas tasas de interés. México es uno de los países que ha visto crecer el indicador, como advirtió el FMI, pero otras economías de la región, como Brasil, Argentina y Colombia también apuntan en esa dirección, como advirtió hace unos días el Instituto de Finanzas Internacionales en un informe divulgado por Bloomberg.

En un reciente informe, la institución señaló que entre enero y marzo la deuda mundial alcanzó los 324 billones de dólares, lo que consideró un récord, al igual que para América Latina en particular.

Con una deuda de 1,76 billones de dólares, la de Brasil representa el 0,54 % de la deuda pública global, siguen México con una deuda de USD 807.820 millones (0,25 % del endeudamiento mundial) y Argentina con USD 530.419 millones (0,16 % de la deuda global).

En diciembre pasado, el FMI estimaba que la deuda pública en las principales economías de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay) se encaminaba a promediar 55 % del producto interno bruto. El monto representa un repunte significativo si se toma en cuenta que 11 años atrás, en 2013, era de 34 %.

Aunque 55 % es una cifra menor al 93 % que proyectó en el Monitor Fiscal de octubre pasado (y la proyección en adelante es hacia la estabilización), para el multilateral sigue siendo elevado en comparación con los estándares históricos de América Latina y su capacidad de endeudamiento, en lo que han contribuido los déficits fiscales, la debilidad de las monedas locales y un menor crecimiento económico.

La situación toma otra dimensión si se considera que los costos de financiamiento, en promedio, son de 3,8 % del PIB, más del doble que en las economías avanzadas (1,7 %) y de otros mercados emergentes (2,5 %), lo que se adjudica a la baja eficacia gubernamental, un historial desfavorable de tensiones e impagos y la disminución de las reservas de divisas.

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El caso brasileño

Alex Agostini, economista jefe de la calificadora de riesgo Austin Ratings, comenta que, en el caso de Brasil, la relación deuda/PIB ha seguido una trayectoria ascendente desde hace algún tiempo, lo que ha generado preocupación, aunque —asegura— no se han tomado medidas para revertir la tendencia.

Entre las propuestas para aliviar el creciente endeudamiento destaca plantear una reforma istrativa ante el Congreso Nacional con el objetivo de reducir el número de funcionarios, dada la gran carga que representan para el Estado. También plantea la necesidad de un nuevo Pacto Federativo para descentralizar recursos y definir las obligaciones de cada esfera de gobierno, municipio, estado, unión, dándoles mayor autonomía en la ejecución del presupuesto.

A pesar de que se han llevado adelante procesos de privatización, la venta de activos sigue estando en el tapete para disminuir el endeudamiento. Brasil todavía tiene una cantidad “muy grande” de empresas estatales y especialmente estatales federales, que, de alguna forma, tienen un servicio social importante, como Correos, pero que han perdido su capacidad financiera autónoma, es decir, no consiguen obtener ganancias y eso hace que el gobierno siempre tenga que financiar sus déficits.

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Agostini explica que el gobierno ha tenido una postura mucho más expansionista que contractiva en el gasto fiscal y una muestra de ello es el proyecto de ley de presupuesto para el año 2026, en el que disminuyen los gastos discrecionales, que son los montos que se usan para inversiones, para hacerlo vía enmienda parlamentaria.

Para hacer frente al aumento del gasto público y para frenar la subida de los precios, el Banco Central ha venido incrementado la tasa de interés de referencia (Selic), impulsando cada vez más la relación deuda bruta/PIB, dado que más de la mitad de esta se encuentra indexada a los tipos de interés. El último incremento de la tasa Selic fue de 0,50 % y se concretó el 7 de mayo, cuando pasó a ser 14,75 %.

Ante una expectativa de desaceleración económica, las cifras tienden a no cuadrar, según el economista, si se considera que los ingresos se reducirán este año y principios del que viene, mientras que los gastos fijos y obligatorios aumentarán.

“El problema es que el gobierno brasileño siempre mira el lado de la recaudación, siempre está tratando de aumentar la recaudación y las matemáticas no cuadran porque sabemos que los gastos están creciendo y los ingresos son limitados”.

Echa un vistazo: La política monetaria de Argentina, Chile y México en 2024; ¿cómo ha repercutido la baja de tasas de interés?

Agostini añade que la relación deuda/PIB en Brasil llegará al 80 % probablemente a finales de este año y el que viene a 82 %, 83 % e incluso 84 % (para el FMI más de 90 % del ratio de PIB bruto) en 2026 por tratarse de un año electoral, cuando el gasto público suele aumentar. A esto suma que se ha recurrido a artificios para sacar ciertos conceptos del presupuesto de manera de poder cumplir la meta fiscal, lo que —en su opinión— demuestra la fragilidad en las cuentas públicas.

Resalta que el creciente endeudamiento del país es un punto negativo a la hora de evaluar su calificación de riesgo soberano.

Y aunque la economía está creciendo y se han creado empleos, el experto se pregunta a qué precio, con una inflación muy por encima de lo deseado y con las tasas de interés más altas de los últimos 19 años.

Lee también: ¿Qué beneficios plantea el RIGI? La apuesta argentina para atraer inversiones

Argentina, un escenario cambiante

Para el economista argentino Nicolas Soldatich, el incremento del endeudamiento no es ajeno a los desafíos estructurales de la región: baja productividad, informalidad laboral, evasión fiscal y una matriz exportadora poco diversificada.

Con un crecimiento que se desacelera, Estados Unidos y China en modo de pelea y aranceles que vuelven a subir (gracias al proteccionismo), asegura que el escenario no ayuda.

“Si le sumamos que hoy el entorno global es menos favorable —con menor crecimiento, alta inflación estructural y tasas de interés internacionales más elevadas— reduce las oportunidades de inversión extranjera directa y complica aún más la consolidación fiscal”.

La deuda pública bruta de Argentina, buena parte en moneda extranjera, ronda más del 80 % del PBI. De acuerdo con el Instituto de Finanzas Internacionales, en el primer trimestre esta ascendió a 530.419 millones de dólares, lo que representa 0,16 % del endeudamiento global.

“El gobierno apuesta por licuar el gasto público a fuerza de inflación (de las más altas del mundo) y recortes, pero sin reformas de fondo ni plan de desarrollo. El resultado es recesión, pobreza estructural y una clase media que ya no sabe si reír, llorar, o simplemente sobrevivir como pueda”.

En su opinión, América Latina no necesita ajustes ni magia ni milagros, necesita un cambio de lógica.

“Dejar de pensar que endeudarse es desarrollo, y asumir que, sin transformar la estructura productiva, sin diversificar exportaciones, sin subir la productividad y sin justicia fiscal, no hay deuda que aguante”.

Aunque reconoce que no se trata de modelos perfectos, menciona a Chile y Uruguay como países con reglas fiscales claras que han logrado cierta estabilidad haciendo política fiscal sin condenar a su población a la penuria.

El economista recuerda que mientras el FMI, que, en abril, aprobó a Argentina un acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones a 48 meses, plantea un dilema clásico: consolidación fiscal sin frenar el crecimiento, otros organismos como el BID, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América latina (Cepal) se inclinan por una reforma tributaria progresiva.

En su opinión, la clave está en un nuevo contrato social que diga “vamos a recaudar mejor, gastar mejor y apostar al crecimiento con equidad”.

“Si la alternativa es seguir tomando deuda para pagar deuda, mientras la pobreza crece y la economía se achica, entonces ya sabemos cómo termina la película, mal”.

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Deuda de Perú, entre las más bajas

Aunque también es mencionado en el informe del Instituto de Finanzas Internacionales, Perú es una de las economías de la región que muestra “una de las mejores deudas públicas como % del PBI del mundo”, según el economista Juan José Marthans. La misma representa 33 % del Producto Interno Bruto del país.

El IIF señala que el país andino tiene una deuda de 100.085 millones de dólares, equivalente a 0,03 % del endeudamiento mundial.

“Está dentro de las 10 más bajas. Ese es un gran activo logrado tras 30 años de esfuerzo y disciplina fiscal. Aunque el frente político no ayuda los incumplimientos parciales de la meta del déficit no ha repercutido mucho en el endeudamiento gracias al uso de, por ejemplo, el Fondo de estabilización fiscal y similares”, explica Marthans, quien no pierde la esperanza de que este año cumpla la meta de déficit de 2,2 % del PBI.

Para el resto de economías de la región, Brasil y México, entre ellas, considera imprescindible la ejecución de reformas fiscales y estructurales y alejarse de propuestas caducas como lo muestran aún Bolivia y Venezuela.

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Refiriéndose a estados Unidos, el economista comenta que el país viene atravesando una clara “trampa de endeudamiento”, pues se acostumbró por años a financiar su brecha fiscal por economías y empresas foráneas mediante la adquisición de sus bonos del Tesoro.

“Ahora con la propuesta comercial de Trump se ha deteriorado la credibilidad, la estabilidad del dólar y los acreedores foráneos están liquidando parte de sus bonos del Tesoro norteamericano”.

Explica que esto genera dos efectos: la baja de la cotización de estos valores y el incremento de la prima de riesgo que solicitan los inversionistas para mantener dichos valores, lo que lleva al encarecimiento del crédito. “En ese contexto, los americanos cada día pagan más intereses para servir a su deuda. Estos son hoy equivalentes al total de su gasto en defensa nacional. Nunca antes sucedió esto. A más déficit, más deuda pública, sube el servicio de la misma y se vuelve a incrementar la deuda en un círculo sin fin”.

Para Marthans, los países que mostraron disciplina fiscal van a mostrar mejores grados de libertad para enfrentar un agravamiento de la economía a nivel internacional.

“Cuando las economías crecen menos de lo que crece su deuda pública, eso tiene un final poco aleccionador. Las potencias dejaron su liderazgo por desajustes en el frente fiscal, cambiario e inflacionario. Eso ha sido una constante en la historia. Nadie dice que esto acabe con Estados Unidos, pero parece que la soberbia los hizo olvidar que China seguía avanzando”.

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Inteligencia artificial generativa vs derechos de autor 1a311o un conflicto que redefine la industria musical y creativa

Wed, 07 May 2025 17:59:15 +0000

Inteligencia artificial generativa vs derechos de autor: un conflicto que redefine la industria musical y creativa

El CEO de OpenAI promueve la construcción de un nuevo sistema en el que los autores reciban regalías pero que haya universal a obras con copyright.

Rosa Ramos Wed, 07/05/2025 - 13:59

En abril, Sam Altman, CEO de OpenAI y quien ha enfrentado junto con su empresa decenas de acusaciones por supuestamente cometer infracciones de derechos de autor para entrenar a ChatGPT, dejó de negar que sus modelos generativos usan material con copyright y lo hizo a raíz del lanzamiento de DeepSeek, chatbot chino que amenaza con quitarle participación de mercado no solo a la empresa de Altman sino a Estados Unidos en la carrera por la IA generativa (IAG).

La “confesión” del tecnólogo está enmarcada en su competencia (y la del mundo occidental, en general) contra China, que, en las últimas semanas, ha empezado a construir fábricas con IA y tiene normas de propiedad intelectual mucho más laxas que las de Estados Unidos y la Unión Europea, entre estas: no persigue ni castiga a las tecnológicas que usan contenido con derechos de autor para entrenar a sus modelos, lo que al final, aunque con “trampa”, le da ventaja competitiva sobre sus competidores más cercanos.

De interés: Ciberseguridad en América Latina, ¿en qué rubros se debe invertir para contrastar el riesgo frente a la ciberdelincuencia?

Es por esto que Altman envió un documento de cerca de 15 páginas a la istración de Trump, en el que pide reconsiderar las limitaciones en el uso de material con copyright impuestas a las empresas de IA. La razón es simple, está convencido de que es imposible entrenar las IA generativas sin violar los derechos de autor y sin tener las mismas condiciones que China.

Si los desarrolladores de la República Popular China tienen ilimitado a los datos, y las empresas estadounidenses se quedan sin al uso legítimo, la carrera por la IA está prácticamente acabada. Estados Unidos pierde, al igual que el éxito de la IA democrática”, se lee en la carta abierta.

El CEO de OpenAI es defensor del uso de IA generativas en la creación artística, por esto su compañía se esfuerza en poner a disposición de los creadores herramientas más potentes cada vez, pero, para que sean altamente efectivas, deben estar entrenadas y este entrenamiento –ya sabemos– depende de obras con derechos de autor, de todo tipo: musicales, plásticas, literarias, cinematográficas… Y esto abre un debate: ¿dónde está el límite entre el plagio y la inspiración?

Se necesita un nuevo sistema

Altman no ha dado aún la respuesta, pero sí promueve la construcción de un nuevo sistema de protección y económico en el que los autores reciban una compensación justa, pero que aún haya universal a obras con derechos de autor para democratizar la producción cultural. Una de las mejores exposiciones de sus motivos la dio en abril de este año, en el encuentro TED2025, en la que analizó, en conversación con Chris Anderson, director de TED, el crecimiento de la IA generativa y la capacidad que tiene no solo de convertirse en una herramienta asistencial de los creadores sino en extensión de nosotros mismos.

“Queremos que más personas creen mejores obras”, dijo, pero aún queda el debate de si son las propias tecnológicas las que deben determinar cómo y cuánto debe ser la compensación de los autores, si habrá un modelo de compensación híbrido (gubernamental y privado) o si será enteramente dependiente de las normativas legales de cada nación. Entretanto, quedan también las preguntas de cómo manejaremos la actividad creativa, y los derechos de propiedad intelectual asociados a esta, en un mundo donde en pocos años la IA generativa superará a la inteligencia humana.

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Mientras esto ocurre, y aprovechando que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) dedicó este año a la música y la PI, bien vale recordar también que OpenAI ha batallado —y está batallando actualmente— contra diversas demandas por infracción de derechos de autor, entre las más destacadas están la que inició un grupo de escritores, liderados por Sarah Silverman; la que iniciaron los medios de comunicación Raw Story y AlterNet (y que un juez federal de Nueva York desestimó el pasado noviembre); la que inició en Nueva Delhi la Federación de Editores Indios, y la que nos trae de vuelta el tema musical de esta pieza: la demanda que GEMA, la sociedad alemana de gestión colectiva de derechos musicales, presentó en contra de OpenAI por el uso de obras musicales protegidas sin contar con la licencia correspondiente.

De acuerdo con los medios alemanes, GEMA quiere demostrar que OpenAI utiliza su portafolio musical para entrenar sus modelos y que ChatGPT reproduce fragmentos de letras de las canciones de su repertorio (con cerca de 95.000 ) en sus respuestas, “lo que constituye una infracción directa de los derechos de autor.”

La demanda de GEMA se presentó el pasado 13 de noviembre, ante el Tribunal Regional de Múnich, y es la primera demanda en el mundo de una entidad de gestión colectiva contra una compañía de IA. GEMA, por cierto, no descarta extender acciones legales en contra de otras tecnológicas por infracción de copyright en el entrenamiento de IA generativas.

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Para equilibrar las cargas —o ser más justos, en realidad—, GEMA publicó una Carta de IA con 10 principios para que el uso de IAG en el quehacer creativo sea “constructivo y justo”. Esta guía de principios básicos pone como prioridad al humanismo digital: donde las personas son el centro de atención y se entiende que el desarrollo de la IAG está ligado al bienestar de las personas. Sobre esto, GEMA dice que:

…apoya la creación musical, aprovechando las nuevas posibilidades tecnológicas. Como herramienta, la IA puede ampliar y mejorar las posibilidades y habilidades creativas de las personas. Por lo tanto, se ha convertido en una parte integral del proceso creativo. Sin embargo, no debe desplazar ni expulsar la creatividad humana, especialmente explotando el trabajo creativo preexistente.

Para la entidad, la protección de los derechos de PI, entendiendo que “los derechos de autor protegen al ser humano creativo y le otorgan el derecho exclusivo de decidir sobre el uso de sus obras dentro del marco legal” es fundamental. Los otros principios para esta son que haya participación justa en la creación de valor y que todas las partes involucradas en la cadena de valor reciban una parte justa de los ingresos. Que haya transparencia sobre cómo los proveedores de IA usan las obras y qué medidas adoptan para garantizar el desarrollo y la implementación de la IAG.

Además promueve las negociaciones equitativas, el respeto de los derechos morales y de la diversidad cultural (“la IA generativa no debe conducir a la homogeneización de las formas culturales de expresión y las tendencias sociales, reproduciendo lo mismo una y otra vez”), sin eludir las normas de la UE y sin dejar de lado la sostenibilidad y la responsabilidad, en el desarrollo y la implementación de IAG ajustadas “a los principios éticos y las obligaciones legales, y en particular implicar la obtención de las licencias correspondientes”.

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Para expertos como Aldo Ricardo Rodríguez Cortés, CEO de Lawgic Legal AI, a la luz de las legislaciones actuales, y al margen de las necesidades y opiniones de personas como Altman, los creadores tienen razón bajo la luz de la ley actual; sin embargo, para él, el dilema real que debemos dilucidar es si se sigue interpretando el sistema de los derechos de autor como hasta ahora, sin tomar en cuenta la IA, o si se inicia una nueva era del copyright, a pesar de que los derechos de autor y las IAG son, por ahora, incompatibles.

"Por eso es que Altman y Google (y quizás se sumen más pronto) piden decidir qué queremos, ganar la carrera de la IA y lo que esto implica vs China (y sus aliados) o tener un retroceso importante con estos fallos judiciales y ralentizar el avance tecnológico", escribió el experto.

Mientras se decide si se flexibiliza la ley, la IAG ya está en la industria musical

El abogado chileno Juan Francisco Reyes, socio SCR Abogados, considera que de no mediar una autorización legal, el uso que las compañías tecnológicas que incorporan IAG le están dando a las obras protegidas por derecho de autor, en la etapa de entrenamiento de sus modelos puede, en teoría, dar origen a obras derivadas que pueden infringir los derechos de reproducción, de adaptación e incluso morales de las obras preexistentes.

Para él, llegar al punto de equilibrio entre el uso de IA en la música y el derecho de autor, no solo en entrenamiento de los modelos generativos sino también en los procesos creativos, debe resolver lo que considera la “gran tensión”: la etapa de entrenamiento, debido a que el uso de obras protegidas sin autorización de sus titulares en el entrenamiento del modelo es precisamente lo que podría dar lugar a escenarios de infracción en la etapa de creación.

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"Si se lograse asegurar la obtención de autorizaciones por medio de vías tradicionales —como el licenciamiento tradicional o por medio de entidades de gestión colectiva— o incluso soluciones nuevas que pudieran diseñarse al efecto, se podría generar una nueva fuente de ingresos para los titulares que equilibre el interés de los titulares con aquel de las empresas tecnológicas".

Mauricio Vedovato, socio de HRSA Sociedade de Advogados, considera que el equilibrio lo definen las leyes de derechos de autor, particularmente porque los músicos y productores musicales utilizan numerosos programas informáticos como herramientas para crear sus obras musicales, así como para mezclarlas, reproducirlas y transmitirlas, lo que no los hace ajenos a expresar su música a través de diversos medios y grabarla en diversos soportes.

"No hay duda de si uno de estos programas es el autor de la música creada. El software de IA es, ante todo, software. Por tanto, me parece que se puede aplicar el mismo razonamiento: la persona que utiliza el software, que introduce los comandos, las directrices y las indicaciones necesarias para la creación de la obra, es quien debe ser considerado el autor de la obra", apunta.

Es particularmente importante tener esto en cuenta si la intervención de la IA en la música se llega a aceptar como una herramienta más en el proceso creativo, que afectará la gestión de las negociaciones de regalías y otros derechos de propiedad intelectual dentro de esta industria. Ante la coyuntura de si se debería seguir interpretando los derechos de autor como hoy, y no permitir que se utilice la IAG en la industria musical, o si deberíamos entrar en una nueva era de derechos de autor (y cómo sería o debería ser), Vedovato recuerda que el software de IA es una herramienta en el proceso creativo, por lo tanto, no considera que debe haber ningún cambio en el tratamiento de las regalías y/o derechos de propiedad intelectual.

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"No se trata de no permitir que se utilice la IA en la industria de la música. Ella es solo otra herramienta. Como ya hemos dicho, el autor es la persona que da las órdenes, pautas e indicaciones para la creación de la obra musical", explica.

Un ejemplo perfecto de autoría y originalidad en el uso de IAG dentro de la industria musical lo representa el proyecto de power metal bluegrass Hillbilly Hellfire (les comparto mi canción favorita del proyecto), hecho 100 % con IAG, siguiendo prompts que claramente están bien escritos por alguien que, aunque anónimo hasta ahora, demuestra que —muy probablemente— es un músico que decidió crear obras por medio de herramientas 100 % digitales.

Este proyecto musical basado estrictamente en IAG, que no es el primero en su estilo, cabe decir, es muestra clara de que sí se puede encontrar un punto creativo que emplee herramientas IA para crear obras nuevas. El detalle está en que, y lo digo como consumidora de este género musical, es que este proyecto suena bien porque suena como otros artistas reales ya establecidos.

Lo que revela que cualquiera sea la IAG que se usó para componer las canciones, de cualquier manera se basó en obras ya existentes y ahí surgen las preguntas que Altman, las entidades de gestión, los expertos legales y los gobiernos están tratando de responder: ¿cuánto es una compensación justa para quien está detrás de Hillbilly Hellfire? ¿La merece? ¿Cuánto lo es para quienes son los autores de las obras originales en las que se basó la IAG usada para crear nuevas piezas? ¿Qué tan válida es la música de este proyecto? ¿Qué pasaría si las diversas demandas contra empresas como OpenAI, respecto a los derechos de autor, no benefician a estas empresas? ¿Podría esto frenar el avance tecnológico y, sobre todo, favorecer a otras naciones que sean más laxas en sus leyes en su desarrollo tecnológico, y a los creadores dentro de estas naciones?

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Juan Francisco Reyes considera que si las demandas deducidas en contra de las compañías tecnológicas terminan en sentencias condenatorias, podrían ver incrementados los costos de sus proyectos, lo que tenderá a modificar la estructura de precios de sus productos en el mercado en términos que podrían llevar a que algunos no lleguen al mercado; “aunque me cuesta creer que estas contingencias no hubieran sido ponderadas a la hora de iniciar el proyecto”, apunta.

Por otro lado, el establecimiento de criterios de infracción y reglas de propiedad en beneficio de los titulares de derechos de autor podría hasta cierto punto simplificar la obtención de autorizaciones y permitir cuantificar de mejor manera el costo de los proyectos durante sus etapas de diseño, escalamiento y comercialización, recalca.

"Dada la legislación actual, entiendo que es posible que las sentencias de estas acciones puedan ser contrarias a los intereses de empresas como OpenAI. Las leyes de derecho de autor en varios países establecen que el uso de obras protegidas por derechos de autor depende de la autorización previa y expresa del autor. Por otro lado, estas empresas pueden tener argumentos a su favor como el uso justo, doctrina tratada de distinta manera dependiendo de la jurisdicción en la que se trate el caso", amplía Vedovato.

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Para este abogado, hay que tener presente que el conflicto entre los intereses relacionados con el desarrollo de la tecnología y la protección de los derechos de autor tiene dos caras. Esto se debe a que el software en sí, incluidos los programas de IA, está protegido por leyes de derechos de autor, como es el caso en Brasil. Entretanto, es relevante considerar que la relajación de la protección de las obras musicales (o, en su defecto, de otros tipos de obras, como libros, artículos, fotografías, etc.) puede implicar la relajación de la protección de la que goza el software.

En otras palabras, terceros podrían utilizar esta relajación de los derechos de autor para utilizar, sin autorización, programas de IA desarrollados por estas empresas para crear su propio software u otras obras, concluye.

La nueva era ya está aquí

Pero todas estas consideraciones no frenan el avance de la IAG, la “democratización” de la creación artística (que yo no llamaría tal, pero no me corresponde elaborar al respecto) o el de artistas ya formados a mejores herramientas que les facilitan armar un álbum musical desde casa y a muy bajo costo, por ejemplo; ni mucho menos frenan a las tecnológicas que han desarrollado IAG que necesitan entrenar constantemente, así sea de la manera ilícita en que lo han hecho hasta ahora.

Para Aldo Rodríguez Cortez, todo esto solo refleja una colisión de fuerzas entre la innovación y la protección que nos deja en “un punto de inflexión histórico donde la inteligencia artificial (que ha roto el paradigma donde la creación y reproducción de obras tenía límites claros) y el sistema tradicional de propiedad intelectual han entrado en conflicto directo”. Para este experto, esta colisión no es meramente técnica o legal, sino que redefine cómo valoramos la creatividad humana y el avance tecnológico.

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La nueva era en la que ya vivimos requiere, bajo el esquema de copyright tradicional, negociaciones individuales con cada autor que derivarán en un proceso muy oneroso y un retraso en el desarrollo y perfeccionamiento de IAG (en esto tiene razón Altman), que dejarían atrás a muchos en la competencia tecnológica. Pero solo el sistema actual de protección de derechos de autor es el que incentiva a los creadores a –valga la redundancia– crear, porque el respeto a sus derechos de autor es lo único que impide que sus obras puedan ser usadas y explotadas sin que les generen rédito.

La experiencia de la industria musical, con sus complejas estructuras de licencias y disputas interminables, ofrece un vistazo inquietante a lo que podría ocurrir. Y aun así, la escala de datos necesaria para la IA eclipsa por completo lo que ocurre en el ámbito musical, destaca el abogado.

…Y, mientras tanto, en el medio, podríamos decir que estamos los s de IAG y chatbots y los consumidores de obras hechas con IAG, que disfrutamos las ventajas que nos dan estas herramientas sin reflexionar mucho sobre sus implicaciones éticas o económicas y que, muy banalmente, lo único que lamentamos es que (en mi caso, que no consigo en la “discografía” de Hillbilly Hellfire otra canción con la misma voz que tanto me gusta del tema que les compartí) es que a veces las obras que disfrutamos son irreplicables, a pesar de que fueron creadas por algoritmos fijos.

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¿Cómo impactan los aranceles de Trump a la industria automotriz a México 3t5j3a Canadá y Europa?

Sun, 04 May 2025 14:19:44 +0000

¿Cómo impactan los aranceles de Trump a la industria automotriz a México, Canadá y Europa?

Sin alcanzar los niveles prepandemia y ante el lento avance de la electrificación, la guerra de tarifas frenará los planes expansivos del sector.

Jesús Hurtado Sun, 04/05/2025 - 10:19

Si una industria se ha visto convulsionada por la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, es la automotriz. La imposición de aranceles a la importación de todo vehículo fabricado fuera de sus Estados Unidos, plantea una barrera difícil de franquear para la gran mayoría de los fabricantes, que, de repente, ven limitarse el cómodo que hasta ahora habían tenido al mayor mercado del mundo, algo que repercutirá en el desenvolvimiento de la industria global.

Todavía sin alcanzar los niveles productivos prepandemia y ante un avance muy por debajo de lo esperado en materia de electrificación, la situación actual pone en duda las previsiones de crecimiento de un sector que, al igual que el petrolero, debe proyectar a largo plazo las inversiones a realizar para garantizar su expansión, muchas de las cuales han sido frenadas en seco a la espera de mejores tiempos.

De momento, el alivio aplicado por Trump al “suavizar” los aranceles al sector, no parece ser suficiente para restituir la confianza en la industria, cuyo panorama para este año ha sido catalogado como “deteriorado” por la firma calificadora de riesgo Fitch Rating, ante una inminente caída de la producción y las ventas.

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Mucho ruido, ¿pocas nueces?

En su empeño por devolver el lustro perdido a una industria que fue puntal del avance económico de EE. UU. hasta mediados del siglo pasado, el arancel de 25 % a todo vehículo producido fuera de sus fronteras busca presionar a las automotrices mundiales para que se establezcan en suelo americano.

Según la lógica de Donal Trump, las medidas arancelarias reactivarán la industria automotriz, atrayendo producción y fortaleciendo la cadena de valor doméstica. Esto, en opinión de los especialistas, podría tener ciertos efectos, como poner en marcha las capacidad subutilizadas de las ensambladoras locales y estimular algún grado de inversión, pero en el fondo no logrará superar los problemas estructurales de la industria estadounidense.

“Uno de los problemas más serios es la falta de fuerza laboral. Actualmente, muchas plantas en EE. UU. tienen dificultades para contratar personal, y los trabajos en líneas de ensamble suelen ser poco atractivos por su intensidad física, rotación elevada y condiciones exigentes”, dice Jorge Juárez Oceguera, coordinador de forma y fondo de patentes en la firma mexicana Olivares.

En apoyo de esta tesis, llegan números concretos referidos al empleo industrial estadounidense, según los cuales la fuerza laboral manufacturera en ese país cayó de 32 % en la década de los años 50 del siglo pasado, a solo 8 % en 2024, ello en atención de la irrupción del sector de los servicios, especialmente en tecnología, como pilar de la economía del gigante norteño.

En este contexto, la opinión general es que si bien los incentivos fiscales y las exenciones arancelarias ofrecen algunas ventajas momentáneas, es poco probable que logren revertir décadas de una transformación industrial impulsada por las mismas fábricas estadounidenses,que buscaron en el exterior ahorros de costos de producción sustentados en materia prima y mano de obra barata,

“La industria automotriz moderna requiere eficiencia, flexibilidad y una fuerza de trabajo disponible y especializada. Si no se atienden esos desafíos estructurales, las medidas actuales difícilmente lograrán más que un reajuste temporal”.

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Efecto boomerang

De momento, la estrategia ha sido una especie de boomerang que se ha revertido contra las propias ensambladoras estadounidense, que ha pedido alivios para minimizar sus efectos negativos. De hecho, además de la caída en bolsa, los analistas prevén que “las tres grandes hermanas” del área (General Motors, Ford y Stellantis) reduzcan sus beneficios entre 20 % y 30 % este año, merma que puede extenderse hasta 2026.

Las negativas proyecciones se basan en que las tres automotrices producen en el exterior, básicamente en Canadá y México, buena parte de los autos que venden en el mercado estadounidense. Así, GM importa de estos dos países el 40 % de sus ventas locales, mientras que el 7 % de los autos Ford vienen de esas naciones.

Stellantis, por su parte, exporta a EE. UU. más del 74 % de lo que produce en México, aprovechando la ventaja que ofrecen los menores costos productivos y laborales en ese país. Ante la incertidumbre, la empresa paralizó en abril sus operaciones en las factorías de Canadá y México hasta tanto se aclare el panorama, medida que podría replicarse en los próximos meses. También anunció que quedaron cesantes 900 operadores de sus plantas en Estados Unidos, cifra que podría aumentar en un futuro cercano.

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Vecinos perjudicados

Aunque los autos ensamblados en Canadá y México están exentos de pagar el arancel a estos productos, Jorge Juarez recuerda que desde el 3 de abril se aplica un arancel del 25 % a los automóviles importados a Estados Unidos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

“En los casos en que los vehículos sí cumplen con el tratado, se aplica un beneficio: el arancel sólo se impone sobre las porciones del vehículo que no son originarias de Estados Unidos”.

Cabe recordar que México es el principal exportador de automóviles a EE. UU. En 2024. Desde ese país se enviaron a su vecino del norte casi tres millones de unidades terminadas, poco menos de 40 % del total de las exportaciones mexicanas hacia esa nación, con un valor aproximado de USD 82.500 millones, según la Secretaría de Comercio mexicana.

No obstante, los autos mexicanos y canadienses no escapan a otros dos gravámenes: el impuesto del 25 % al aluminio y acero, y el arancel de 25 % a las autopartes que entró en vigencia este 3 de mayo.

Utilizado en más de 60 % de las piezas y partes que conforman un automóvil, el arancel al acero y aluminio tendrá una incidencia directa en los componentes que se produzcan fuera de T-MEC, desde donde llegan cerca de la mitad de las piezas necesarias para ensamblar un vehículo en Norteamérica, en especial desde China, Taiwán y Vietnam.

A esto se une el arancel de 25 % que comenzó a aplicarse a las autopartes en general, lo que afectará a un ingente número de productores de todo el mundo y que podría afectar el suministro a las ensambladoras estadounidenses; razón por la cual éstas solicitaron la reconsideración de la medida para evitar un cese de la producción por falta de piezas y partes producidas fuera del T-MEC.

Debes conocer: ¿Son los autos eléctricos la solución al cambio climático y un buen negocio para las automotrices?

Exenciones cosméticas

La queja de los armadores fue escuchada y el 29 de abril, Trump firmó otras órdenes ejecutivas que suavizan el impacto de los aranceles, pero cuyos efectos fuera de EE. UU. son sólo parciales.

Jorge Juárez recuerda que a partir de estas nuevas disposiciones, los componentes automotrices originarios del T-MEC estarán exentos del arancel, siempre que se integren en vehículos ensamblados en Estados Unidos.

Adicionalmente, a partir del 3 de mayo, los productores de autos en EE. UU. podrán exigir reembolsos sobre las autopartes que importen. La medida, que tendrá una duración de un año, repondrá al fabricante el 3,75 % del valor del auto producido, monto que bajará a 2,5 % en 2026 y se eliminará para 2027. También se eliminó la acumulación de aranceles, lo que significa que el nuevo arancel del 25 % no se sumará a otros ya existentes, como por ejemplo los aplicados al acero o al aluminio.

“Esto busca evitar una carga fiscal excesiva sobre un mismo vehículo o componente. Además, se mantendrá la posibilidad de deducir del 25 % el valor correspondiente a los insumos estadounidenses contenidos en los vehículos exportados desde México”, aclara el vocero de Olivares.

La norma, sin embargo, mantiene la incertidumbre de los autopartistas mexicanos y canadienses, quienes llevan las de perder en este espinoso asunto, tomando en cuenta la complejidad de la integración y la poca información concreta que existe.

Al respecto, Francisco González Díaz, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de México, ha señalado que las propias autoridades aduanales de EE. UU. no tienen claro cómo será manejado el tema, lo que pone en suspenso las proyecciones de un sector que, conjuntamente con el ensamblaje, representa entre 4 y 5 puntos porcentuales al PIB mexicano, sostiene 880.000 puestos de trabajo, generó en 2024 un total de 124.000 millones de dólares y aportó el año pasado 106.000 millones en divisas al país.

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Adiós proyectos

Si bien Canadá y México, los mayores socios comerciales de EE. UU., son los países menos afectados directamente por los aranceles, las repercusiones serán inmediatas.

Por una parte, es inevitable que haya un alza de precio de los autos producidos en México y Canadá. Según estimaciones de los analistas, los carros fabricados en EE. UU. podían subir por lo menos 3.000 dólares, mientras que los ensamblados en México aumentarían como mínimo en USD 6.000 y hasta 15.000 dólares, según el modelo. Y ante un aumento de precios, la demanda bajará, con la consecuente reducción de la producción y de la fuerza laboral requerida.

Por otra parte, los proyectos para construir nuevas plantas de ensamblaje o los destinados a aumentar la producción, así como todo el nearshoring sustentado en el sector automotor, se verán seriamente afectados

“La incertidumbre generada por los nuevos aranceles ha llevado a algunas armadoras a anticipar ajustes en sus operaciones, incluyendo traslados parciales de producción desde México hacia territorio estadounidense. Esto podría traducirse en menor inversión en el país y presionar el empleo en ciertas regiones manufactureras”, recuerda Juarez.

Las consecuencias ya se están viendo. La china BYD, el mayor productor mundial de autos eléctricos, ha dicho que esperará “un mejor momento” para concretar su proyecto de construir una factoría en México, como había anunciado en 2024. Mercedes-Benz, por su parte, dijo que finalizará las operaciones de su planta en México y que trasladará la producción a EE. UU.

La japonesa Mazda, que envía 70 % de su producción mexicana a Estados Unidos, también anunció haber frenado sus planes para incrementar la manufactura en México mientras que la sa Renault suspendió su regreso a suelo azteca tras el deterioro de su relación con su socia Nissan y por la incertidumbre arancelaria. Stellantis, a su vez, también ha suspendido futuras expansiones en el país.

Entretanto, Nissan, Ford, Volkswagen, Audi, GM e Infinity, entre otras marcas, han anunciado la suspensión de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense ante la poca claridad que domina el panorama.

Para enterarse: Financiamiento de programas DEI: ¿Qué pasará con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en Latinoamérica?

Las europeas se resienten

Para los armadores europeos, los aranceles de Trump representan un verdadero baño de agua helada que congela buena parte de sus expectativas, toda vez que ese mercado representa alrededor de una cuarta parte de sus exportaciones en términos de valor. El año pasado, desde el viejo continente fueron exportadas unas 757.000 unidades con valor de más de 40.000 millones de dólares, representando el segundo destino de los autos europeos detrás de Reino Unido.

La situación se vuelve más apremiante para los productores de la eurozona en virtud de los magros resultados de la electrificación, programa que sustentó sus previsiones de crecimiento, pero cuyas bajas ventas y grandes pérdidas han obligado a muchas marcas a reducir o deshacer sus planes de fabricación de autos eléctricos y apuntar hacia el exterior para paliar la caída del mercado interno.

Ante la traba arancelaria, en el corto plazo, los analistas creen que las marcas deberán recurrir a un alza moderada de precios y asumir cuantiosas pérdidas por el diferencial entre el valor de venta y el costo real producción, ello como alternativa para mantener la presencia en el más importante mercado automotor del mundo.

A mediano y largo plazo, los armadores que ya tengan plantas en Estados Unidos, que serán afectados por el arancel a los componentes que no produzcan en la zona T-MEC, se verán obligados a incrementar la producción, mientras que quienes no armen allí deberán decidir si levantan una factoría. Cualquiera de las dos opciones, que no serían viables antes de dos o tres años, requerirán de millonarias inversiones que sus menguadas ganancias podrían no soportar.

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Ley 462 6y68q Con la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, Panamá tiene un nuevo régimen de pensiones

Fri, 02 May 2025 15:48:58 +0000

Ley 462: Con la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, Panamá tiene un nuevo régimen de pensiones

El país acaba de dar un giro radical para garantizar la salud financiera del sistema de seguridad social, y si bien de momento no aumenta la edad jubilatoria, incrementa el aporte patronal. De cara al envejecimiento poblacional y la creciente informalidad laboral, ¿es suficiente?

Rocío Mellas Fri, 02/05/2025 - 11:48

Cuando la fuerza laboral evoluciona más rápido que la legislación, se produce un desbalance. Desde hace años, la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá enfrenta un problema común a otros países de la región: altos índices de informalidad laboral, bajo recambio generacional en el mercado y envejecimiento poblacional. El diagnóstico estaba a la vista, pero aún no tenía tratamiento efectivo.

El 18 de marzo de 2025, con la aprobación de la Ley 462, el país realizó una reforma radical para rescatar al sistema previsional de un posible abismo financiero. ¿El objetivo? Devolverle sostenibilidad a largo plazo al régimen de pensión por enfermedad, invalidez, orfandad, vejez y muerte; garantizar una jubilación y una licencia por maternidad más digna; y mejorar la calidad de gestión del sistema de salud panameño.

“La Ley 462 de 2025 nace como respuesta a la crisis estructural y financiera que ha enfrentado la CSS durante años, particularmente en su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El espíritu de la reforma apunta a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, asegurar la universalidad y equidad en el a prestaciones, recuperar la confianza ciudadana en la istración de los fondos e incorporar un modelo solidario mixto, que combine el ahorro individual con la redistribución colectiva”, resume Sophia A. Lee de Siu, socia líder del Departamento Laboral de Morgan & Morgan.

La nueva norma, impulsada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino y aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Nacional, introduce un nuevo modelo: el Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

Se trata de un esquema mixto que busca conjugar aportes individuales con solidaridad intergeneracional, a través de un Fondo Único Solidario, reemplazando paulatinamente el sistema anterior.

“El nuevo sistema sustituye al subsistema mixto creado por la Ley 51 de 2005. Sus características principales son la implementación de una cuenta individual obligatoria, donde el trabajador ahorra un porcentaje de su salario; la creación de un fondo solidario común, financiado por aportes obligatorios para garantizar una pensión mínima a quienes no logren acumular los suficientes años de aporte y la eliminación de la coexistencia entre subsistemas de beneficio definido, así como la capitalización individual, consolidando todo en un único sistema híbrido”, detalla Lee de Siu.

El Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria de pensiones está integrado por dos componentes:

Un componente solidario y no contributivo, que podrá asignar una pensión de beneficio mínimo o una pensión de beneficio solidario. “Garantiza una pensión vitalicia indexada de acuerdo con el porcentaje de variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el valor de línea de pobreza moderada urbana según MEF y censos de Contraloría. Este incremento no podrá ser mayor del 3% anual”, aclara Lee de Siu.
Un componente contributivo de capitalización garantía solidaria, que les reconocerá a los asegurados una pensión garantizada solidaria, basada en el valor de las cotizaciones acumuladas desde su afiliación hasta la fecha de la solicitud de la prestación. “Se le aplicará una tasa de rentabilidad que estará sujeta a las políticas de inversiones de las reservas del fondo único solidario, a cargo de la Caja de Seguro Social. Este componente garantiza una pensión vitalicia una vez que haya sido aprobada”, indica la socia del despacho panameño.

“Las tres diferencias clave respecto a la Ley 51 de 2005 son el reemplazo de los subsistemas paralelos (mixto vs. exclusivo de beneficio definido), el fortalecimiento del componente solidario con criterios de redistribución más claros y el establecimiento de un sistema más transparente, fiscalizable y unificado”, opina Yaneth Barrera, asociada del Departamento Laboral de Morgan & Morgan.

Para la abogada, los principales desafíos que enfrenta la reforma en su implementación son:

Conocer las nuevas reglamentaciones que han surgido con la norma: la reglamentación será clave para entender la operatividad real de la ley.
Ajustes a la normativa laboral:con esta ley, se dan definiciones de trabajadores que no están definidas o reguladas por la ley laboral, por ende, crea una doble dualidad en conceptos.
Capacidad institucional: la CSS debe reformar sus sistemas de IT, fiscalización y gobernanza interna.
Viabilidad fiscal: si bien depende en gran medida de la voluntad política para cumplir con los aportes estatales, la sostenibilidad también exige una alta formalidad laboral y crecimiento económico constante, por lo que se requerirá disciplina fiscal y una istración independiente de los fondos.
Impacto financiero y contable y cambios en pasivos laborales y proyecciones actuariales: el aumento de la cuota patronal a un 3% (de manera escalonada) traerá consigo un alto índice de terminaciones laborales por la afectación que pueda tener en las pequeñas y medianas empresas.
Cumplimiento y fiscalización: requerirá un aumento de inspecciones y reportes.
Resistencia social: sindicatos y gremios podrían oponerse a ciertos ajustes en aportes o beneficios.

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Cambios en materia de salud

Uno de los ejes centrales de la reforma apunta a mejorar la calidad en la gestión del sistema de salud.

De hecho, la nueva ley introduce herramientas legales, como la coordinación y celebración de convenios con diferentes instituciones del Estado; la modernización con avances tecnológicos; un sistema único digital de historial médico y cotizaciones; el fortalecimiento de la autonomía istrativa y presupuestaria del sistema de salud; una evaluación de desempeño y régimen disciplinario específico para el personal de la salud; y mecanismos de compra transparente y centralizada de medicamentos e insumos.

“Estas herramientas buscan reducir la ineficiencia histórica de la CSS y acercarla a estándares de calidad”, asegura Lee de Siu.

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La edad jubilatoria, el quid de la cuestión

Si bien la reforma a la Caja de Seguro Social no incluye el aumento de la edad de jubilación propuesto inicialmente, la norma contempla un análisis dentro de seis años.

“Como la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, es posible que para el año 2060 el sistema quede nuevamente sin fondos, lo que provocaría una nueva gran reforma”, advierte Stephanie Hurtado, abogada senior del Departamento Laboral de Morgan & Morgan.

Actualmente, Panamá está lejos de la edad de jubilación promedio de la región, que ronda los 65 años.

“A pesar de que la reforma panameña representa un intento de equilibrio entre sostenibilidad fiscal y justicia social, es el único país de Latinoamérica que mantiene una edad de jubilación baja y esto trae consigo consecuencias a largo plazo para el nuevo sistema”, compara Hurtado.

Por eso, para el despacho panameño, el desafío ahora es doble: por un lado, aplicar las reformas con transparencia; por otro, mantener el pulso firme ante una ciudadanía que exige resultados concretos en un sistema históricamente percibido como ineficiente.

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Ciberseguridad en América Latina 5y1g5u ¿en qué rubros se debe invertir para contrastar el riesgo frente a la ciberdelincuencia?

Wed, 09 Apr 2025 05:42:31 +0000

Ciberseguridad en América Latina, ¿en qué rubros se debe invertir para contrastar el riesgo frente a la ciberdelincuencia?

Varios países han implementado leyes específicas para la protección de datos y ciberseguridad y han creado equipos y centros de respuesta a incidentes.

Rosa Ramos Wed, 09/04/2025 - 01:42

En conjunto, Latinoamérica ha vivido una profunda transformación digital que, mezclada —o mejor dicho— afectada por la poca preparación que muchos de nuestros países tienen en materia digital (apenas unos pocos tienen agencias nacionales de ciberseguridad que reporten directamente a la Presidencia de la República), y la escasa inversión que los gobiernos locales inyectan a estrategias nacionales de ciberseguridad, la ha hecho particularmente vulnerable ante la ciberdelincuencia.

Esto ha convertido a Latinoamérica en una región de alto riesgo con profundas deficiencias en materia de seguridad informática y ciberdiplomacia en la que, según datos de EY, 62 % de las empresas locales han sufrido alguna filtración de datos; 91 % de las empresas locales han tenido incidentes de ciberseguridad; y 52 % de las compañías han experimentado entre una y 9 filtraciones de datos, 10 % han tenido entre 10 y 24 filtraciones y 42 % entre 25 y 49 casos. En conjunto, estos ataques cibernéticos le causaron a las empresas (en 2023) gastos de entre 1,5 millones de dólares y 50 millones de dólares.

Relacionado: Ley de Ciberseguridad en Chile, ¿cómo impacta a las empresas?

A finales de 2023, el Instituto para el Análisis de Relaciones Internacionales (IARI) se refirió a la tasa anual de ciberataques contra la infraestructura gubernamental de países latinoamericanos como “alarmante” y, como ya se dijo, pone de manifiesto las profundas deficiencias de la ciberseguridad en la región, entre las que destacan: una ciberdiplomacia progresiva aunque ineficaz, falta de concienciación sobre las vulnerabilidades y escasa inversión y capacitación, lo que ha derivado en que los estudios que abordan este problema son muy técnicos “y carecen de una perspectiva holística que permita una visión general de la situación”.

Si se le pregunta a Andrea Zanusso, experta en ciberseguridad y protección de datos personales y directora de tecnología, innovación & IA de Estudio Olaechea (Lima), dónde está América Latina en materia de seguridad cibernética y qué estamos haciendo bien y qué mal, la respuesta de la abogada es directa: “Creo que todavía hay mucho camino por recorrer, prácticas por fortalecer y una fragmentación regulatoria que atender”. Para ella, ahora hay una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a posibles filtraciones e incidentes de seguridad, y las organizaciones tienen una mayor comprensión acerca de las posibles consecuencias a las que se pueden enfrentar, lo que –cree– ha aumentado la inversión en robustecer la ciberseguridad dentro de las empresas.

Esto pone a nuestra región en una posición en la que se debe abordar la brecha del talento y generar incentivos para formar profesionales altamente capacitados en este campo, así como promover la colaboración interdisciplinaria y asegurar la formación y especialización continua para hacer frente a las amenazas emergentes en evolución, buscando el camino para fortalecer la ciberresiliencia, al tiempo que se debe seguir impulsando el fomento de una cultura de ciberseguridad (prioritaria en la agenda regional) dentro de las organizaciones, que se constituya como “un valor fundamental”.

Sobre esto: ¿Dónde está Latinoamérica en materia de protección de datos?

Esto es especialmente importante si se toma en consideración que, como indica Jorge de los Ríos, socio de derecho de la competencia, protección al consumidor y protección de datos en Posse Herrera Ruiz (Bogotá), a pesar de que América Latina ha avanzado en materia de seguridad cibernética, aún enfrenta obstáculos como la falta de recursos dentro de organizaciones que no tienen suficiente capital para implementar medidas efectivas; una disparidad significativa en la preparación y capacidad de respuesta entre los diferentes países de la región y una concienciación insuficiente sobre la importancia de la ciberseguridad en muchas organizaciones.

Aún así, estamos haciendo algo bien, apunta el experto, y es que varios países han implementado leyes y regulaciones específicas para la protección de datos y ciberseguridad, se han creado equipos y centros de respuesta a incidentes cibernéticos y hay un creciente reconocimiento de la importancia de la colaboración entre el sector público y privado. Si los gobiernos regionales deciden tener las discusiones necesarias para mejorar están deben centrarse en el fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de información entre los países de la región, la inversión en infraestructura y capacitación en ciberseguridad, el desarrollo de capacidades locales y la formación de profesionales en ciberseguridad y la adopción de tecnologías avanzadas (como la IA) para mejorar la detección y respuesta a incidentes cibernéticos.

Más del tema: Hackeos y ciberdelincuencia, ¿hacia dónde deben dirigirse las leyes para proteger a s y empresas?

El enorme peso del ransomware

De acuerdo con las estadísticas del líder mundial en ciberseguridad Fortinet, en 2022, América Latina y el Caribe sufrieron más de 360.000 millones de intentos de ciberataques con métodos como el wiper malware, el ransomware (en niveles máximos sin evidencia de desaceleración), el Ransomware-as-a-Service (RaaS), el phishing, los ataques man in the middle, el identity theft, el business email compromise (BEC) y los ataques DDoS, lo que para el hub estadounidense resalta la necesidad de que las organizaciones locales se centren en habilitar la inteligencia de amenazas “coordinada y procesable, impulsada por el aprendizaje automático en tiempo real en todos los dispositivos de seguridad para detectar acciones sospechosas e iniciar una mitigación coordinada.”

El aumento de los ciberdelitos en la región están motivados, según el medio especializado Segurilatam, por el lucro, la denegación de servicio y el robo de datos, en el caso del crimen con intención económica, Fortinet explica que estos fueron 73,9 % de los incidentes e involucraron, mayoritariamente, el ransomware y scripts maliciosos.

El ransomware, apunta Jorge de los Ríos, interrumpe las operaciones de las empresas afectadas, hasta que se pague el rescate o se recupere la información; ocasiona la pérdida de datos, lo que afecta la continuidad del negocio; representa altos costos no solo por el pago del rescate, sino también por la recuperación de datos y la implementación de medidas de seguridad adicionales, y reduce la confianza de los clientes y socios comerciales de las empresas.

Recomendamos: Piratería digital; ¿Dónde se desdibuja la línea entre equilibrio de derechos y negocio millonario?

Pero no solo esto, Andrea Zanusso (que estuvo en la última reunión IBA, como expositora en el de ciberseguridad) explica que el ransomware puede acarrear, además de consecuencias reputacionales, riesgos operativos y legales que, en el caso de las últimas, pueden “escalar exponencialmente” (doble y triple extorsión), teniendo en cuenta que los atacantes, además de cifrar información de la empresa (mediante el crypto ransomware), pueden amenazar con extorsionar a terceros relacionados con la empresa.

"El rol de los abogados especialistas en temas de ciberseguridad va más allá de la interpretación de la normativa sectorial; estarán mejor posicionados si adoptan un enfoque integral que abarque los aspectos legales y que también se involucren en aspectos técnicos, en el impacto operativo de los incidentes de seguridad, en el riesgo financiero, reputacional y demás cuestiones relacionadas. Este enfoque multidisciplinario es clave para colaborar efectivamente con los equipos técnicos y alinear estrategias legales".

Esto significa, añade de los Ríos, que los abogados deben prepararse para asesorar a sus clientes en cumplimiento normativo en protección de datos y ciberseguridad, planes de respuesta a incidentes cibernéticos, capacitación y concienciación continua entre los técnicos y evaluación periódica de riesgos y vulnerabilidades.

Así, desde el punto de vista de la asesoría jurídica, las mejores maneras de prevenir riesgos y gestionar los ataques cibernéticos se basan en el desarrollo de políticas internas de ciberseguridad y protección de datos, la inclusión de cláusulas específicas de ciberseguridad en los contratos con proveedores y socios comerciales, la realización de auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad, el desarrollo de planes de contingencia y recuperación ante incidentes cibernéticos y la capacitación continua en esta materia.

Para leer: Los alcances del Proyecto de Ley 2.338/23 para regular la inteligencia artificial en Brasil y la armonización de otras normas

La ruta a seguir

Según el Foro Económico Mundial, los países latinoamericanos pueden fortalecer sus ciberdefensas y contribuir a un entorno cibernético global resiliente si adoptan marcos de gestión de riesgos (RMF) y aprovechan las tecnologías de nube pública para fortalecer sus defensas cibernéticas, que ya son iniciativas con un fuerte apoyo en América Latina, donde 72 % (en 2024) de los entes gubernamentales habían integrado un RMF en su estrategia de ciberseguridad y 78 % ya había utilizado o planeaba implementar una infraestructura de ciberseguridad basada en la nube.

Asimismo, en países sin normativas específicas de protección de datos o ciberseguridad como Venezuela, lo ideal sería, en opinión de Jorge de los Ríos, adoptar estándares internacionales de ciberseguridad como ISO/IEC 27001, fomentar la colaboración con otros países y organizaciones internacionales para compartir conocimientos y recursos y aumentar la concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad a nivel empresarial y gubernamental.

Además de hacer que las organizaciones implementen y cuenten con estándares, políticas y protocolos documentados alineados con las prácticas internacionales para un manejo adecuado de la gestión de riesgos en ciberseguridad y también para estar preparados para las futuras regulaciones de sus países, agrega Zanusso.

El Foro Económico también comparte que mejorar la resiliencia cibernética de la región también pasa por realizar inversiones significativas en capital humano cualificado en la implementación y defensa de una cultura de ciberseguridad; establecer un marco voluntario de gestión de riesgos, que incluya una gobernanza mixta, un equipo nacional de respuesta a incidentes de ciberseguridad y bases de datos de incidentes sectoriales; invertir en infraestructura y tecnologías de ciberseguridad, y crear sistemas centralizados de gestión y notificación de amenazas cibernéticas.

"Ello hará el camino más ameno en caso de que la empresa sufra algún tipo de intrusión, dado que tendrá una guía clara acerca de los pasos a seguir, así como de los sistemas, redes y datos críticos a proteger y en los cuales enfocarse. Por otro lado, llevar a cabo evaluaciones periódicas en riesgos en ciberseguridad para detectar nuevas vulnerabilidades y auditorías legales son prácticas fundamentales para la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales", apunta Andrea Zanusso.

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